Jueves, 21/02/2013 10:54
“Las personas no se desvanecen en el viento”, afirma en entrevista el subprocurador de Investigación y Búsqueda de Personas No Localizadas de Coahuila, Juan José Yáñez Arreola, quien describe las trabas y obstáculos que deben superarse para encontrar a los desaparecidos. Aclara: para resolver este problema, que se propaga como un cáncer en el tejido social, hace falta la coordinación interinstitucional.
A diferencia de lo que sucede en estados del país donde se niega el fenómeno de la desaparición de personas, el gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, admitió que en su entidad esa feroz epidemia había arrancado de su vida y de sus familias a mil 835 personas.
Este reconocimiento no es fortuito. Desde finales de 2009, decenas de familias comenzaron a organizarse para exigir la búsqueda inmediata de sus seres queridos mediante plantones, movilizaciones y actos de presión a los gobiernos federal y estatal (entonces presidido por Humberto Moreira, hermano del gobernador actual).
Luego de asumir la gubernatura, Rubén Moreira aceptó la propuesta de las familias aglutinadas en la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fundec) de atender recomendaciones de un grupo de expertos nacionales e internacionales, en el que participaría la ONU, que planteara directrices de búsqueda. Además, acordaron reunirse cada dos meses con él, los agentes investigadores y los representantes de las fuerzas de seguridad estatal y federal para intercambiar información y presentar avances.
“Todos los presentes en la reunión, hasta el gobernador, reconocieron que no se dio suficiente atención a la problemática cuando empezó y que tardaron mucho en responder”, dijo Diana Iris García, madre integrante de Fundec, después de la reunión que sostuvieron el sábado 9.
Del intercambio entre autoridades y familias, la procuraduría estatal prometió que integraría un registro de personas desaparecidas o extraviadas que será consultado en internet. También anunció que realiza un banco de datos genético y el establecimiento de un convenio con un investigador que contrastará las muestras genéticas con las tomadas a los cadáveres, registrará con detalle los datos de los cuerpos enviados a la fosa común y atenderá las denuncias de nuevas desapariciones que llegan al teléfono 066 o que se difunden por otros medios, como las redes sociales.
Esa es la información que proporcionó a la Secretaría de Gobernación federal el titular de la Subprocuraduría de Investigación y Búsqueda de Personas No Localizadas de Coahuila, Juan José Yáñez Arreola, el pasado 16 de enero, en el Palacio de Covián, a donde lo citaron para que presentara a los nuevos funcionarios su modelo de búsqueda.
Entrevistado tras la reunión informó que con ese método de trabajo, a partir de 2012, han encontrado a 513 personas (90% de ellas con vida), de las cuales 81 eran menores de edad. Calculó que la mitad de las personas encontradas estaba relacionada con el crimen organizado. Aún quedan mil 380 por ubicar.
Yáñez habló con Proceso de los lugares donde las personas fueron encontradas, las tendencias que han encontrado durante las investigaciones, las trabas que enfrentan los ministerios públicos para indagar el paradero de las personas desaparecidas (falta de coordinación entre procuradurías estatales y la lentitud de la PGR), así como la importancia de la coadyuvancia de los familiares y de la creación de una legislación nacional en torno al tema.
En la entrevista admitió que existen datos que permiten creer en la hipótesis que manejan muchas familias, en el sentido de que algunas de las víctimas fueron reclutadas a la fuerza, y actualmente son trabajadores esclavos de los cárteles de la droga.
En contraparte, el abogado Juan Pérez, asesor legal de Fundec, mostró desconfianza hacia los hallazgos anunciados por el subprocurador, pues indicó que no ha sido encontrada ninguna persona buscada por esa organización, que tiene 320 casos documentados.
“Puede haber resultados, pero son mínimos y poco claros. Creemos que el subprocurador se refiriere a personas extraviadas o ausentes (que salen de su casa y no quieren ser localizadas), pero en la mayoría de los casos no se refiere a lo que entendemos por desaparecidos (personas llevadas por la delincuencia organizada)”, afirmó en entrevista.
