Jesús Castro
05 marzo 2012
¿Cómo pasó Coahuila de ser ejemplo nacional por su historial crediticio, a ocupar el peor de los lugares? Aquí la voz de quienes analizaron de cerca cómo se ahogaban las finanzas del Estado.
Saltillo, Coahuila. En la sala de juntas de Fitch Ratings México, en Monterrey, fue revelado el expediente que contiene la historia de cómo se ocultó una deuda de 33 mil millones. Por primera vez se conoce cómo funcionarios del SATEC sostuvieron con papeles falsos y juraron una y otra vez que la deuda del Estado era menor a 8 mil millones de pesos.
Allí, donde nos recibieron Ileana Guajardo, directora del área de finanzas públicas, y Humberto Panti, director del área de finanzas públicas para México y Latinoamérica, también estuvieron sentados, al menos cinco veces, Sergio Fuentes, ex administrador general de políticas públicas del SATEC, y Javier Villarreal, ex titular de la dependencia.
¿Ellos vinieron a mentirles?, se les preguntó a los directivos de Fitch Rating.
“Pues, yo no quisiera catalogar esa parte, ya lo dejaría a las fuentes indicadas que pudieran darle un apellido a lo que ellos hicieron”, contesta Humberto Pani, y añade, “Lo que sabemos es que no nos dieron toda la información”.
La empresa que el propio Gobierno de Coahuila contrató para analizar su capacidad financiera y emitir una calificación crediticia, tenía desde el 2009 de no recibir información suficiente para hacer su trabajo. Mientras tanto, los coahuilenses tenían desde 2008 que no veían público un estado financiero.
Ante la falta de trasparencia, Fitch Rating optó por obtener por otras fuentes oficiales el monto real de una deuda que Javier Villarreal les aseguró, era de 7 mil 500 millones de pesos, y que la SHCP reveló, era de más de 30. El monto equivalía a 3.4 veces los ingresos disponibles de Coahuila en un año, el máximo histórico, por encima del Estado de México, que llegó a tener los más elevados indicadores de deuda, que superaron 1.8 veces sus ingresos.
La reacción fue otorgar al Estado el último lugar nacional con la calificación crediticia más baja, lo cual no tiene precedente, reduciendo primero de A+, a BBB- y luego a BB+, advirtiendo además que Coahuila todavía podría incumplir con sus compromisos de pago debido a su limitada flexibilidad financiera y débiles prácticas administrativas, y estimando que a mediano plazo, sus políticas de ahorro impactarán significativamente la obra pública.
Para el Gobierno del Estado, la nueva calificación otorgada fue injusta. El 12 de febrero manifestó su desacuerdo, argumentando que no se tomaron en cuenta las medidas de austeridad y modernización financiera que se estaban llevando a cabo.
“Se ha corregido diametralmente el manejo financiero del Estado. No están tomando en cuenta que, por un lado, la deuda ya se reestructuró a largo plazo, 20 años, y eso nos debe ayudar a planear nuestro presupuesto, y (ya) no se vive con un exceso de deuda a corto plazo que estaba presionándonos por los vencimientos a corto plazo, renovaciones, etcétera” declararía Armando Rubio, actual subsecretario de Egresos tras anunciar el contrato que ahora adquirió el Estado con el despacho Ernst & Young, firma contable que auditará y emitirá dictámenes sobre el tema de los créditos.
PRIMER TROPIEZO
Lo que antecede es que Fitch Ratings guarda celosamente, dentro del expediente Coahuila, dos documentos que la opinión pública no conoció. La Cuenta Pública 2010 que les entregó Javier Villarreal, con 7 mil 500 millones como deuda, y la Cuenta Pública 2010 que les dio Ismael Ramos, donde ya aparece una deuda con más de 33 mil millones de pesos.
En el octavo piso del edificio Conexxiti, en Monterrey, Nuevo León, están los analistas de Fitch Raitings, que los Estados contratan para dar fe ante bancos e instituciones de crédito, sobre su capacidad de endeudamiento.
Presumen que lo hacen para 28 de las 32 entidades de la República y tienen presencia en 90 países. La firma está por cumplir cien años y su trabajo consiste en evaluar información financiera de diferentes organismos, entre ellos gobiernos estatales.
Pero hace poco más de dos años Coahuila dejó de cumplir cabalmente con ese contrato. Humberto Panti lo sabe, conoce de memoria el expediente que provocó que el Estado pasara de calificaciones AA, hasta BB+. Así nos lo platica, sentados en la misma mesa de la oficina donde se sentó Javier Villarreal a ocultarles la existencia de una mega deuda.
