Lucía Pérez Paz / EL SIGLO DE TORREÓN / Saltillo, Coah.-
Inconformes. Han solicitado al gobernador mediante manifestaciones, se aclare lo de la deuda.
Grupos de ciudadanos y empresarios le han pedido que se separe del cargo el tiempo que dure la investigación de la deuda y los presuntos involucrados, con el fin de que no intervenga en el proceso.
A 100 días del inicio de la administración de Rubén Moreira no se han iniciado obras de infraestructura.
El mandatario presentó un plan de obra en el que anunció destinar más recursos a obras que ya estaban en construcción, asimismo no se ha presentado la tarjeta para repartir apoyos sociales que anunció desde su campaña electoral, y aún no ha dado a conocer los padrones sociales de la administración pasada.
Otra de las acciones que destacan es la creación de Consejos Ciudadanos que tienen la finalidad de administrar los recursos y participar en la toma de decisiones. Hasta la fecha no hay resultados concretos.
En sus primeros cien días ha sostenido 13 reuniones con diferentes personalidades del mundo de la política, entre las que destaca la secretaria de Seguridad Janet Napolitano, el Alto Comisionado de la ONU en México, Javier Hernández; embajadores de Estados Unidos, Cuba, Honduras; además del presidente Felipe Calderón, y Bruno Ferrari secretario de Economía; sólo con Ferrari se concretó un convenio de colaboraron a las pequeñas y medianas empresas. El resto de las reuniones sólo fue conversaciones sin acuerdos específicos.
DEUDA
A lo largo de estos cien días, uno de los temas relevantes de su administración ha sido el de la deuda de más de 36 mil millones de pesos, a lo que el mandatario estatal ha indicado que es una deuda que no compromete el estado financiero de Coahuila, ni al desarrollo de obras.
En contraste, el director de Finanzas Públicas de Fitch Rating de México, Gerardo Carrillo declaró que nunca se había registrado un incremento de deuda pública en un estado al pasar su calificación crediticia de A+ (alta calidad) a BBB- (especulativa).
El 19 de febrero se dio a conocer que la deuda total de Coahuila era mayor, ya que la deuda a proveedores es de dos mil 200 millones de pesos y es adicional de la deuda refinanciada.
Por otra parte, la Procuraduría General de la Republica (PGR), dio a conocer el 19 de diciembre, que pretendía consignar a once exservidores públicos del Gobierno del Estado de Coahuila, incluido Jesús Ochoa, secretario de Finanzas, por delitos relacionados con la contratación ilegal de deuda.
El mandatario estatal no emitió declaraciones al respecto, pero el líder del PRI en Coahuila, Salvador Hernández Vélez acusó al presidente Felipe Calderón de usar a la PGR con el tema de la deuda para favorecer al PAN.
Por su parte, el PAN en Coahuila encabezado por Carlos Orta y los diputados panistas de la legislatura 58, presentaron dos nuevas denuncias por irregularidades en la contratación de deuda, al señalar que 18 millones fueron contratados en la administración de Humberto Moreira sin autorización del Congreso Local. El gobernador no emitió declaraciones.
Otro de los hechos que resaltan en estos cien días es cuando empresarios de La Laguna informaron que el Gobierno incumplió por dos años con el pago de los recursos del Fincoah, a cargo de Juan Manuel Froto, uno de los implicados en la contratación de créditos de manera ilícita, quien además era considerado como prófugo de la justicia, ya que contaba con una orden de aprehensión por la PGR. El secretario de Fiscalización y Rendición de Cuentas, Jorge Verástegui, indicó que Manuel Froto fue dado de baja a causa de sus problemas con la justicia. Hasta el momento se desconoce si se implementará un nuevo programa de ayuda a los microempresarios para sustituir el Fincoah.
SEGURIDAD La propuesta de seguridad presentada por Rubén Moreira repite los modelos de 2009, además las iniciativas que presentó ante el Congreso del Estado establecen nuevos delitos como la tipificación de la desaparición forzada y considerar otros que ya existía como graves.
Se retoma la figura de la Secretaría de Seguridad y la Procuraduría General de Justicia y desaparece la Fiscalía General del Estado.
Asimismo ha declarado que impulsará una ley anticasinos al no considerarlos "apropiados en el desarrollo de una sociedad" y una nueva ley de alcoholes para reducir la hora de venta.
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