El abogado planteó que aunque el gobierno estatal aún no puede presumir resultados exitosos, Fundec reconoce como un gran avance que Rubén Moreira admitió la gravedad del problema al dar a conocer la cifra de desaparecidos y manifestó voluntad política al aceptar la creación del espacio de trabajo que integran las familias y los expertos.
Y agrega: “No hemos visto un solo resultado los últimos meses que nos lleve a la recuperación de la persona, el esclarecimiento del hecho, que el culpable no quede impune y la reparación del daño”.
El cálculo más aceptado sobre las desapariciones ocurridas el sexenio pasado es de, al menos, 25 mil personas registradas en la base de datos filtrada por funcionarios de la PGR a varios medios de comunicación. En la lista Coahuila aparece con un subregistro que arroja únicamente 270 desapariciones, mil 500 menos de las que reconoce el gobierno estatal.
“Derivado de las investigaciones se ha logrado establecer que unos están trabajando en la delincuencia organizada, hay testimonios de gente que los ha visto. Unos se fueron por su cuenta, otros son reclutados a la fuerza, como algunos profesionales que se han llevado, como ocurre con los médicos o ingenieros de telefonía. O se los llevaron por equivocación, porque estuvieron en el lugar equivocado y no tenían nada que ver.”
Al preguntársele acerca de los reclutamientos forzados mencionó el caso de un grupo de personas de Chihuahua que fueron contratados como jornaleros pero, al llegar a Coahuila, fueron llevados a una casa de seguridad donde les enseñaron a usar las armas y los pusieron a “sicarear”.
“No nos consta, a estas personas que denunciaron esto no las conocemos, pero esta información está en unas declaraciones”, dice el funcionario.
Aunque la mayoría de las personas desaparecidas en el país son hombres, el fenómeno también afecta a mujeres. Unas de ellas –explica– forman parte de bandas criminales, otras fueron llevadas a la fuerza o eran novias de delincuentes.
Del total de los hallados, la mayoría estaba dentro del estado, ya sea en Torreón, Saltillo o Piedras Negras, y otros en entidades como Veracruz, San Luis Potosí, Zacatecas, Tamaulipas y Nuevo León.
Llama la atención que no menciona a Durango, a pesar de que las ciudades de Torreón (Coahuila) y las duranguenses Gómez Palacio y Ciudad Lerdo, forman una misma área metropolitana y algunas vialidades las conectan.
“Hay estados que colindan con Coahuila que no nos dan información, y batallamos tanto. No sabemos si no tienen gente para hacerlo o si ahí no pasa nada”, se quejó Yáñez. Aunque no mencionó el estado al cual se refería, quedó claro que la queja era contra Durango.
Este funcionario, que trabajó en el gobierno durante la administración anterior, aseguró que desde la llegada de Rubén Moreira comenzaron a tomarse medidas para atacar el problema, tales como la creación de la Subprocuraduría de Investigación y Búsqueda de Personas No Localizadas; un operativo casa por casa para levantar un censo real de personas desaparecidas; las reformas legales para tipificar delitos como la desaparición (pero cuya definición –según el abogado López– no satisfizo a las familias), el “halconeo” contra quienes dan información a la mafia y la trata, así como la sanción por circular en automóviles con placas sobrepuestas o en los que no se hizo el cambio de propietario.
También pretenden cerrar todos los casinos y table dance; se limitó la venta de alcohol hasta las dos de la mañana, y se creó una red de difusión de boletines de extravíos que enlaza medios de comunicación, hospitales o centrales de autobuses.
Para la búsqueda incorporaron métodos informales –que las familias solicitan que se formalicen– como pedir al Ejército y a la PGR que permitan entrevistar a los detenidos por delincuencia organizada antes de que los trasladen fuera de Coahuila, para preguntarles por el paradero de los reportados como desaparecidos.
