miércoles, 20 de febrero de 2013

Pasta de Conchos, vergüenza histórica

 


Napoleón Gómez Urrutia

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Miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana marchan hasta el Ángel de la Independencia y colocaron réplicas de féretros en memoria de los trabajadores muertos en yacimientosFoto Carlos Ramos Mamahua
En Chile rescatados, en México abandonados
H
oy se cumplen siete años de impunidad, abandono y agresión que Grupo México cometió en contra de los 65 trabajadores mineros caídos en la mina ocho de Pasta de Conchos, municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila. Una tragedia que ha mostrado la complicidad evidente y la corrupción de políticos y burócratas para proteger un caso claro de negligencia criminal de Germán Feliciano Larrea Mota Velasco y su empresa, los cuales se han comportado con absoluta perversidad, irresponsabilidad e indiferencia.
El mundo recuerda el éxito que los mineros de Chile tuvieron en octubre de 2010, al rescatar con vida a 33 trabajadores atrapados a 750 metros de profundidad en San José de Copiapó, después de 69 días de que ocurrió el derrumbe de la mina. En México no se olvida el coraje y la tristeza ante la explosión de la mina de carbón de Pasta de Conchos, donde Grupo México, Vicente Fox y Larrea abandonaron a los 65 trabajadores atrapados a sólo 120 metros de profundidad, al quinto día de una simulada escenografía de rescate. Fox, Francisco Javier Salazar, entonces secretario del Trabajo, y principalmente Germán Larrea, decidieron cerrar la mina, sin saber si los mineros estaban con vida. Todo con la intención de ocultar las causas que motivaron la tragedia, es decir, la negligencia criminal y la arrogancia e irresponsabilidad con que Grupo México, directivos, socios y cómplices han actuado y se han mantenido en la penumbra.
El homicidio industrial que se cometió allí sigue sin investigación y sin castigo para los responsables. Una vergüenza histórica que el sindicato denunció en muchas ocasiones y que no debe continuar más, porque daña la imagen de México y revela un sistema de protección ilegal y absurdo que denigra al sistema de justicia mexicano. Un país sin estado de derecho es un país sin futuro, que va al fracaso. El absurdo es que durante siete años se ha degradado la posición de respeto hacia México en el panorama político y jurídico internacional, sólo para proteger a un pequeño grupo de empresarios encabezado por Larrea, que no valoran ni respetan la vida ni la salud de sus empleados y trabajadores.
El deprimente papel de perversidad, abuso y corrupción que ese núcleo ha impuesto a nuestro país no se lo merecen México ni los mexicanos. La cobardía de ese grupo no puede representar ni transmitir la imagen de una nación integrada en su mayoría por gente decente. La clase trabajadora y las familias esperan que el actual gobierno anuncie las tareas de recuperación de los cuerpos abandonados, 63 de ellos en el fondo de la mina. Que se abra una investigación para determinar las causas del siniestro y se castigue a los responsables del nivel que sean y que se obligue a Grupo México a indemnizar con dignidad y justicia a los familiares de los mineros caídos en ese terrible y denigrante crimen.
Hoy debemos recordar que ni Germán Larrea, ni los ex presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón se presentaron jamás a la mina para ordenar y vigilar que se realizaran las tareas de rescate, ni siquiera para dar el pésame y los apoyos necesarios a todos los afectados por esa explosión, producto de la avaricia, la ambición, la arrogancia y la negligencia criminal.
El gobierno actual no sólo se diferenciaría de la cobardía de esos siniestros personajes, sino que crecería enormemente en su prestigio político y como administración que garantiza los derechos humanos. Hoy, este 19 de febrero en que se cumplen siete años de esos hechos bochornosos e inolvidables, los accionistas, directivos, socios y cómplices de Larrea y Grupo México, entre los cuales se encuentra algún ex presidente, deben estar escondidos para no mostrar la cara de cinismo y vergüenza que eternamente llevarán. Hasta ahora, nada ni nadie los ha hecho reaccionar, porque se sienten protegidos y dueños del mundo de fantasía y corrupción en que han convertido a nuestro gran país. Por el contrario, les han permitido esconderse en la impunidad, corrompiendo periodistas y medios de comunicación, abogados mercenarios, jueces, cámaras empresariales como la minera o la del acero, políticos y ex trabajadores vendidos y sometidos de la manera más vulgar y corriente a sus intereses. En esos medios se ha perdido la dignidad al utilizar gente sin escrúpulos para pervertir y deformar la realidad y la justicia, en los cuales se promueven linchamientos públicos absolutamente falsos y calumniosos sin recato y sin ética.
Ellos deben pedir perdón y dar una explicación a las familias, al sindicato de mineros, al pueblo de México y al mundo entero que los observa permanentemente. El gobierno de hoy tiene que dar una lección de honor y de moral al determinar que se haga justicia en Pasta de Conchos, caiga quien caiga. Nadie puede o debe estar por encima del marco legal por muy poderosos que parezcan o se crean, ni por muchas inversiones falsas que anuncian en su propio beneficio para impresionar a políticos superficiales, sin revelar los elevados costos humanos y sociales, la explotación indiscriminada de los recursos naturales, la contaminación de pueblos y comunidades, la evasión fiscal y la permanencia de un sistema de privilegios e impunidades del cual el pueblo de México ya está cansado y desesperado.
La corrupción, el cinismo y las actitudes demenciales de Larrea y sus socios no tienen límite, más que el de la fuerza de quienes buscamos que se haga justicia y la aplicación correcta del estado de derecho por parte del Estado Mexicano.
En Chile rescatados, en México abandonados. Una vergüenza permanente que siempre llevarán los responsables en sus conciencias manchadas de sangre minera. Este homicidio industrial como lo califiqué entonces y hoy es abiertamente reconocido como tal, nunca debió suceder y jamás debe repetirse. Por ello se requiere un ejemplo digno en la aplicación correcta y de buena fe de la justicia, por el bien de la educación y de los principios y valores de las actuales y futuras generaciones.