Injustificable, que los pobladores se arroguen el
derecho de juzgar, dijo el ombudsman nacional.
Fernando Camacho Servín
Publicado: 06/02/2013 11:14
Publicado: 06/02/2013 11:14
México, DF. La existencia de guardias comunitarias en
el estado de Guerrero puede explicarse por la falta de atención de las
autoridades a los pueblos de diversas regiones de dicho estado, pero de ninguna
manera se justifica que esos grupos tomen la justicia en sus manos y se arroguen
el derecho de juzgar a quienes han cometido una falta, indicó el presidente de
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia
Villanueva.
Durante un encuentro con los medios de comunicación, el
ombudsman nacional enfatizó que el surgimiento de grupos armados es una
“señal de alarma”, ya que pone de manifiesto la inacción del gobierno en su
labor básica de brindarle seguridad a la población, y puede extenderse a otras
zonas del país.
La línea divisoria entre las unidades de policía comunitaria
que nacen con un propósito loable y los grupos de paramilitares o guardias
blancas es muy tenue, advirtió Plascencia, y el resultado de ello podría ser una
creciente ingobernabilidad.
Con respecto a los incidentes violentos ocurridos el sábado
pasado en el penal de las Islas Marías, el funcionario informó que la CNDH ya
inició una investigación al respecto y recordó que desde hace al menos dos años
ya había advertido sobre las pésimas condiciones de reclusión de los internos,
quienes son encerrados en celdas demasiado pequeñas, sin agua potable y
sometidos a maltratos por parte de los custodios, lo cual forma un “caldo de
cultivo” para motines.
De acuerdo con la información más reciente, añadió, son siete y
no cuatro los guardias de seguridad hospitalizados en la ciudad de Mazatlán,
quienes laboraban en la zona conocida como Laguna del Toro, donde se encuentran
recluidos unos 650 reos de máxima peligrosidad.
A propósito de la explosión en la Torre de Pemex, informó que
el organismo a su cargo ya inició una queja de oficio por la entrega equivocada
de restos a familiares de algunas víctimas, lo cual dejaría ver la ineficiencia
de los protocolos de actuación del Servicio Médico Forense.
Por otro lado, Plascencia llamó al Congreso de la Unión a
desechar la propuesta de reformar el artículo primero constitucional, por
considerar que los derechos humanos de la población deben ampliarse en vez de
limitarse, y adelantó que el organismo a su cargo ya investiga la violación de
siete turistas españolas en un hotel de la ciudad de Acapulco.
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