JENARO VILLAMIL
MÉXICO, D.F., 21 de abril (apro).- El obispo de Durango, Héctor González Martínez, pudo haber obtenido, el viernes 17 de abril, los 30 millones de pesos de recompensa que la PGR ofrece para quienes aporten datos del paradero de narcotraficantes, pero a cambio abrió las compuertas del infierno y generó una airada reacción de las mismas autoridades encargadas de combatir el crimen organizado y de los propios cárteles.
"Más delante de Guanaceví, por ahí vive El Chapo. Todos lo sabemos, menos la autoridad", afirmó González Martínez en una improvisada y electrizante declaración.
El obispo no sólo rompió, al parecer, un "secreto de confesión" entre un sector de las autoridades y el capo consentido de la revista Forbes. También denunció que la actividad de Joaquín Guzmán Loera provoca una "psicosis casi caótica" en San Bernardo y El Oro, aledaños a Guanaceví, así como en los otros municipios de Durango, Santiago Papasquiaro, Pueblo Nuevo y Tepehuanes. Así mismo, denunció que una banda llamada "la Familia Zacatecana", procedente de Coahuila, ha sembrado el terror en esas zonas.
La respuesta ante la infidencia del obispo fue más preocupante. El comisionado de la Policía Federal Preventiva, Rodrigo Esparza Cristerna, afirmó que si el responsable de la diócesis de Durango tenía pruebas, debía aportarlas a la autoridad, y negó que ellos deban investigar "de oficio".
El silencio del titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Eduardo Medina Mora, ha sido brutal. Sólo Jorge Carpizo, exprocurador y jurista, afirmó que el obispo debió comparecer ante la PGR y que "esta información no se dice en público, sino que hay que hacerla del conocimiento de la autoridad en privado, porque si no se advierte a la otra persona y entonces resulta una declaración escandalosa sin ningún efecto jurídico".
La respuesta del narcotráfico se produjo este martes. Dos militares, en labores de inteligencia, fueron amordazados y acribillados en la sierra de Tepehuanes, colindantes con el municipio duranguense de Guanaceví. La información que se ha difundido hasta el momento señala que en el cuerpo de ambos se leía el siguiente mensaje: "con El Chapo nunca van a poder ni sacerdotes ni gobernantes".
Si es verídico este mensaje, El Chapo está reaccionando y generando una nueva espiral de terror. No es la primera vez que su figura está relacionada con las autoridades eclesiásticas. Al cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, ni más ni menos, lo acribillaron en mayo de 1993, en el aeropuerto de Guadalajara, precisamente porque lo "confundieron" con El Chapo Guzmán, según la versión oficial de la PGR de entonces, por cierto, dirigida por Jorge Carpizo.
Pero, en este sentido, la reacción más preocupante es la de las propias autoridades. El obispo González Martínez optó por "morderse la lengua". "Estoy sordo y mudo", dijo poco antes de su homilía dominical. Los otros integrantes de la Conferencia Episcopal Mexicana han transitado de la solidaridad a la crítica hacia su colega. El obispo de Yucatán, Emilio Berlié, quien estuvo antes en la diócesis "caliente" de Tijuana, afirmó que los narcos respetan a hombres y mujeres católicos. ¿Será? ¿Acaso los más de 2 mil muertos este año eran agnósticos y ateos?
El senador Manlio Fabio Beltrones, coordinador de la bancada del PRI, ha subrayado que el gobierno federal debe brindar seguridad y protección al obispo. Tiene razón en este sentido. Por ahora, el mensaje de El Chapo parece ser muy claro: "bienvenidos al Chapocalipsis".
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