“Era un estado con indicadores estables y fuerte en sus finanzas públicas, no tenían una carga por el servicio de la deuda, dado que no tenían deuda, y desde nuestro punto de vista presentaban indicadores financieros de los más fuertes que nosotros hemos visto en México”, expresa el analista.
Pero para el 2010, con el gobierno de Humberto Moreira, el Estado se volvió a endeudar, y las cosas cambiaron. Dice Humberto Panti que incluso desde el 2009 manifestaron en sus comunicados de prensa que la política de endeudamiento del Estado no era clara para Fitch Ratings.
Entonces llamaron a los funcionarios del SATEC. Fueron Javier Villarreal, su titular, y Sergio Fuentes, su segundo al mando, quienes acudían regularmente a esa oficina a entregar la información que Fitch requería.
Era junio del 2010, y Javier Villarreal les llevó documentos que reportaban una deuda pública del Estado por 7 mil 500 millones de pesos, más una cantidad similar de financiamientos de corto plazo de cadenas productivas, con líneas abiertas.
“Tenemos todo un archivo de información que ellos nos proporcionaron”, dice expresa Ileana Guajardo, la analista que firma los reportes financieros que le bajaron la calificación crediticia a Coahuila.
SÍNTOMAS DE TORMENTA
En ese mismo expediente también está registrado cómo en febrero de 2011 las notas de prensa hablaban de la existencia de una deuda mayor a los 7 mil 500 millones de pesos. Primero fue Javier Villarreal quien lo negó ante los medios, luego lo secundaron los diputados Salomón Juan Marcos y Fernando de las Fuentes.
Eran tiempos electorales, y la posibilidad de una deuda pública superior a los 14 mil millones fue usado como bandera de partidos políticos como el PAN, y en especial de su candidato a gobernador Guillermo Anaya. Sus contrincantes políticos lo negaron, lo mismo que todos los funcionarios de gobierno a los que se cuestionó.
S.- Cuando comienzan a ver en la prensa la información de la deuda, allá por febrero marzo de ese año, ¿con quienes son los primeros que hablan?
H. Panti.- Con el equipo de Sergio Fuentes.
S.- ¿Tuvieron comunicación también con Javier Villarreal?
H. Panti.- Con Javier también, él estuvo también en estas oficinas, en esta sala, dándonos la explicación del endeudamiento.
Expresa el analista que el argumento de Villarreal para justificar nuevos montos, era el de que habían encontrado hallazgos financieros en el Estado, alegando que estos tenían el destino de intentar una estrategia para bursatilizar los impuestos de la extracción del carbón, por medio de un proyecto a través de la Prodemi.
“Yo he visto a través de la prensa, es mi única fuente de información, que tanto Javier Villarreal como Sergio Fuentes y el anterior gobernador Humberto Moreira, hablaban de este tipo de hallazgos financieros”, manifiesta el entrevistado.
Humberto Panti, director de Finanzas Públicas de México y América Latina, hablando sobre el respaldo que le daba el Estado.
Incluso Villarreal ofreció como prueba de la nula existencia de una deuda millonaria el documento de la Cuenta Pública de 2010, en cuya versión sólo aparecían los 7 mil 500 millones de pesos como monto de la deuda, que el Gobierno de Coahuila seguía defendiendo. Pero los rumores continuaban, y la prensa fustigaba con información que comenzó a causar alarma, por eso a partir de esa fecha, los analistas de Fitch Ratings citaron con mayor frecuencia a los titulares del SATEC.
S.- ¿De febrero a agosto, cuántas veces estos funcionarios de Coahuila vinieron y se sentaron aquí con ustedes?
H. Panti.- No recuerdo, pero sí fueron más de tres o cuatro.
S.- Es decir, ¿durante cuatro ocasiones, Sergio Fuentes y Javier Villarreal estuvieron viniendo a mentirles?
H. Panti.- Pues, yo no quisiera catalogar esa parte, ya lo dejaría a las fuentes indicadas que pudieran en realidad darle un apellido a lo que ellos hicieron. Lo que sabemos ahorita es que no nos dieron toda la información.
TODAVÍA LO NEGARON
Aunque Fitch Ratings tenían dudas razonables, tampoco podían basarse en notas periodísticas. Fue entonces que en Junio de 2011 descubren un documento que les permitió confirmar sus sospechas.
La información la encuentran en la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el área de trasparencia presupuestal, donde se publica un listado con dos montos de deuda de los Estados, la inscrita en el Registro Público de Hacienda y otra que se reportó a través de instituciones financieras.
Se trataba de un reporte con fecha de corte de marzo de 2010, donde en una segunda columna, el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria de Valores hacen un ejercicio en el que los bancos reportan las deudas que tenían con todos los Estados del país; el monto fue de 50 mil millones de pesos.
