Silvia Otero (EL UNIVERSAL)
19 marzo 2012
El fenómeno aumentó de forma preocupante en el país en los últimos años, por lo que el gobierno “debe tomar medidas inmediatas para erradicarlo” y presentar pruebas ante la comunidad internacional de que así lo hizo
MÉXICO, D.F.- Las desapariciones forzadas en México no son algo del pasado: siguen ocurriendo y “existen testimonios fidedignos”, evidencias que implican en este delito tanto a policías locales como a elementos de todas las dependencias que integran las fuerzas federales.
El fenómeno aumentó de forma preocupante en el país en los últimos años, por lo que el gobierno “debe tomar medidas inmediatas para erradicarlo” y presentar pruebas ante la comunidad internacional de que así lo hizo.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Ariel Dulitzky, miembro experto del Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, comentó que existen indicios de que hay un deterioro en relación con las desapariciones forzadas en territorio mexicano, y aseguró que aunque las autoridades han reconocido el problema, no será suficiente hasta que no exista un caso más de este tipo que victimiza a familias y comunidades enteras.
El experto argentino habló así del reciente informe sobre México que entregó junto con sus colegas Jasminka Dzumhur (Bosnia y Herzegovina) y Osman El Hajjé (Líbano), que es resultado de la visita que realizaron en marzo de 2011 para diagnosticar el problema.
En el documento se indica que “el incremento del número de nuevos casos durante 2010, el gran número de nuevas alegaciones durante la visita, así como el descubrimiento de varias fosas comunes en los últimos meses podría indicar un deterioro en relación con las desapariciones forzadas en México”.
Ante los expertos se presentaron registros de 412 casos de desapariciones forzadas entre 1980 y 2010, pero el reporte cita además que en este último año, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reportó 346 presuntos casos.
¿Cuántos casos existen de acuerdo con el Grupo de Trabajo?
-Durante la visita encontramos que existen disparidades en las cifras que ofrecen autoridades y las que tienen documentadas las organizaciones de la sociedad civil, por lo que no es posible tener una estadística consolidada.
Poca atención de las autoridades
Para Ariel Dulitzky, este hecho es un síntoma de la poca atención que las dependencias gubernamentales han puesto en el tema.
“Es difícil aplicar una política pública si no se conoce la magnitud del problema, por ello, en nuestras recomendaciones pedimos que se cree una base nacional de personas desaparecidas que recopile estadísticas por zona geográfica, que establezca claramente a la autoridad implicada”, explica.
No hay duda —continúa el experto— de que “el número de casos está en aumento y la tendencia es preocupante, sobre todo porque existe una constante: impunidad crónica”, la mayoría de las desapariciones forzadas denunciadas por las organizaciones que acompañan a las víctimas no han sido resueltas, no se ha procedido contra los presuntos responsables.
El problema persiste
Para el especialista argentino es claro que “las desapariciones continúan en México, no son algo del pasado, están presentes”.
¿El fenómeno se ha recrudecido en el marco de la lucha del gobierno contra el narcotráfico y la delincuencia organizada?
- Encontramos que las desapariciones forzadas no sólo se dan cuando la autoridad está combatiendo a grupos del crimen organizado, hay ciertas autoridades que incluso están en colusión con estos delincuentes. Por ello, en el informe se establece que hay información detallada y verosímil sobre desapariciones llevadas a cabo por autoridades públicas o por grupos de criminales o de particulares, actuando con el apoyo directo o indirecto de algunos funcionarios públicos.
¿Cuáles son las principales autoridades implicadas en las desapariciones forzadas?
- El Grupo de Trabajo recabó testimonios fidedignos que señalan a integrantes del Ejército, la Marina, la Policía Federal, agentes migratorios implicados, lo mismo que a policías municipales y estatales. En todos los niveles de las fuerzas de seguridad en México hay responsables, según las alegaciones.
Ariel Dulitzky indicó además que en cualquier país del mundo donde exista este escenario, el gobierno está obligado a tomar medidas inmediatas para erradicar estas prácticas, y en el caso de México las autoridades deben trabajar y presentar evidencias ante la comunidad internacional de que ha incrementado sus esfuerzos para hacerlo.
En tanto, el Grupo de Trabajo mantendrá el diálogo con el gobierno mexicano y realizará un monitoreo permanente sobre la evolución del fenómeno en el país.
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