ONÉSIMO FLORES DEWEY
Ciudad posible
En septiembre de 2011 el gobernador y los acreedores del Estado de Coahuila acordaron el refinanciamiento de la deuda pública de la entidad. Al final, una deuda de $33,700 millones de pesos, incluida la contratada sin debida autorización del Congreso, quedó consolidada en 23 nuevos créditos obtenidos de 9 bancos. Tanto el entonces gobernador como el presidente de la Asociación de Bancos de México se congratularon por el resultado, declarando que la negociación "fue acorde a las expectativas e intereses de cada una de las partes".
Desde entonces el debate sobre la deuda de Coahuila se ha normalizado. Con esto quiero decir que al menos para nuestros los funcionarios públicos, el tema ya no es más que parte del paisaje. Debemos mucho, sí, pero "la deuda es legal" (aunque sólo sea legal porque fue legalizada). Hay funcionarios prófugos por la contratación de algunos de los créditos originales, pero "ese tema atañe a los individuos involucrados y no a las instituciones". Aún desconocemos en qué se gastó el dinero, pero ya "es tiempo de dar la vuelta a la página". El discurso oficial sobre la deuda se reduce a lo siguiente: Los diputados locales autorizaron la renegociación, los bancos accedieron, y tenemos para pagar. Todo lo demás es intrascendente.
Aparentemente no hay nada que esconder, y quizá para demostrarlo, la Secretaría de Finanzas publicó recientemente los 23 contratos de crédito. Dichos documentos permiten conocer por fin los compromisos de política fiscal asumidos por la entidad, así como los plazos, intereses y comisiones acordadas. Algunos de estos documentos incluso hacen referencia a los honorarios pagados a los asesores legales y financieros, y a las penalizaciones debidas a los bancos por el "rompimiento" de compromisos previamente pactados.
Esta información es indispensable para dimensionar la situación financiera de Coahuila tras un sexenio de excesos. Tras considerar amortizaciones de capital, intereses, comisiones, honorarios y penalizaciones, los coahuilenses pagaremos aproximadamente $61,800 millones de pesos por los $33,700 millones que nos prestaron. Es decir, al término de veinte años, habremos pagado $1.83 por cada peso refinanciado.
Solamente en comisiones bancarias, el Gobierno de Coahuila se comprometió a pagar $1,027 millones de pesos. La mayor parte de estas comisiones fue para Multiva, banco que no sólo cobró $280 millones de pesos más IVA por la "estructuración" de su crédito, sino también una comisión de 1.25% sobre el saldo que se le adeude cada año. En 2012, esta anualidad representó $62 millones de pesos, ¡cantidad similar al presupuesto de la Secretaría de Fomento Económico! Otro banco, Interacciones, cobró $848 millones de pesos por el "rompimiento" de compromisos previamente pactados, ¡más de lo que Coahuila presupuestó en 2012 para los sueldos de su personal dedicado a la seguridad pública!
En virtud del refinanciamiento, el Gobierno del Estado ya no puede eliminar o bajar la tasa del Impuesto sobre Nómina, ni incrementar más allá del mínimo legal las transferencias de recursos federales a los municipios. Hoy Coahuila no puede renunciar al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y requiere autorización de sus acreedores para adquirir nuevos financiamientos. Si el Estado vende o bursatiliza alguno de sus activos, debe dedicar 30% de los ingresos recibidos a pagar la deuda. Y si alguna autoridad retira, suspende, modifica o deshecha cualquier autorización necesaria para el cumplimiento de los compromisos, el total del crédito se vuelve inmediatamente exigible.
Los bancos legislaron por contrato, y quedaron vacunados contra cualquier supuesto que pudiera afectarles. En cambio, la salud financiera del Estado se sostiene con alfileres. Si decrecen las participaciones federales, si incrementan las tasas de interés, o si aumentan los compromisos de gasto (por ejemplo, ante una nueva catástrofe natural), el Gobierno de Coahuila enfrentará una severa contingencia financiera. Aun bajo las condiciones actuales, el Gobierno difícilmente podrá soportar los compromisos adquiridos sin recurrir pronto a una nueva renegociación.
Los contratos narran una historia de profunda desconfianza de los banqueros hacia nuestras autoridades, seguramente informada por años de mentiras y desorden. Pintan de cuerpo entero a un Gobierno minimizado y francamente arrinconado por acreedores dispuestos a vender caro su amor. Si la deuda fue contratada de forma responsable y con el interés del Estado en mente, ¿por qué hubo que refinanciar apenas un par de años después con tanta urgencia, a un costo tan alto y aceptando condiciones tan desfavorables? Si el refinanciamiento cumplió "con las expectativas e intereses de cada una de las partes", ¿por qué queda un sabor de boca tan terrible al leer con detenimiento los contratos? Pocos en Coahuila conocen las respuestas, curiosamente los mismos que sugieren olvidar y dar vuelta a la página.
onesimo@mit.edu
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