“Cuando ya te vas a los desgloses de esa deuda que estaba dividida por los 31 Estados y el Distrito Federal, de esta diferencia total de 50 mil millones de pesos, pues la mitad, 25 mil millones de pesos eran del Estado de Coahuila”, revela la analista Ileana Guajardo.
Para julio, cuando Ernesto Cordero, entonces Secretario de Hacienda, ya había revelado ante la prensa esta misma información, y aseguraba que la deuda pública de Coahuila ascendía a más de 30 mil millones de pesos, Fitch Ratings contaban con las pruebas para cuestionar al gobierno del Estado. Fue entonces que una vez más citaron al titular del SATEC para pedir una explicación, pero no se presentó, de hecho jamás lo volvieron a ver.
S.- ¿Cuándo comprueban que existe una deuda mayor, vuelven a tener contacto con estos funcionarios, volvieron a estar aquí? H- Panti.- De julio a agosto si, tuvimos comunicación con ellos.
S.- ¿Con quién en particular?
H. Panti.- Con Sergio Fuentes, con Javier Villarreal ya no.
S.- ¿Le presentaron el documento en el que la SHCP decía que la deuda era de 33 mil millones? ¿Cuál fue la respuesta?
H. Panti.- Su respuesta era que para ellos era información que no era de carácter oficial, porque era un archivo que no tenía un logo oficial, pero para nosotros sí lo era, porque estaba publicado en la página de la Secretaria de Hacienda.
Eran discusiones de ese tipo, de tratar de desacreditar cierta información, y que no fuera evaluada con esas cantidades en nuestro comité de calificaciones.
S.- ¿En ningún momento antes de que ustedes emitan la nueva calificación crediticia, admiten la verdadera deuda?
H. Panti.- E as administración, ese equipo de trabajo, no.
CAE EL TELÓN
Para agosto ya habían pasado las elecciones, Rubén Moreira ganó la de gobernador y el PRI todas las diputaciones por mayoría, mientras el panismo y asociaciones ciudadanas seguían presionando para que el Estado revelara el verdadero monto de la deuda, lo cual sucedió el 18 de agosto.
Ese día, la Comisión de Finanzas del Congreso del Estado presentó ante el pleno una solicitud para buscar un crédito de 31 mil 900 millones de pesos, a propuesta del entonces gobernador Jorge Torres López. El diputado Fernando de las Fuentes, presidente de la Junta de Gobierno, confirmó que eran recursos que necesitaba el Estado para refinanciar la deuda pública.
Por su parte, el diputado Salomón Juan Marcos, coordinador de la Comisión que presentó la solicitud, dio a conocer que el plazo para pagar el crédito sería para 20 años. Así, con excepción de la bancada panista, el resto de los diputados votó a favor de autorizar tres partidas, la principal por 25 mil 630 millones de pesos.
Cuando los analistas de Fitch Ratings se enteran de esa información, el mismo 18 de agosto se reúne nuevamente el Comité de Calificación, y se decide bajar significativamente la calificación crediticia de Coahuila, de A+ a BBB-, con una observación de que podría todavía disminuir más.
Javier Villarreal Hernández y su equipo cercano descalificaban la información de la federación que ponía al descubierto los montos reales de la deuda. Argumentaron a la calificadora que esa información no era oficial y le llevaron una cuenta pública del 2010 donde la deuda era de 7 mil 500 millones.
El 19 de agosto se hace público el comunicado de Fitch, que baja la calificación de Coahuila basándose en los elevados niveles de endeudamiento de corto y largo plazo, los cuales fueron de su conocimiento por medio de la SHCP.
“Es importante destacar la continua falta de claridad con la que se manejó la administración estatal en sus políticas y prácticas en los temas de endeudamiento y su registro contable; así como la falta de transparencia en la información relacionada con la deuda pública”, dice el documento.
Fue la primera vez que se revela que el monto total de la deuda de Coahuila era de 33 mil 867 millones de pesos, y Fitch deja claro en su reporte que durante los próximos años la deuda y su servicio de pago, limitarían de manera importante su flexibilidad financiera. Y no se equivocaron.
LAS DOS CUENTAS PÚBLICAS
Para ese día, se publicó en todos los medios que Javier Villarreal había dejado de ser el titular del Sistema de Administración Tributaria de Coahuila, y a partir de entonces Fitch Ratings comenzó a tener comunicación con el nuevo Secretario, Ismael Ramos y con Armando Rubio, administrador general de políticas públicas del Satec.
Ileana Guajardo indica que fue entonces que la información financiera de Coahuila comenzó a llegar con mayor fluidez, y fue en el período de agosto a diciembre cuando Ismael Ramos les entregó un nuevo documento con información de la Cuenta Pública 2010, éste ya con el monto real de la deuda.