“En esas entrevistas obtenemos resultados. Si llega la federación y no nos enteramos y se lo llevan, se pierde una oportunidad. Por eso pedimos la autorización de declararlos de inmediato, porque es cuando dan la información; les mostramos el catálogo con las fotos y ahí dicen: ‘a ese fulano se lo echó tal, a este otro lo matamos porque creíamos que era de los otros, éste debía una lana o se lo echaron otros’. A veces dicen en qué lugar hay ‘cocinitas’ –dice en referencia a los lugares dedicados a la incineración de personas– o casas de seguridad.”
En diciembre fue la última vez que lograron que el Ejército les permitiera hacer una declaración de detenidos, quienes confesaron que habían asesinado a cuatro jóvenes y el lugar exacto donde estaban enterradas. Gracias a ese dato –dijo– rescataron sus restos en el municipio de Castaños, y a otras cuatro personas que mantenían cautivas.
En el lugar señalado encontraron los tambos en que disuelven los cadáveres (que él llama “cocinas”), restos humanos enterrados y otros cremados, más de 100 prendas de vestir y 800 casquillos, además de los cuatro prisioneros.
“Si no nos hubieran dejado declararlos se hubieran ido (a una cárcel federal) por portación de armas y droga y no nos hubiéramos enterado del paradero de los vivos y de las enterradas”, dijo.
Además de ese rancho, otros lugares donde la procuraduría ha detectado entierros clandestinos son San Buenaventura, Viesca, donde se encontraron restos de personas que fueron amarradas antes de morir, en el área rural de Saltillo (rumbo a Zacatecas) donde ubicó otra “cocina”.
Según Yáñez, la estrategia de combate frontal al narcotráfico y delincuencia organizada dictada por el gobierno de Felipe Calderón no fue la mejor para el tema de las desapariciones, y expuso: “¿Para qué me sirve un muerto si no vamos a poder interrogarlo? ¿O si una instancia hace investigación, si no va a compartir la información?”.
El subprocurador comentó que las compañías de telefonía celular tardan hasta ocho meses en proporcionar la lista de llamadas hechas desde los aparatos de las personas buscadas, y que la Comisión Nacional Bancaria se rehúsa a proporcionar los videos de las personas que acceden a los cajeros automáticos.
Los encargados de las carreteras tampoco proporcionan información al argumentar que las cámaras seguramente no funcionaban cuando ocurrió el delito.
Las muestras de ADN también han sido un problema, ya que la PGR tarda meses en compararlas con las de cadáveres encontrados. Eso ocurre en el caso de una persona muerta y “entambada” que es reclamada por unas personas como su familiar, pero la PGR demoró más de nueve meses en contrastar la sangre de las familias con las muestras.
Cada estudio cuesta 15 mil pesos si se manda a hacer a un laboratorio privado. Por eso, explicó que el gobierno estatal optó por firmar un convenio con un experto neoleonés que con fondos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología realiza el cotejo genético, sin costo para el estado.
El Instituto Nacional de Migración también pone obstáculos al no dar información o mostrar fotos de las personas recluidas en las estaciones migratorias.
Apuntó que debe encontrarse el canal para enviar preguntas a los narcotraficantes convertidos en testigos protegidos o extraditados a Estados Unidos, como Sergio Villarreal, El Grande, quien seguramente tendrá información sobre el paradero de personas buscadas por sus familias, pues fue “jefe de la plaza”.
El subprocurador planteó que el gobierno de Enrique Peña Nieto debe intervenir para lograr la colaboración de esas empresas e instancias cuya información podría ayudar a localizar personas con vida y más rápidamente.
Al preguntársele acerca de su reunión en Gobernación indicó: “Propusimos que la Secretaría de Gobernación concentrara la información y que se creara un grupo de trabajo formado por autoridades estatales y federales y legisladores para avanzar en la legislación homologada que se deba tener con las particularidades que se requieren en cada estado”.
Agregó que espera tener una buena colaboración con este gobierno, ya que con el anterior no prosperó la coordinación con la PGR.
