lunes, 25 de febrero de 2013

Las demoledoras cuentas de la auditoría superior

 

El gobierno calderonista alardeó de sus logros económicos y, a la hora del recuento, resulta que dejó destruidas las finanzas públicas. Especialmente en los últimos años del segundo sexenio panista, se hicieron evidentes las fallas, abusos y torpezas: La dependencia extrema de los ingresos petroleros, las incongruencias del sistema tributario y de la política de subsidios y el endeudamiento de algunas entidades federativas que simplemente hipotecaron su futuro. Las contundentes cifras que sustentan estas afirmaciones las dio la Auditoría Superior de la Federación el miércoles 20. Y como contexto, al nuevo gobierno priista se le aparecen los desaparecidos del calderonismo…
En su informe de resultados de la revisión de la Cuenta Pública federal de 2011 –que dio a conocer el miércoles 20–, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) es implacable: En el penúltimo año de su gobierno a Felipe Calderón se le descompusieron las cosas en materia económica, que era la que más presumía. La economía nacional se desaceleró; la actividad industrial, en particular, perdió gravemente el paso y el sector de más empuje dentro de ella, el manufacturero, prácticamente se estancó.
Fue el año en el que quedaron de manifiesto todas las debilidades de la política económica seguida en los últimos años: La dependencia extrema de los ingresos petroleros y de la economía estadunidense y las fallas e incongruencias del sistema tributario y de la política de subsidios.
En materia de impuestos todo lo que se hizo en los años previos no funcionó o cuando mucho tuvo un impacto efímero.
Se crearon el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) y el Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE); se aumentó un punto porcentual a la tasa del IVA, que quedó en 16% y de 11% en las fronteras; se le subieron dos puntos a la tasa del ISR, a 30%; se le impuso un IEPS de 3% a las telecomunicaciones, otro de hasta 30% a los juegos con apuestas y sorteos y de 53% a las bebidas alcohólicas.
Y la recaudación tributaria, sin embargo, no aumentó en 2011. Regresó a ser del 10% del PIB, nivel que ya se había superado en los primeros años del gobierno de Calderón.
Peor aún, el resultado del esfuerzo recaudatorio se diluyó en extraordinarias devoluciones de impuestos –sobre todo a grandes empresas–, por casi 285 mil millones de pesos.
En el mismo sentido buena parte de los ingresos excedentes que dejó el petróleo en 2011, por casi 97 mil millones de pesos, se fueron por la coladera de los subsidios a las gasolinas, que benefician a los estratos de población con más recursos.
Para completar el panorama de 2011, acabó el año con un festín de endeudamiento federal y local. La deuda bruta del sector público federal acabó en cinco billones de pesos, cuando al final del primer año de gobierno, 2007, fue de 2.6 billones.
Y en estados y municipios el desastre: La deuda subnacional, como le llaman los especialistas, pasó de 186 mil 470 millones de pesos en 2007 a 391 mil millones en 2011.
En términos generales es poco más del doble. Pero los casos individuales espantan. Por ejemplo Coahuila: en 2007 tenía una deuda de 487 millones de pesos. Cuatro años después, en 2011, era ya de ¡36 mil 500 millones de pesos!
Es decir que en 48 meses aumentó su deuda 75 veces.

