José Martínez M. (*)
México, D. F., a 12 de marzo de 2012
Un 20 de abril de hace 24 años, el periodista Héctor Félix Miranda –al que popularmente se le conocía como “El Gato” Félix– fue asesinado por órdenes de Jorge Hank Rhon. Los autores materiales se encuentran en prisión cumpliendo una condena de 27 años, pero el autor intelectual aún se encuentra libre. Ya es hora de que la justicia haga algo porque todo parece apuntar a que el autor intelectual se salga con la suya, pues es evidente que de triunfar en las elecciones presidenciales el candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, ofrezca protección a su amigo Jorge Hank.
Es de sobra conocido que como gobernador del estado de México, Peña Nieto autorizó a la Procuraduría de Justicia de esa entidad para que fuera la instancia que proporcionara armas y “charolas” de policías judiciales a los escoltas de Jorge Hank.
El presidente Carlos Salinas de Gortari debería ser llamado a rendir cuentas por la justicia mexicana porque él, directamente, se encargó de proteger al hijo del profesor Carlos Hank González, quien fue una estrella rutilante en el gabinete de Salinas. El ex presidente Salinas usó la fuerza del Estado para que el crimen de Félix Miranda no “manchara” el “honor” de los Hank, cuando todo México sabe que los Hank son los Carleone mexicanos.
En los últimos días, un ex reportero del semanario Zeta, Antonio Heras, y el equipo editorial de esa publicación, que encabeza la periodista Adela Navarro han recibido amenazas provenientes de las mafias del narcotráfico. El semanario Zeta de Tijuana ha pasado desde su fundación un calvario de ataques sistemáticos. Hoy atraviesa una de esas crisis, por lo que un número indeterminado de organizaciones defensoras de la libertad de expresión y de los derechos humanos se han solidarizado con los periodistas de Zeta y han exigido del gobierno mexicano su intervención.
Zeta es el ejemplo emblemático de los ataques a la libertad de expresión en nuestro país. Tal vez ningún medio ha padecido las consecuencias que este semanario ha sufrido por mantener su política editorial aún a costa de la vida de dos de sus editores y un atentado que casi le cuesta la vida a Jesús Blancornelas, el director fundador de esta publicación, cuyo lema se resume en las siguientes palabras: “Libre como el viento”.
Después de cinco lustros, Zeta sigue esperando que se haga justicia en el caso de Héctor Félix Miranda y otro tanto en el caso del artero crimen del editor Francisco Ortiz Franco. En efecto, el 11 de marzo de 1997, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), recibió una denuncia presentada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en la que imputa responsabilidad internacional a los Estados Unidos Mexicanos por la falta de una investigación exhaustiva en el caso del asesinato del periodista Héctor Félix Miranda, ocurrido el 20 de abril de 1988.
Los peticionarios denuncian la violación de varios derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos: a la vida (artículo 4); a la integridad personal (artículo 5); a las garantías judiciales (artículo 8); a la igualdad ante la ley (artículo 24); y a la protección judicial (artículo 25).
El Estado argumentó inicialmente que la petición se había presentado fuera del plazo de seis meses establecido en el artículo 46(1)(b) de la Convención Americana, y se refirió en tal sentido a la fecha de las sentencias definitivas en los juicios contra Antonio Vera Palestina (27 de marzo de 1991) y Victoriano Medina Moreno (23 de agosto de 1989).
Igualmente, manifestó el Estado que la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (CNDH) había abierto un expediente el 10 de septiembre de 1990, y que las conclusiones finales fueron notificadas a los representantes de la víctima el 17 de julio de 1992.
Al respecto, la CIDH observó que la petición no se refiere al castigo de los señores Vera Palestina y Medina Moreno, sino a la falta de investigación por los órganos del Estado mexicano de la existencia de autor o autores intelectuales, a pesar de que –a criterio de los peticionarios– había suficientes elementos para ello. Por otro lado, el Estado indicó en una comunicación posterior que “las autoridades siguen investigando la posibilidad de una tercera persona involucrada”, como parte de su argumento sobre la falta de agotamiento de los recursos internos. En la misma comunicación, que contradice la posición anterior del Estado, éste omitió toda referencia a su argumento sobre la presentación extemporánea de la petición. Por lo tanto, la CIDH desestimó la respectiva objeción del Estado, y concluyó que el artículo 46(1)(b) de la Convención Americana no es aplicable al presente caso.
En su comunicación del 29 de abril de 1998, el Estado sostuvo que la petición no cumplía con el requisito del artículo 46(1)(a) de la Convención Americana sobre agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna. Al respecto, indicó: “Debido a la importancia que las autoridades y la sociedad mexicana otorgan al total esclarecimiento de cualquier delito cometido en contra de un periodista, la investigación aún no ha sido cerrada… ante la perspicacia y dudas manifestadas por los peticionarios de que los hoy sentenciados no hayan sido los autores intelectuales de la comisión del citado ilícito [las autoridades] han realizado diversas diligencias y actuaciones con el fin de disipar cualquier duda sobre las conclusiones arrojadas tanto por las investigaciones como por el propio proceso penal respectivo”.