“Creemos que debe haber una legislación homologada a nivel nacional en el tema de desapariciones; que exista una buena base de datos nacional de personas desaparecidas (con fotos, huellas dactilares, información) y de las ya localizadas, y que los estados estén obligados a subir información. Necesitamos una inversión importante para que se creen en los estados laboratorios genéticos; que se permita entrevistar a los delincuentes sobre las desapariciones; que exista una base de datos nacional de cada muerto no identificado que sea consultable en cada procuraduría, y que se comparta información de los vehículos robados, porque éstos se utilizan para secuestrar. Nosotros estamos haciendo nuestra parte, pero necesitamos unir información con otros estados”, expresó.
Una de sus reflexiones fue que para obtener buenos resultados es necesario involucrar a las familias como coadyuvantes de las investigaciones; hacerlas aliadas, darles copia de las averiguaciones previas, permitirles aportar pistas y tomar en cuenta las sugerencias que hacen sobre las acciones a seguir.
Entrevistada sobre los anuncios del subsecretario, Diana Iris García, una de las madres integrante de Fundec, expuso que la organización considera que los datos de los hallazgos difundidos por el subprocurador son actos publicitarios, ya que la mayoría corresponden a personas que salieron de sus casas y no querían ser localizadas, y no de quienes permanecen en poder de grupos armados.
Rechazó que la mitad de los desaparecidos estén vinculados a grupos delictivos y aseguró que antes de manchar el nombre de las personas se deben realizar investigaciones a fondo.
“La respuesta de la subprocuraduría no está a la altura de los compromisos del gobernador. Al subprocurador le encanta hacer declaraciones mediáticas que sólo confunden a las familias. Y en la última reunión pedimos que si no tenía novedades que informar, que mejor no dijera nada, y permaneció callado”, sentenció.
Proceso
21/02/2013
A diferencia de lo que sucede en estados del país donde se niega el fenómeno de la desaparición de personas, el gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, admitió que en su entidad esa feroz epidemia había arrancado de su vida y de sus familias a mil 835 personas.
Este reconocimiento no es fortuito. Desde finales de 2009, decenas de familias comenzaron a organizarse para exigir la búsqueda inmediata de sus seres queridos mediante plantones, movilizaciones y actos de presión a los gobiernos federal y estatal (entonces presidido por Humberto Moreira, hermano del gobernador actual).
Luego de asumir la gubernatura, Rubén Moreira aceptó la propuesta de las familias aglutinadas en la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fundec) de atender recomendaciones de un grupo de expertos nacionales e internacionales, en el que participaría la ONU, que planteara directrices de búsqueda. Además, acordaron reunirse cada dos meses con él, los agentes investigadores y los representantes de las fuerzas de seguridad estatal y federal para intercambiar información y presentar avances.
“Todos los presentes en la reunión, hasta el gobernador, reconocieron que no se dio suficiente atención a la problemática cuando empezó y que tardaron mucho en responder”, dijo Diana Iris García, madre integrante de Fundec, después de la reunión que sostuvieron el sábado 9.
Del intercambio entre autoridades y familias, la procuraduría estatal prometió que integraría un registro de personas desaparecidas o extraviadas que será consultado en internet. También anunció que realiza un banco de datos genético y el establecimiento de un convenio con un investigador que contrastará las muestras genéticas con las tomadas a los cadáveres, registrará con detalle los datos de los cuerpos enviados a la fosa común y atenderá las denuncias de nuevas desapariciones que llegan al teléfono 066 o que se difunden por otros medios, como las redes sociales.
Esa es la información que proporcionó a la Secretaría de Gobernación federal el titular de la Subprocuraduría de Investigación y Búsqueda de Personas No Localizadas de Coahuila, Juan José Yáñez Arreola, el pasado 16 de enero, en el Palacio de Covián, a donde lo citaron para que presentara a los nuevos funcionarios su modelo de búsqueda.
Entrevistado tras la reunión informó que con ese método de trabajo, a partir de 2012, han encontrado a 513 personas (90% de ellas con vida), de las cuales 81 eran menores de edad. Calculó que la mitad de las personas encontradas estaba relacionada con el crimen organizado. Aún quedan mil 380 por ubicar.