Pocos y malos empleos

El Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011, que Juan Manuel Portal –titular de la ASF– entregó el miércoles 20 a la Cámara de Diputados, da cuenta del freno a la economía en 2011 y sus consecuencias en el ámbito laboral y salarial.
Ese año la economía nacional creció 3.9%, muy por debajo del 5.5% alcanzado en 2010. En particular la actividad industrial creció 4%, por debajo del 6.2% registrado un año antes.
El sector manufacturero, orgullo de quienes dirigen la economía del país –porque, dicen, pone a México a competir de tú a tú con las grandes potencias–, fue el que más se desplomó. Ese año creció apenas un poco más de la mitad que en 2010: 5.2%, contra 9.9% del año previo.
La disminución en el ritmo de crecimiento de la economía tiene como consecuencia natural el deterioro del empleo y el salario.
La ASF refiere que si bien en 2011 había 3.5 millones más de ocupados que en 2007, la mayor parte de ellos encontró una fuente de ingresos en la subocupación y en el sector informal.
En el periodo 2007-2011, poco más de la mitad (50.4%) del incremento en la población ocupada se empleó en la informalidad. Es decir, de esos 3.5 millones que lograron emplearse, casi 1.8 millones lo hicieron en la informalidad.
Nada halagüeños los datos de la ASF sobre algunas variables del mercado laboral. En 2007 los que estaban en el desempleo absoluto sumaban 1 millón 655 mil personas; cuatro años después ya eran 2 millones 561 mil. Un aumento de 906 mil 110 desempleados: 54.8%.
Subocupados (aquellos que tienen un trabajo insatisfactorio y que por eso buscan otro para completar un ingreso que les permita satisfacer las necesidades básicas) eran 3 millones en 2007; en 2011, un millón más.
En la informalidad había 11.6 millones en el primer año de gobierno de Calderón. En el quinto, 2011, sumaban 13.4 millones. Casi un millón 800 mil más “en actividades laborales con bajos niveles de productividad, de mínimas remuneraciones salariales y carente de seguridad social”, dice la ASF.
E interpreta: El mercado laboral formal “no retornó a los niveles prevalecientes en 2007”. El subempleo y la informalidad fueron el refugio de millones de personas para obtener un ingreso.
Peor aún, dice el ente fiscalizador, se deterioró la estructura salarial de los trabajadores subordinados o remunerados. Se redujo el número de trabajadores que ganaban más de tres salarios mínimos y aumentó el de quienes ganan de uno a tres mínimos.
Dice la ASF: El número de personas que percibían más de tres salarios mínimos se redujo en 980 mil 475 durante el periodo 2007-2011. En cambio, el número de quienes ganan de uno a tres mínimos se incrementó en 2 millones 191 mil trabajadores en el mismo lapso.
Otro dato relevante: En 2011 casi 72% de quienes estaban en el desempleo absoluto contaban con estudios que van de secundaria a nivel superior, “lo que representa una subutilización del capital humano que cuenta con estudios y experiencia laboral”.
Uno más: Entre 2007 y 2011 se crearon un millón 579 mil 966 empleos, apenas 51.8% de los 3 millones 51 mil 523 fijados como meta en el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012. Hubo un déficit, pues, de un millón 471 mil 557 empleos respecto de lo estimado oficialmente.
En materia de salarios si bien en 2010 y 2011 hubo un aumento en el valor real de aquellos –0.9% y 0.3%, respectivamente–, con las caídas en los años previos (-0.6% en 2007, -2.1% en 2008 y -1.5% en 2009), el saldo de los primeros cinco años del gobierno de Felipe Calderón es una caída de 3% en el valor real de los salarios. Menor capacidad de compra, pues.
Para ilustrar qué tan lejos están los salarios de cumplir con lo establecido por la Constitución, en el sentido de que “deben ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer la educación obligatoria de los hijos”, la ASF señala:
“El valor de la línea de bienestar urbana de una persona en diciembre de 2011 ascendió a 2 mil 274.9 pesos, mientras que ese mes el salario mínimo fue de mil 743 pesos. Considerando una familia con dos hijos, de acuerdo con el valor de la línea de bienestar, un padre de familia requeriría 9 mil 99 pesos con 60 centavos mensuales para hacer frente a sus obligaciones familiares, pero si sólo percibe un salario mínimo, su déficit de ingreso es de 7 mil 356 pesos con 60 centavos mensuales.
“Si se toma en cuenta que más de 60% de las personas subordinadas y remuneradas (19 millones 33 mil 884) reciben entre uno y tres salarios mínimos, es decir, un ingreso mensual de entre mil 743 y 5 mil 229 pesos, entonces dichos recursos tendrían que ser complementados por más de uno de los integrantes de la familia, a fin de que sus ingresos permitan llegar a la línea de bienestar familiar.”