Hasta entonces, esas cuentas no sólo habían estado ocultas para ciudadanos y funcionarios, incluso, ante una solicitud de información, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila contestó que la Cuenta Pública 2010 quedaba reservada por ocho años más.
Mientras tanto, Fitch ya tenía en su poder tal información, y comenzó a analizarla junto con los resultados que le realizó la ASE. Todo esto siguió anexándose en el archivo de Coahuila.
“Teníamos dos fuentes de información, que es la Cuenta Pública de 2010, que nos había entregado la administración pasada, que reflejaba un monto de 7 mil 500 millones de deuda, y la nueva información que hoy todos sabemos que existe, que contiene 36 mil millones de pesos”, reveló Ileana.
VUELVE A BAJAR
Pero cuando parecía que las cosas no podían empeorar, el pasado 10 de febrero, Fitch Ratings publica otro reporte, bajando nuevamente la calificación crediticia de Coahuila, de BBB- que tenia, a BB+, haciendo una serie de observaciones en una ampliación de información posterior.
“Esta nueva baja responde a que la auditoría de la ASE refleja una serie de lo que ellos catalogan como anomalías que están expresadas en un documento público, y eso desde nuestro punto de vista habla de débiles prácticas administrativas”, señala Ileana.
En el reporte se revela que si bien el refinanciamiento permitió una deuda con pago a largo plazo, el alto nivel de endeudamiento implica una limitada flexibilidad financiera para cumplir con esos pagos, los cuales ascienden a 4 mil 500 millones de pesos anuales, provenientes de un ahorro que el gobierno generará derivado de la nueva política recaudatoria, aumentos a servicios del Estado y disminución de gastos.
Entre esos ahorros, dice Fitch Ratings, está la obra pública, la cual estima que a mediano plazo habrá un impacto significativo en el programa de obra del Estado, debido a los elevados compromisos financieros, provocando inconformidad social.
Además, dejó claro que incluso existe la posibilidad de que vuelva a bajar la calificación crediticia, en un entorno de elevados compromisos de pago con mayores presiones sobre la flexibilidad financiera, en caso de no generar el ahorro interno requerido e incumplir con el pago.
“Sabemos que una de sus fuentes de financiamiento es la recaudación de la Tenencia y el ISN, pero acuérdate que hay amparos para no pagar esos impuestos, que existe la posibilidad de que la autoridad lo apruebe”, expresa Humberto Panti, lo cual reduciría la captación presupuestada para el pago de la deuda, que está contemplado en la ley de ingresos del 2012.
Pero todavía hay un riesgo más. En un escenario de estrés, Fitch Ratings observa la posibilidad de que los intereses anuales de la deuda, se incrementen hasta 300 millones, si suben tasas como la TIE (Tasa de Interbancario), la cual se encuentra estable y muy baja, pero según información, los bancos centrales de Europa y Estados Unidos están buscando que el TIE aumente.
“Aquí tenemos que estar pensando en esa dimensión, un incremento del 4.80 en la TIE que hoy por hoy tenemos, a 5.80, implica que el Estado tiene que desembolsar 300 millones de pesos más de interés por la deuda”, dio a conocer Humberto, y agrega, “pero en nuestros escenarios de estrés no consideramos un aumento del uno por ciento, consideramos incrementos mayores”.
Con todo y eso, revela que el Gobierno de Coahuila ya contrató asesores financieros de primer nivel, que ya están considerando adquirir un seguro contingente que tras un pago contractual, se haga cargo de una posible fluctuación de las tasas de interés bancario, y que en caso de necesitarlo, sea quien asuma el costo de un posible aumento en los intereses de la deuda.
EN EL SÓTANO
Con la actual calificación crediticia de BB+, Coahuila se sitúa en el último lugar de los 28 Estados calificados por Fitch Ratings, por debajo de Zacatecas, y que en el dato histórico de lo que el número de veces que la deuda corresponde a sus ingresos disponibles, no tiene precedente.
“Es el indicador más alto que Fitch ha observado desde que tenemos trabajando en ese sector. En 2003- 2004 el Estado de México tenía una calificación en esa categoría, en las dobles B, y el indicador de deuda-ingreso llegó a ser de 1.8 veces, no 3.4 como es el caso de Coahuila”, expuso Panti. El Estado que más se acerca actualmente es Quintana Roo, con 1.5 veces.
La entidad federativa que cuenta con los mejores indicadores financieros, con calificación AA, es Querétaro, le siguen Tamaulipas y Aguascalientes con AA-. Mientras tanto en Coahuila, el Secretario de Finanzas dijo que desde Septiembre pasado, cada mes el gobierno deposita 212 millones de pesos a los bancos a los que debe, por concepto de interés de la deuda, lo cual a Febrero suma la cantidad de mil 272 millones de pesos.
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