Yáñez habló con Proceso de los lugares donde las personas fueron encontradas, las tendencias que han encontrado durante las investigaciones, las trabas que enfrentan los ministerios públicos para indagar el paradero de las personas desaparecidas (falta de coordinación entre procuradurías estatales y la lentitud de la PGR), así como la importancia de la coadyuvancia de los familiares y de la creación de una legislación nacional en torno al tema.
En la entrevista admitió que existen datos que permiten creer en la hipótesis que manejan muchas familias, en el sentido de que algunas de las víctimas fueron reclutadas a la fuerza, y actualmente son trabajadores esclavos de los cárteles de la droga.
En contraparte, el abogado Juan Pérez, asesor legal de Fundec, mostró desconfianza hacia los hallazgos anunciados por el subprocurador, pues indicó que no ha sido encontrada ninguna persona buscada por esa organización, que tiene 320 casos documentados.
“Puede haber resultados, pero son mínimos y poco claros. Creemos que el subprocurador se refiriere a personas extraviadas o ausentes (que salen de su casa y no quieren ser localizadas), pero en la mayoría de los casos no se refiere a lo que entendemos por desaparecidos (personas llevadas por la delincuencia organizada)”, afirmó en entrevista.
El abogado planteó que aunque el gobierno estatal aún no puede presumir resultados exitosos, Fundec reconoce como un gran avance que Rubén Moreira admitió la gravedad del problema al dar a conocer la cifra de desaparecidos y manifestó voluntad política al aceptar la creación del espacio de trabajo que integran las familias y los expertos.
Y agrega: “No hemos visto un solo resultado los últimos meses que nos lleve a la recuperación de la persona, el esclarecimiento del hecho, que el culpable no quede impune y la reparación del daño”.
El cálculo más aceptado sobre las desapariciones ocurridas el sexenio pasado es de, al menos, 25 mil personas registradas en la base de datos filtrada por funcionarios de la PGR a varios medios de comunicación. En la lista Coahuila aparece con un subregistro que arroja únicamente 270 desapariciones, mil 500 menos de las que reconoce el gobierno estatal.
Tipología de desapariciones
En la entrevista, el subprocurador Yáñez explicó que algunas de las personas desaparecidas huyeron de sus casas por problemas familiares. Otras fueron encontradas en penales federales de varios estados (principalmente Nayarit), pues se les detuvo en operativos de la Marina o el Ejército, pero sus familias no fueron notificadas, y otras murieron en enfrentamientos porque estaban con grupos delictivos.“Derivado de las investigaciones se ha logrado establecer que unos están trabajando en la delincuencia organizada, hay testimonios de gente que los ha visto. Unos se fueron por su cuenta, otros son reclutados a la fuerza, como algunos profesionales que se han llevado, como ocurre con los médicos o ingenieros de telefonía. O se los llevaron por equivocación, porque estuvieron en el lugar equivocado y no tenían nada que ver.”
Al preguntársele acerca de los reclutamientos forzados mencionó el caso de un grupo de personas de Chihuahua que fueron contratados como jornaleros pero, al llegar a Coahuila, fueron llevados a una casa de seguridad donde les enseñaron a usar las armas y los pusieron a “sicarear”.
“No nos consta, a estas personas que denunciaron esto no las conocemos, pero esta información está en unas declaraciones”, dice el funcionario.
Aunque la mayoría de las personas desaparecidas en el país son hombres, el fenómeno también afecta a mujeres. Unas de ellas –explica– forman parte de bandas criminales, otras fueron llevadas a la fuerza o eran novias de delincuentes.
Del total de los hallados, la mayoría estaba dentro del estado, ya sea en Torreón, Saltillo o Piedras Negras, y otros en entidades como Veracruz, San Luis Potosí, Zacatecas, Tamaulipas y Nuevo León.