Todo, del crudo

La ASF destaca en su informe la debilidad de las finanzas públicas y, sobre todo, los problemas estructurales en los ingresos del sector público. No se ha logrado, dice, revertir la fuerte dependencia de los ingresos petroleros.
En 2011 estos significaron 33.7% del total de los ingresos del sector público, cantidad superior en 0.8 puntos porcentuales a 2010. Y en los ingresos excedentes los petroleros aportaron 44.8% de ese total de excedentes.
Pero volátiles e inciertos que son los recursos petroleros, por altos que sean, siempre se esfuman por políticas incongruentes, dice la ASF.
La recaudación del IEPS a gasolinas y diésel, explica, ha sido negativa desde 2006 –excepto en 2009– y con montos crecientes: De 0.4% del PIB en 2010 a 1% del PIB en 2011, en virtud de que siempre se compran esos combustibles en el exterior, en montos mayores y a precios más altos, y se venden baratos en el país.
De hecho, dice la Auditoría: “El subsidio a los consumidores de gasolinas y diésel que el gobierno federal aplica, beneficia más a estratos de la población con mayores recursos, en razón de que alrededor de 50% del gasto en los petrolíferos lo efectúa 20% de la población con mayores ingresos y menos de 30% se concentra en 60% de la población de menores ingresos”.
Otro dato que destaca la ASF es el estancamiento de la recaudación tributaria del gobierno federal: En 2010 y 2011 representó 10% del PIB, a pesar de las reformas y modificaciones fiscales que se aplicaron en 2008 y 2010.
A esta situación se agregan los elevados montos de las devoluciones y compensaciones en el IVA y el grupo renta (ISR, IETU e IDE), que en conjunto durante 2010 y 2011 representaron 28.6% y 31.1% de la recaudación tributaria del gobierno federal.
De una auditoría específica sobre el tema de las devoluciones de impuestos, la ASF destaca datos que ilustran las debilidades de la normatividad tributaria.
En 2011 el Servicio de Administración Tributaria, brazo recaudador de la Secretaría de Hacienda, recibió un millón 51 mil 780 solicitudes de devolución. De ellas, 97.6% fueron de personas físicas y morales y el 2.4% restante lo hicieron lo que en la jerga hacendaria llaman “grandes contribuyentes”, es decir las empresas más poderosas.
Resulta que por las primeras, el SAT devolvió 65 mil 693 millones 141 mil 700 pesos. Y por las segundas devolvió –a las grandes empresas– 219 mil 161 millones 99 mil 700 pesos.
El total devuelto en 2011, entonces, fue de 284 mil 854 millones 241 mil 400 pesos. Y nada ilegal hay en ello, ni es decisión arbitraria de la autoridad. La ley lo permite.
Y todo, aclara la ASF, porque hay privilegios fiscales para algunos contribuyentes, porque hay exenciones o tasa cero en algunos bienes y servicios, tasas reducidas, subsidios, facilidades diversas, entre otros.
Y de los grandes contribuyentes, los que más se beneficiaron con las devoluciones fueron los que se dedican a la fabricación o ensamble de camiones o tractocamiones, comercio en supermercados, tiendas departamentales, producción y procesamiento de alimentos, producción de aves de corral en incubadora y telefonía celular, entre otros, según la ASF.

Sin capacidad de pago

Un tema de interés especial fue el de la deuda de los estados y municipios, sobre la que practicó una auditoría especial.
Entre 2009 y 2011 la deuda subnacional se triplicó. Cerró el año de estudio en 390 mil 777 millones 500 mil pesos. En 2000 la deuda de estados y municipios era de apenas 91 mil millones.
Fue la crisis financiera internacional de 2009, en principio, lo que incentivó el endeudamiento, dice la ASF, pues se redujeron los recursos federales a los estados, además del nulo esfuerzo recaudatorio que hacen estos y los municipios.
Pero a ello, dice la Auditoría, se agregan la tradicional opacidad en el manejo de las finanzas públicas locales y la falta de transparencia en el saldo de la deuda de entidades y municipios. Pero sobre todo, lo que generó el caos de endeudamiento en esos niveles de gobierno es la enorme cantidad de lagunas que tiene el marco regulatorio que, fatalmente, “no establece la obligación de transparentar todas las obligaciones contraídas por los gobiernos subnacionales”.
Con manga ancha, pues, y sin que la ley se los impidiera, los estados y municipios se endeudaron de manera extraordinaria, muchos de ellos por encima de sus posibilidades de pago.
Al cierre de 2011 cinco entidades tenían una deuda que rebasaba con creces el monto de las participaciones federales que recibieron, y que son la garantía de pago de su deuda.
Coahuila, que de una deuda de 487 millones de pesos en 2007, la aumentó hasta 36 mil 507 millones en 2011. Este monto es 304.6% de sus participaciones federales.
La deuda de Quintana Roo, que de 2 mil 429 millones en 2007 pasó a poco más de 13 mil millones: 204.2% de sus participaciones federales.
Nuevo León es, después del Distrito Federal, la entidad con la deuda más elevada: de 17 mil 346.2 millones en 2007 a 38 mil 590.5 millones en 2011: 166% de sus participaciones.
Chihuahua pasó de una deuda de 6 mil 623.3 millones a otra de 17 mil 319 millones en 2011, 118.4% de sus participaciones. Finalmente Nayarit tiene una deuda baja, comparada con la de otros estados, pero el saldo de 2011, por 5 mil 534.5 millones –648 millones en 2007–, representa 112% de sus participaciones.
El Distrito Federal fue la entidad con la deuda más alta en 2011: 56 mil 232.2 millones de pesos –12 mil 153 millones más que en 2007–, pero que es 96% de sus aportaciones federales, además de que es la entidad con los ingresos propios más considerables.
En el dictamen de la auditoría especial sobre la deuda subnacional, la ASF considera que las autoridades (Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria) cumplieron con las disposiciones normativas para el registro de la deuda de estados y municipios.
Pero no se aplicaron en la necesaria armonización contable de todos los niveles de gobierno, ni en tener ya no sólo formatos homogéneos para la entrega de la información de aquellos, sino ni siquiera un “marco conceptual, metodológico, necesario para la integración, registro y análisis de todos los componentes de la deuda pública y demás obligaciones y pasivos financieros de las entidades y municipios”.
Proceso
25/02/2013