Legislar en lo oscurito

Plan B

Lydia Cacho


Antes en nuestro país los diputados y gobernadores estaban absolutamente seguros de que podían hacer lo que les viniera en gana sin ser cuestionados, y cuando la sociedad civil o la poca prensa que no estaba dominada por los poderes fácticos revelaba las corruptelas o mentiras de quienes pretendían manipular el destino del país a su antojo, la aplastante maquinaria del sistema lograba acallar el problema con una andanada mediática o con descalificación pura.

Como México está cambiando, poco a poco se desmoronan los sistemas que durante décadas funcionaron en lo oscurito. Beatriz Paredes, por ejemplo, quien llegó al poder montada en un discurso feminista y de los derechos plenos de las mujeres, podría hacer creer a millones, incluso a grupos de feministas de izquierda, que su batalla como presidenta del PRI es por la congruencia entre sus valores y principios; ahora ya no pueden manipular y salirse con la suya. Su partido está haciendo acuerdos con la derecha, que evidencian la mentira.

A lo largo de los últimos seis meses, bajo la mesa, fracciones del PRI y del PAN aliados a lo más recalcitrante de la Iglesia católica, avalados por el ombudsman José Luis Soberanes y por el propio procurador general Eduardo Medina Mora, elaboraron una estrategia nacional para arrebatar a las mujeres los derechos relacionados con la equidad y el trato no discriminatorio en materia de acceso a la justicia, a los servicios de salud, asistencia y seguridad pública y social, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Pero perdieron en la Suprema Corte, y ahora van por los estados.

Hace unos días se hizo evidente cuando una diputada priísta de Quintana Roo limitada en conocimientos, hizo de vocera del obispado quintanarroense para presentar una propuesta de cambio constitucional que niega el derecho de las mujeres a la terminación de un embarazo no deseado o impuesto, como en los casos de violación. La argumentación que presentaron en el Congreso es débil e inconsistente, e intentaron pasarla la noche del miércoles previo a Jueves Santo. Creyeron que las vacaciones impedirían que la prensa y la sociedad se percataran del albazo que va en contra de otras leyes aprobadas por ese mismo Congreso y por tratados internacionales. Pero lo mismo hicieron en Jalisco, en Puebla, donde sí lograron ganar. Ahora intentan hacerlo al menos en otros siete estados, en donde el PRI y el PAN se han aliado para legislar recibiendo instrucciones de la Iglesia católica.

Quintana Roo ocupa el primer lugar en embarazos de adolescentes, sólo seis mujeres de cada 10 usan métodos anticonceptivos en la primera relación sexual, y sólo tres de cada 10 hombres lo hacen. El 26% de las mujeres jóvenes se ha embarazado antes de cumplir los 18 años; de las adolescentes de 12 años o más que declararon haber iniciado su vida sexual, 66.6% ha estado embarazada. Otros estados son similares. Es lógico que la Iglesia intente incidir políticamente, es su misión histórica; lo que resulta inaceptable es que los gobernadores, amenazados por, o coludidos con los obispos, desvanezcan los avances en los derechos de las mujeres.