Llama la atención que no menciona a Durango, a pesar de que las ciudades de Torreón (Coahuila) y las duranguenses Gómez Palacio y Ciudad Lerdo, forman una misma área metropolitana y algunas vialidades las conectan.
“Hay estados que colindan con Coahuila que no nos dan información, y batallamos tanto. No sabemos si no tienen gente para hacerlo o si ahí no pasa nada”, se quejó Yáñez. Aunque no mencionó el estado al cual se refería, quedó claro que la queja era contra Durango.
Este funcionario, que trabajó en el gobierno durante la administración anterior, aseguró que desde la llegada de Rubén Moreira comenzaron a tomarse medidas para atacar el problema, tales como la creación de la Subprocuraduría de Investigación y Búsqueda de Personas No Localizadas; un operativo casa por casa para levantar un censo real de personas desaparecidas; las reformas legales para tipificar delitos como la desaparición (pero cuya definición –según el abogado López– no satisfizo a las familias), el “halconeo” contra quienes dan información a la mafia y la trata, así como la sanción por circular en automóviles con placas sobrepuestas o en los que no se hizo el cambio de propietario.
También pretenden cerrar todos los casinos y table dance; se limitó la venta de alcohol hasta las dos de la mañana, y se creó una red de difusión de boletines de extravíos que enlaza medios de comunicación, hospitales o centrales de autobuses.
Para la búsqueda incorporaron métodos informales –que las familias solicitan que se formalicen– como pedir al Ejército y a la PGR que permitan entrevistar a los detenidos por delincuencia organizada antes de que los trasladen fuera de Coahuila, para preguntarles por el paradero de los reportados como desaparecidos.
“En esas entrevistas obtenemos resultados. Si llega la federación y no nos enteramos y se lo llevan, se pierde una oportunidad. Por eso pedimos la autorización de declararlos de inmediato, porque es cuando dan la información; les mostramos el catálogo con las fotos y ahí dicen: ‘a ese fulano se lo echó tal, a este otro lo matamos porque creíamos que era de los otros, éste debía una lana o se lo echaron otros’. A veces dicen en qué lugar hay ‘cocinitas’ –dice en referencia a los lugares dedicados a la incineración de personas– o casas de seguridad.”
En diciembre fue la última vez que lograron que el Ejército les permitiera hacer una declaración de detenidos, quienes confesaron que habían asesinado a cuatro jóvenes y el lugar exacto donde estaban enterradas. Gracias a ese dato –dijo– rescataron sus restos en el municipio de Castaños, y a otras cuatro personas que mantenían cautivas.
En el lugar señalado encontraron los tambos en que disuelven los cadáveres (que él llama “cocinas”), restos humanos enterrados y otros cremados, más de 100 prendas de vestir y 800 casquillos, además de los cuatro prisioneros.
“Si no nos hubieran dejado declararlos se hubieran ido (a una cárcel federal) por portación de armas y droga y no nos hubiéramos enterado del paradero de los vivos y de las enterradas”, dijo.
Además de ese rancho, otros lugares donde la procuraduría ha detectado entierros clandestinos son San Buenaventura, Viesca, donde se encontraron restos de personas que fueron amarradas antes de morir, en el área rural de Saltillo (rumbo a Zacatecas) donde ubicó otra “cocina”.
Según Yáñez, la estrategia de combate frontal al narcotráfico y delincuencia organizada dictada por el gobierno de Felipe Calderón no fue la mejor para el tema de las desapariciones, y expuso: “¿Para qué me sirve un muerto si no vamos a poder interrogarlo? ¿O si una instancia hace investigación, si no va a compartir la información?”.
Trabas
Lo que se sabe hasta el momento es que las personas desaparecidas no se esfuman con el viento. Alguien los arrancó de su vida, y generalmente dejó huellas que en las procuradurías estatales nadie investiga. Las más frecuentes son las llamadas que se siguen haciendo desde los teléfonos celulares de las víctimas o los retiros de dinero en cajeros automáticos con sus tarjetas de crédito, así como las grabaciones en las videocámaras instaladas en las carreteras.El subprocurador comentó que las compañías de telefonía celular tardan hasta ocho meses en proporcionar la lista de llamadas hechas desde los aparatos de las personas buscadas, y que la Comisión Nacional Bancaria se rehúsa a proporcionar los videos de las personas que acceden a los cajeros automáticos.
