lunes, 13 de abril de 2009

Granjas Carroll, protegida de las autoridades

Iván Restrepo

Nos equivocamos al creer que las autoridades responsables de garantizar la salud pública y la calidad de los recursos naturales (en especial el agua) habían actuado para evitar que Granjas Carroll, una de las más grandes empresas porcícolas del país, afecte negativamente a miles de personas y el medio ambiente.

Hace tres años publicamos aquí el malestar de la población de Perote, Veracruz, por la protección que las instancias oficiales de esa entidad daban a dicho negocio. Granjas Carroll se estableció hace 15 años en Perote por ser sitio ideal para la porcicultura: buen clima, cercanía al mercado del centro del país, mano de obra barata y facilidad para traer del exterior los insumos que se requieren para producir casi un millón de porcinos al año y mantener 40 mil pies de cría.

Carroll se distingue por el alto consumo de agua y sustancias que permiten que los cerdos crezcan rápido y “saludables”. Pero los desechos originados en los criaderos son peligrosos: excrementos de los cerdos, residuos químicos y biológicos, agua negra fruto del aseo de las zahúrdas, entre otros. Por contaminar con sus desechos, en Estados Unidos multaron a la poderosa empresa Smithfield, principal accionista de Carroll. Aquí, en cambio, se le permite todo, como demuestran los reportes publicados la semana pasada por el corresponsal Andrés Timoteo Morales. Además, anota cómo las autoridades locales persiguen a quienes luchan por el medio ambiente y la salud. ¿Y la autoridad federal?

Otro asunto también marcha a paso de tortuga: el saneamiento de las playas. Según el gobierno, se han invertido cerca de 2 mil millones de pesos en la instalación de plantas de tratamiento de aguas residuales y su operación en las principales ciudades turísticas costeras. Las secretarías de Salud y del Medio Ambiente llevan el monitoreo de la calidad del líquido en las 21 playas consideradas prioritarias por su contaminación crítica. Están en Jalisco, Campeche, Veracruz, Chiapas y Guerrero. Pero son muchas más, 213 según la agrupación El Poder del Consumidor. Registran niveles de enterococos superiores a los que fija la Organización Mundial de la Salud. Por su parte, Greenpeace asegura que las autoridades no informan oportunamente y con datos fehacientes sobre la calidad del agua de las playas. Además que los niveles de calidad utilizados están por debajo de los que rigen internacionalmente para la contaminación costera. En el colmo, oficialmente se informa un día antes de que finalice la temporada de vacaciones sobre la gravedad del deterioro de las playas.

Mientras, el cuestionado proyecto para recuperar las playas en la zona turística de Quintana Roo sigue dando de qué hablar. Por un lado, se declaró desierta la licitación para realizar dicha obra, que algunos hoteleros de Cancún quieren manejar a su antojo y provecho. Por el otro, se hallaron los 10 millones de metros cúbicos de arena perdidos durante los recientes huracanes. Esa arena, según la titular de Turismo de Quintana Roo, antes estaba en las playas de Cancún, Playa del Carmen y Cozumel. Servirá para las nuevas, proyecto en el que se invertirán alrededor de mil millones de pesos. Una primera “reconstrucción”, que pronto se llevó el oleaje, costó cerca de 250 millones.

En la misma región, grupos ciudadanos se quejan de que se dio vía libre para que comience a funcionar un nuevo muelle en Playa del Carmen: Ultramar, cuya actividad estuvo suspendida tres años por las denuncias sobre afectación del arrecife Jardines. Además, con su estructura se privatizó una playa antes pública (muchas otras igualmente lo están en todo el país vía los hoteles trasnacionales que impiden con sus guardias blancas el paso hacia la zona marítima federal terrestre a quien no sea huésped). Una extraña orden judicial obligó a la secretaría federal del Medio Ambiente a dejar sin efecto las medidas que había tomado y que impedían el funcionamiento de dicho muelle. El otro que existe en Playa del Carmen (comunica con la isla de Cozumel) puede ser ampliado, lo que causaría erosión en las áreas litorales cercanas. ¿Playas limpias, públicas y seguras?

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