René Delgado
En todo país hay puntos de intersección entre el crimen y la política, es un fenómeno ineludible por más que el discurso de los gobiernos sostenga que entre ambas actividades hay una frontera infranqueable y niegue "entendimientos" entre uno y otra.
Ante esa realidad, la fortaleza y vigencia del Estado de derecho se cifra de manera inversamente proporcional a la dimensión del punto o el área de intersección de esas dos actividades. Cuanto menor es el área de la intersección, más fuerte es el Estado; cuanto mayor es el punto de contacto, más débil es el Estado.
En México, esa área de intersección está creciendo, adquiriendo dimensiones inaceptables. Cuando los partidos postulan como sus representantes al Congreso a muy probables representantes del crimen, el mensaje es inequívoco: se han perdido los límites y se echa mano de prácticas electorales más próximas al delito que a la política.
Si dirigentes partidistas, precandidatos presidenciales, autoridades gubernamentales y electorales coinciden en señalar al crimen como la principal amenaza para la democracia, el Estado de derecho y las instituciones, resulta incomprensible e inaceptable que lleven al Poder Legislativo a personajes con tacha, quizá criminal, en su actuación política.
Esa contradicción entre el decir y el hacer tira al piso el supuesto afán por evitar la infiltración del crimen en la política. La tira porque el nudo de la contradicción encierra otra posibilidad: que la política esté infiltrando al crimen o, bien, que se ha borrado la frontera entre ambas actividades.
Si, en verdad, se quería reducir aquel punto de intersección y ensanchar el imperio del Estado de derecho, dirigentes partidistas y precandidatos debieron cuidar con esmero no postular al Poder Legislativo a políticos con mancha en su trayectoria. Algunos nombres del listado de candidatos plurinominales panistas y priistas al Congreso son una burla a la democracia y un atentado al Estado de derecho.
Falta por ver a quiénes enlista el perredismo pero, por lo pronto, algunos de los nombres incluidos por el panismo y el priismo son por antonomasia el sinónimo de la corrupción, la extorsión, la coacción o la compra del voto, el abuso del puesto público o gremial en beneficio de un cártel o una camarilla, del uso y desvío de recursos públicos para causas partidistas... Son el emblema de la impunidad a través del fuero legislativo, la reiteración de la subcultura del premio a quien debería recibir un castigo o, al menos, el veto a pretender representar a una corriente política o ciudadana.
Desde luego, no todos los enlistados como candidatos plurinominales encarnan el principio de que el que no transa no avanza. No, no todos tienen por principio esa divisa, pero es tal la fama pública de quienes la tienen que hiela la sangre que sean los partidos quienes les garantizan, por la vía plurinominal, no sólo ocupar una curul o escaño sino también el fuero que, a su entender, certifica su impunidad.
Son excepciones, sí, pero cuando quienes los respaldan son dirigentes partidistas y precandidatos presidenciales es evidente algo terrible: el desastre que vive el país no ha tocado fondo. Dirigentes y aspirantes todavía le apuestan a la transa, al crimen, como un recurso, palanca o resorte para alcanzar o conservar el poder. Entonan como himno la apología del crimen.
El mensaje que envían es simple: podrá estar en quiebra el Estado de derecho pero la temporada electoral no es momento para entrar a su rescate. La temporada electoral es momento de echar mano de lo que sea para conservar o alcanzar el poder... después de todo, la convivencia entre crimen y política no es imposible, aunque en la esgrima verbal se diga lo contrario.
Parte del daño provocado al país por el calderonismo deriva del reduccionismo del crimen sólo al tráfico de drogas. Reducido a eso, la tolerancia dispensada a conductas rayanas en la delincuencia ha crecido hasta convertirse en un modo de ser.
Esa reducción ha llevado a múltiples absurdos. Se combate al crimen organizado que preocupa a Estados Unidos, no al que lastima a la ciudadanía nacional. Se toleran en la actividad política y económica del país actos y acciones propios de cárteles criminales, pero como el concepto oficial del crimen no los incluye, el chantaje, la extorsión, la corrupción, el soborno, el canje de apoyos electorales por prebendas económicas o políticas o, incluso, el uso de la procuración de justicia como ariete contra el adversario, se aceptan como un uso y costumbre.
De ese modo, ex gobernadores que deben vidas o que violaron cínicamente derechos humanos reaparecen, ansiando figurar de nuevo. De ese modo, ex funcionarios que deberían responder por actos de negligencia que se tradujeron en muertes de niños o trabajadores migrantes son condecorados con puestos en las dirigencias de los partidos. De ese modo, dirigentes sindicales que han hecho de su poder una herramienta de extorsión política a costa de necesidades o bienes nacionales se les busca como aliados. De ese modo, concesionarios del Estado se conducen como sus dueños mientras los políticos les perdonan la insolencia y les ruegan apoyo. De ese modo, funcionarios públicos al servicio de un cártel criminal y de las encomiendas de su partido se les defiende como "cuadros" imprescindibles.
De ese modo, se han invertido los incentivos para remontar la subcultura de la transa política y la subcultura de hacer como que se cumple la ley. Se premia a quien transa e incumple la ley. Se castiga la democracia y el Estado de derecho.
La molestia de los precandidatos presidenciales y de los partidos con la pausa entre la precampaña y la campaña electoral, quizá, deriva no de la imposibilidad de promoverse a través del ruido propagandístico, sino del silencio que deja escuchar el tronar de huesos dentro de sus equipos y estructuras en la lucha por el poder o el ruego suplicante a este plomero electoral, a aquel dueño de un sindicato o al beneficiario de una concesión del Estado para contar con su apoyo a cambio de un escaño o una curul o un futuro negocio.
La pausa deja ver y oír el nivel de la degradación de la política y, en ese espectáculo brutal, el agrandamiento del área de intersección entre el crimen y la política.
Da risa nerviosa el cuento de que políticos y criminales nada tienen que ver porque, si no es cuento, entonces los criminales han de estar de plácemes: ni un dedo tuvieron que mover, ni un gatillo tuvieron que jalar para tener representantes en el Congreso, los partidos los postularon como suyos.
Reforma
03/03/2012
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