El único registro de la última década reporta 5 mil
casos. PGR reporta de 2006 a 2012 a 422 personas.
Fabiola Martínez
Publicado: 22/02/2013 18:55
Publicado: 22/02/2013 18:55
México, DF. El extitular del secretariado ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública (SNSP), Oscar Vega Marín, rechazó
"categóricamente" la existencia de una base de datos con los nombres de 27 mil
desaparecidos, al corte de noviembre de 2012, último mes del sexenio de Felipe
Calderón.
En una carta enviada a los medios de comunicación - y también en entrevista- dijo que precisamente este acopio de información fue limitado porque las entidades federativas no enviaron los datos que se les solicitó respecto de personas desaparecidas. Precisó que el único registro de personas desaparecidas en la última década asciende a 5 mil 319 casos. La Procuraduría General de la República ha reportado que de diciembre de 2006 a junio de 2012 se había localizado a 422 personas.
"Esta misma falta de información completa, proveniente de las procuradurías estatales, hacen rechazar categóricamente la existencia de la lista a la que aluden distintos medios de comunicación - nacionales e internacionales- con base en supuestas filtraciones por parte de la PGR. El propio Secretario de Gobernación (Miguel Angel Osorio Chong) ha desmentido a su subsecretaria del ramo (Lía Limón), en el sentido de que el gobierno federal cuenta con un listado íntegro o teórico en el rubro", señala Vega en la misiva que a continuación se reproduce:
En relación con la cobertura que algunos medios de comunicación han dado respecto del tema de los desaparecidos en México, me permito realizar los siguientes comentarios:
1. El Gobierno del Presidente Felipe Calderón colaboró siempre con las autoridades estatales, hasta el límite de sus capacidades, en el cumplimiento de su primera obligación legal y política, que es la de procurar seguridad a sus ciudadanos.
2. En este sentido, es importante recordar que el secuestro y otras modalidades correspondientes a la desaparición de personas, son materia del fuero común, es decir, corresponde su investigación a las instancias estatales y no al Gobierno Federal.
3. Al inicio de la Administración no existía un esfuerzo sistematizado para la localización de personas extraviadas por parte de las entidades federativas. Antes de 2006, el sistema de justicia en México se enfocaba primordialmente en localizar al victimario en lugar de ubicar a las personas reportadas como desaparecidas o no localizadas. Tampoco existía un protocolo de búsqueda, por lo que la investigación se limitaba a las acciones instruidas por el Ministerio Público para la integración de la Averiguación Previa.
4. Es precisamente a partir de la Administración 2006-2012 cuando se comienza a hacer un esfuerzo sistemático de registro y búsqueda de personas no localizadas. Entre otras acciones, en el marco del Consejo Nacional de Seguridad, donde a través primordialmente de la Conferencia de Procuradores de Justicia, el Gobierno Federal impulsó la creación y sistematización del Registro de Personas
Extraviadas o desaparecidas, a partir del reporte de las Propias Procuradurías Estatales y de la información que llegase directamente a cualquiera de las dependencias federales vinculadas al Gabinete de Seguridad.
5. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la administración 2006-2012, reportó un limitado avance en la corroboración de la información provista por las entidades federativas, de conformidad con la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, promulgada en abril de 2012.
6. Conscientes del dolor e incertidumbre que viven las familias víctimas de la desaparición, secuestro o no localización de un familiar, la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos creó un Protocolo de Búsqueda de Personas desaparecidas o no localizadas que logró la integración de 1,032 expedientes y consiguió localizar a 79 personas, afortunadamente 62 de ellas con vida.
7. Esta misma falta de información completa, proveniente de las procuradurías estatales, hacen rechazar categóricamente la existencia de la lista a la que aluden distintos medios de comunicación -nacionales e internacionales-, con base en supuestas filtraciones por parte de la Procuraduría General de la República. El propio Secretario de Gobernación ha desmentido a su Subsecretaria del ramo, en el sentido de que el Gobierno Federal cuenta con un listado íntegro o “teórico” en el rubro.
8. El único listado disponible, que por cierto es de consulta pública en la Procuraduría General de la República, corresponde al Programa de Apoyo para Familiares de Personas Extraviadas, Sustraídas y Ausentes, el cual integra registros de personas no localizadas ocurridos con anterioridad a la propia Administración del Presidente Calderón y no sólo incorpora a personas probablemente desaparecidas por la delincuencia organizada, sino también a personas que probablemente desaparecieron por otras causas no necesariamente vinculadas a la violencia criminal, como puede ser el caso de quienes padecen una incapacidad que les impide valerse por sí mismas y que haya contribuido a su desaparición, o a quienes probablemente se hayan distanciado voluntariamente de sus familiares. Este registro es público y el número de personas reportadas desde hace más de una década asciende a 5,319. La propia PGR había reportado que entre diciembre de 2006 y junio de 2012 se había localizado a 422 de esas personas.