Los encargados de las carreteras tampoco proporcionan información al argumentar que las cámaras seguramente no funcionaban cuando ocurrió el delito.
Las muestras de ADN también han sido un problema, ya que la PGR tarda meses en compararlas con las de cadáveres encontrados. Eso ocurre en el caso de una persona muerta y “entambada” que es reclamada por unas personas como su familiar, pero la PGR demoró más de nueve meses en contrastar la sangre de las familias con las muestras.
Cada estudio cuesta 15 mil pesos si se manda a hacer a un laboratorio privado. Por eso, explicó que el gobierno estatal optó por firmar un convenio con un experto neoleonés que con fondos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología realiza el cotejo genético, sin costo para el estado.
El Instituto Nacional de Migración también pone obstáculos al no dar información o mostrar fotos de las personas recluidas en las estaciones migratorias.
Apuntó que debe encontrarse el canal para enviar preguntas a los narcotraficantes convertidos en testigos protegidos o extraditados a Estados Unidos, como Sergio Villarreal, El Grande, quien seguramente tendrá información sobre el paradero de personas buscadas por sus familias, pues fue “jefe de la plaza”.
El subprocurador planteó que el gobierno de Enrique Peña Nieto debe intervenir para lograr la colaboración de esas empresas e instancias cuya información podría ayudar a localizar personas con vida y más rápidamente.
Al preguntársele acerca de su reunión en Gobernación indicó: “Propusimos que la Secretaría de Gobernación concentrara la información y que se creara un grupo de trabajo formado por autoridades estatales y federales y legisladores para avanzar en la legislación homologada que se deba tener con las particularidades que se requieren en cada estado”.
Agregó que espera tener una buena colaboración con este gobierno, ya que con el anterior no prosperó la coordinación con la PGR.
“Creemos que debe haber una legislación homologada a nivel nacional en el tema de desapariciones; que exista una buena base de datos nacional de personas desaparecidas (con fotos, huellas dactilares, información) y de las ya localizadas, y que los estados estén obligados a subir información. Necesitamos una inversión importante para que se creen en los estados laboratorios genéticos; que se permita entrevistar a los delincuentes sobre las desapariciones; que exista una base de datos nacional de cada muerto no identificado que sea consultable en cada procuraduría, y que se comparta información de los vehículos robados, porque éstos se utilizan para secuestrar. Nosotros estamos haciendo nuestra parte, pero necesitamos unir información con otros estados”, expresó.
Una de sus reflexiones fue que para obtener buenos resultados es necesario involucrar a las familias como coadyuvantes de las investigaciones; hacerlas aliadas, darles copia de las averiguaciones previas, permitirles aportar pistas y tomar en cuenta las sugerencias que hacen sobre las acciones a seguir.
Entrevistada sobre los anuncios del subsecretario, Diana Iris García, una de las madres integrante de Fundec, expuso que la organización considera que los datos de los hallazgos difundidos por el subprocurador son actos publicitarios, ya que la mayoría corresponden a personas que salieron de sus casas y no querían ser localizadas, y no de quienes permanecen en poder de grupos armados.
Rechazó que la mitad de los desaparecidos estén vinculados a grupos delictivos y aseguró que antes de manchar el nombre de las personas se deben realizar investigaciones a fondo.
“La respuesta de la subprocuraduría no está a la altura de los compromisos del gobernador. Al subprocurador le encanta hacer declaraciones mediáticas que sólo confunden a las familias. Y en la última reunión pedimos que si no tenía novedades que informar, que mejor no dijera nada, y permaneció callado”, sentenció.
Proceso
21/02/2013
No hay comentarios:
Publicar un comentario