A efecto de precisar la posición de las partes en el presente caso, la Comisión observó que los peticionarios no se han expresado de manera dubitativa, como surge del texto de la denuncia trasladada al Estado mexicano: “El hecho de que la investigación se haya interrumpido luego de la captura de los autores materiales y no se haya investigado la instancia intelectual… significa que hubo ‘tolerancia’ de parte del poder público, hecho que quedó reflejado que en los últimos años (sic), a pesar de que el caso permanece legalmente abierto, no se hicieron mayores avances para esclarecer el crimen”.
Una de las excepciones a la regla del agotamiento de los recursos internos es, precisamente, el retardo injustificado en la decisión sobre los mismos. El asesinato del señor Héctor Félix Miranda se produjo en abril de 1988, y en los tres años posteriores los órganos jurisdiccionales internos procesaron y condenaron a los autores materiales. Sin embargo, el expediente no revela la misma celeridad para establecer la autoría intelectual. El hecho de mantener abierta la investigación durante un plazo tan holgado como el transcurrido desde que ocurrieron los hechos hasta la fecha no demuestra, en sí mismo, la voluntad de establecer de manera plena la responsabilidad, ni de solucionar el caso. Por el contrario, la CIDH considera que si las autoridades mexicanas tienen elementos suficientes para continuar la investigación, en la que no se evidencia complejidad alguna, el plazo de diez años transcurrido desde el asesinato es evidentemente irrazonable. La Comisión determinó en consecuencia que se ha producido un retardo injustificado en la decisión sobre este caso, y le aplica la excepción del artículo 46(2)(c) de la Convención Americana. Esta cuestión deberá ser analizada con mayor detalle en la sección sobre el derecho a las garantías judiciales.
Independientemente de las actuaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso del asesinato de Héctor Félix Miranda, el tema de Jorge Hank Rhon siempre ha estado vínculado con actividades criminales. Ha sido declarado “indeseable” por el gobierno de Estados Unidos, por lo que desde hace tres años le fue cancelada su visa de forma indefinida.
Desde mediados de los noventa la DEA, el FBI, el Departamento del Tesoro, el Servicio de Inmigración y el Servicio de Aduanas abrieron investigaciones conjuntas en la llamada Operación
Tigre Blanco, que lo vinculaban a los cárteles de la droga mexicanos, específicamente el clan de los Arellano Félix y el referente al del desaparecido Amado Carrillo Fuentes, mejor conocido como “El Señor de los cielos”.
Sin embargo, la sombra que lo ha seguido en toda su vida ha sido la del periodista Héctor Félix Miranda. De acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sólo con una “falla” en el expediente, es decir, en la integración de la averiguación sobre el asesinato del periodista Héctor Félix Miranda, se podría reabrir el caso de este crimen que fue archivado por decisión política del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. El motivo: Jorge Hank Rhon, hijo menor del que fuera el mítico Carlos Hank González, ha sido permanentemente señalado como autor intelectual.
Después de 16 años, en el 2004, la presión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –dependiente de la Organización de Estados Americanos– a instancias de la Sociedad Interamericana de Prensa había logrado obtener del gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la aprobación para que un grupo independiente de peritos y abogados revisaran el expediente, bajo la única condición de que por el simple hecho de encontrar alguna “falla” en la integración de la averiguación, se permitiría reabrir el caso, mismo que había sido “cerrado” luego de la detención de dos de los autores materiales.
“Todo apunta al hipódromo”, dijo en su momento Ernesto Ruffo, el primer gobernador de extracción panista. El atentado tuvo lugar el 20 de abril de 1988, en el ocaso del gobierno del presidente Miguel de la Madrid, cuatro años después del cobarde crimen de Manuel Buendía.
En el asesinato de “El Gato” Félix, las autoridades estatales sentenciaron a 27 años de prisión a Antonio Vera Palestina, quien había sido celoso guardaespaldas del profesor Hank, quien lo mandó comisionado a Tijuana a resguardar la seguridad de Jorge Hank Rhon. En abril de 2004, un grupo de peritos y abogados de la CIDH se trasladaron a Tijuana para analizar las más de 14 mil hojas del expediente, aunque la revisión que presumiblemente se llevaría una semana en la que revisarían los documentos, al final resultaría una tarea que requeriría de varios años.