9. En cuanto a las aseveraciones realizadas por Human Rights Watch, compartimos con la organización la convicción de que sean investigados a fondo los casos de desaparición, en su gran mayoría cometidos por elementos de corporaciones locales, y que los culpables sean sancionados conforme a derecho. En el caso de los expedientes derivados de conductas indebidas por parte de personal federal, los autores de tales actos fueron llevados ante la justicia. En otros casos, como ya fue hecho del conocimiento de Human Rights Watch, los presuntos responsables utilizaron vestimenta similar a la usada por las fuerzas federales y deben ser sancionados conforme a la ley. José Oscar Vega Marín Ex-Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En una carta enviada a los medios de comunicación - y también en entrevista- dijo que precisamente este acopio de información fue limitado porque las entidades federativas no enviaron los datos que se les solicitó respecto de personas desaparecidas. Precisó que el único registro de personas desaparecidas en la última década asciende a 5 mil 319 casos. La Procuraduría General de la República ha reportado que de diciembre de 2006 a junio de 2012 se había localizado a 422 personas.
"Esta misma falta de información completa, proveniente de las procuradurías estatales, hacen rechazar categóricamente la existencia de la lista a la que aluden distintos medios de comunicación - nacionales e internacionales- con base en supuestas filtraciones por parte de la PGR. El propio Secretario de Gobernación (Miguel Angel Osorio Chong) ha desmentido a su subsecretaria del ramo (Lía Limón), en el sentido de que el gobierno federal cuenta con un listado íntegro o teórico en el rubro", señala Vega en la misiva que a continuación se reproduce:
En relación con la cobertura que algunos medios de comunicación han dado respecto del tema de los desaparecidos en México, me permito realizar los siguientes comentarios:
1. El Gobierno del Presidente Felipe Calderón colaboró siempre con las autoridades estatales, hasta el límite de sus capacidades, en el cumplimiento de su primera obligación legal y política, que es la de procurar seguridad a sus ciudadanos.
2. En este sentido, es importante recordar que el secuestro y otras modalidades correspondientes a la desaparición de personas, son materia del fuero común, es decir, corresponde su investigación a las instancias estatales y no al Gobierno Federal.
3. Al inicio de la Administración no existía un esfuerzo sistematizado para la localización de personas extraviadas por parte de las entidades federativas. Antes de 2006, el sistema de justicia en México se enfocaba primordialmente en localizar al victimario en lugar de ubicar a las personas reportadas como desaparecidas o no localizadas. Tampoco existía un protocolo de búsqueda, por lo que la investigación se limitaba a las acciones instruidas por el Ministerio Público para la integración de la Averiguación Previa.
4. Es precisamente a partir de la Administración 2006-2012 cuando se comienza a hacer un esfuerzo sistemático de registro y búsqueda de personas no localizadas. Entre otras acciones, en el marco del Consejo Nacional de Seguridad, donde a través primordialmente de la Conferencia de Procuradores de Justicia, el Gobierno Federal impulsó la creación y sistematización del Registro de Personas
Extraviadas o desaparecidas, a partir del reporte de las Propias Procuradurías Estatales y de la información que llegase directamente a cualquiera de las dependencias federales vinculadas al Gabinete de Seguridad.
5. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la administración 2006-2012, reportó un limitado avance en la corroboración de la información provista por las entidades federativas, de conformidad con la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, promulgada en abril de 2012.
6. Conscientes del dolor e incertidumbre que viven las familias víctimas de la desaparición, secuestro o no localización de un familiar, la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos creó un Protocolo de Búsqueda de Personas desaparecidas o no localizadas que logró la integración de 1,032 expedientes y consiguió localizar a 79 personas, afortunadamente 62 de ellas con vida.
7. Esta misma falta de información completa, proveniente de las procuradurías estatales, hacen rechazar categóricamente la existencia de la lista a la que aluden distintos medios de comunicación -nacionales e internacionales-, con base en supuestas filtraciones por parte de la Procuraduría General de la República. El propio Secretario de Gobernación ha desmentido a su Subsecretaria del ramo, en el sentido de que el Gobierno Federal cuenta con un listado íntegro o “teórico” en el rubro.
8. El único listado disponible, que por cierto es de consulta pública en la Procuraduría General de la República, corresponde al Programa de Apoyo para Familiares de Personas Extraviadas, Sustraídas y Ausentes, el cual integra registros de personas no localizadas ocurridos con anterioridad a la propia Administración del Presidente Calderón y no sólo incorpora a personas probablemente desaparecidas por la delincuencia organizada, sino también a personas que probablemente desaparecieron por otras causas no necesariamente vinculadas a la violencia criminal, como puede ser el caso de quienes padecen una incapacidad que les impide valerse por sí mismas y que haya contribuido a su desaparición, o a quienes probablemente se hayan distanciado voluntariamente de sus familiares. Este registro es público y el número de personas reportadas desde hace más de una década asciende a 5,319. La propia PGR había reportado que entre diciembre de 2006 y junio de 2012 se había localizado a 422 de esas personas.
9. En cuanto a las aseveraciones realizadas por Human Rights Watch, compartimos con la organización la convicción de que sean investigados a fondo los casos de desaparición, en su gran mayoría cometidos por elementos de corporaciones locales, y que los culpables sean sancionados conforme a derecho. En el caso de los expedientes derivados de conductas indebidas por parte de personal federal, los autores de tales actos fueron llevados ante la justicia. En otros casos, como ya fue hecho del conocimiento de Human Rights Watch, los presuntos responsables utilizaron vestimenta similar a la usada por las fuerzas federales y deben ser sancionados conforme a la ley. José Oscar Vega Marín Ex-Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
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