Para los editores del semanario Zeta, el crimen de “El Gato” Félix debe reabrirse porque aún están libres los autores intelectuales. Así, bajo el encabezado de la que fuera la columna periodística de “El Gato” Félix, Un Poco de Algo, sus compañeros de Zeta dedican semana a semana una página en señal de luto donde exponen lo siguiente:
“Jorge Hank Rhon: ¿Por qué me asesinó tu guardaespaldas Antonio Vera Palestina? Lic. José Guadalupe Osuna Millán. Los exgobernadores Lic. Xicoténcatl Leyva, Ing. Óscar Baylón Chacón, Lic. Héctor Terán Terán y Lic. Alejandro González Alcocer, no quisieron ordenar la captura de los que planearon asesinarme.
“El Lic. Ernesto Ruffo Appel sí pudo encarcelar al que me mató, y dijo que en este caso ‘todos los caminos conducen al Hipódromo de Agua Caliente’. ¿Podrá su gobierno capturar a los que ordenaron mi crimen? Héctor ‘Gato’ Félix Miranda.
“Esta plana aparecerá cada semana hasta que se aclare y detenga a los autores del asesinato de Héctor Félix Miranda”.
Como se recordará, Jesús Blancornelas y Héctor “El Gato” Félix formaron una mancuerna explosiva. Los dos trabajaron juntos en el periódico ABC, donde protagonizaron uno de los episodios más combativos del periodismo de las últimas décadas, al confrontar los excesos del poder, el centralismo del gobierno, la subordinación de los gobernantes a Estados Unidos, el nepotismo, la corrupción política y empresarial, además de que denunciaron a los grupos de presión y enarbolaron la defensa de las causas populares, hasta llegar a convertirse en los verdaderos voceros de la sociedad civil.
Cuando llegó a Tijuana, Jorge Hank Rhon era un ilustre desconocido y buscó a “El Gato” Félix que era el periodista más leído en esa parte de la frontera, para que lo hiciera un personaje popular. Gracias a las columnas de “El Gato” Félix dejó de ser “el hijo del profesor” para convertirse, ahora sí, en el ingeniero Jorge Hank Rhon.
Contaba el periodista Jesús Blancornelas que “las fiestas de Jorge eran famosas y Héctor se encargó de hacerlas más; bautizó al joven Hank Rhon como “El Pirrurris” y le llamó ‘el hijo de papi’; y así como lo escribía lo entendía el hijo del profesor: era pura buena onda. Por eso, la amistad entre los dos creció y se afianzó”.
Blancornelas afirmaba que en el proyecto periodístico que ambos compartían jamás le pidió cuentas de lo que escribía, ni tampoco “El Gato” a él. “Cuando me decían que ‘El Gato’ era grosero, que no gustaba lo que escribía, a los quejosos les sugería que se lo dijeran a él mismo.
“Y era muy leído. A las señoronas de sociedad les encantaba; ellas, igual que los pobretones, le hablaban para contarle lo mismo chismes de fulanita o zutanita, que para mentarle la madre a cierto policía que se distinguía por transa; le hablaban para compartirle chistes acerca del gobernador o del Presidente.
“Félix escribía lo que muchos querían decir y no podían. De ser una simple columnita, la suya pasó a ser una plana, y el día menos pensado hasta dos.
“Funcionarios y gente conocida condenaron que era muy ‘mandado’, que se le debía quitar del periódico. Pero todos lo leían, y cuando no se publicaba la columna, ellos eran los que reclamaban”.
Y fue justamente por eso que la historia del crimen del periodista Héctor Félix Miranda está ligada al Hipódromo de Agua Caliente. Antonio Vera Palestina, jefe de guardaespaldas de Jorge Hank perteneció al escuadrón del Grupo Jaguar, adscrito a la División de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia, la temible DIPD que comandaba el sanguinario Francisco Sahagún Baca, incondicional del “general” Arturo Durazo Moreno, cuyo jefe inmediato era el profesor en su calidad de regente del Distrito Federal, durante el sexenio de José López Portillo.
Al servicio de Jorge Hank Rhon, del que era como su sombra, Vera Palestina creó un cuerpo especial de seguridad integrado por agentes de varias corporaciones, cuyo rasgo en común era estar adiestrados para matar –ante la más mínima provocación–, para proteger a su jefe.
A casi 25 años del crimen, el expediente del caso Félix está en espera de ser reabierto donde Jorge Hank Rhon es señalado como el autor intelectual del abominable crimen que pesa como una mancha en la justicia mexicana.
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*José Martínez M., es periodista y escritor. Es Consejero de la Fundación para la Libertad de Expresión (Fundalex). Es autor del libro Carlos Slim, Los secretos del hombre más rico del mundo, y otros títulos, como Las enseñanzas del profesor. Indagación de Carlos Hank González. Lecciones de Poder, impunidad y Corrupción y La Maestra, vida y hechos del Elba Esther Gordillo.
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