lunes, 25 de febrero de 2013

En el borde del paramilitarismo

 

Debido a la manifiesta incapacidad del Estado para brindar protección a los ciudadanos, en varias entidades del país han empezado a multiplicarse, fuera de control, los grupos de autodefensa ciudadana o, como se les designa eufemísticamente, policías comunitarias. Cara abierta algunos, embozados otros, están en el filo de lo paramilitar. Símbolo del hartazgo de quienes viven a merced del crimen organizado, estos grupos –advierten especialistas en seguridad– corren el riesgo de convertirse en instrumento de las mafias a las que pretenden combatir, de los grupos guerrilleros o incluso de políticos inescrupulosos.
Aún no se cumple el plazo que estableció para marcar diferencias con el gobierno calderonista y a Enrique Peña Nieto ya le hizo explosión el problema de la autodefensa ciudadana. Comunidades campesinas e indígenas, cansadas de la irrefrenable espiral de violencia e inseguridad, decidieron armarse para defenderse del crimen organizado y asumir la tarea que le corresponde al Estado.
El riesgo, señalan los especialistas, es que este fenómeno de autodefensa ciudadana o policías comunitarios se expanda a otros puntos del país donde hay condiciones más graves de inseguridad, hasta el punto de que esos grupos controlen regiones enteras y luego sean manipulados por las mafias o incluso por agrupaciones políticas.
En términos de seguridad, del pasado 1 de diciembre a la fecha el gobierno de Peña Nieto no se ha diferenciado del de Felipe Calderón. Según recuentos periodísticos, en los casi cuatro meses del gobierno actual van más de 2 mil muertos, en tanto que los índices de secuestros, asaltos, desapariciones forzadas, extorsiones y otros delitos se mantienen e incluso han aumentado en varias regiones.
En este escenario de violencia e inseguridad han surgido los grupos de autodefensa ciudadana. Armados con fusiles, pistolas, escopetas y hasta palos, y provistos de aparatos de comunicación, estos tomaron la tarea esencial del Estado de brindar seguridad, sobre todo en zonas campesinas e indígenas del sur del país –aunque también las hay en Jalisco y Chihuahua– que resaltan por los altos niveles de pobreza, marginación, abandono y presencia de grupos criminales.
“Si el Estado no atiende este problema de manera cuidadosa y racional puede haber más violencia, se pueden renovar los cacicazgos, los grupos parapoliciacos, o abrir una puerta más para el crimen organizado y el narcotráfico”, advierte Erubiel Tirado, maestro en derecho por la London School of Economics, profesor de la Universidad Americana y responsable de la cátedra sobre seguridad nacional en la Universidad Iberoamericana.
A su vez la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC, fundada en 1995 y responsable de la Policía Comunitaria de Guerrero) se deslinda de los grupos de autodefensa de Ayutla que han matado a tres presuntos delincuentes en las últimas semanas; asegura que podrían estar manipulados por el gobierno de Ángel Aguirre Rivero para abrirle paso a las trasnacionales mineras o al grupo criminal encabezado por Víctor Aguirre, El Padrino, de quien presumen que es pariente.
“Ante el fracaso evidente del Estado se está abriendo la puerta a la posibilidad de más desgracias, de abrir más las puertas del infierno”, sostiene por su parte el vocero del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Javier Sicilia.

La proliferación

Los primeros días de enero de este año autoridades comunitarias de cuatro municipios de la región Costa Chica de Guerrero decidieron tomar las armas para defenderse de la delincuencia. Tres semanas después resolvieron convertirse en “tribunal popular” para enjuiciar a 54 personas a las que habían detenido acusadas de delincuencia organizada.
El pueblo guerrerense de Ayutla de los Libres se convirtió en atracción política y mediática: Era la expresión más reciente del fracaso del Estado en su papel de garante de la seguridad. Los ciudadanos se erigieron en “policías comunitarios” y en jueces. Juzgaron y condenaron a los presuntos delincuentes, aunque al final los entregaron a las autoridades estatales a cambio de algunas prebendas. Pero también mataron a tres personas: dos que no se detuvieron en un retén, y otra acusada de pertenecer a un grupo del narcotráfico.
Sin embargo la aparición de los “policías comunitarios” en diversas partes del país empezó mucho antes. Desde 2011 han emergido grupos así en otras entidades, como expresión de inconformidad y hartazgo –sobre todo de pueblos indígenas– por la inseguridad.
Una revisión periodística revela que en el país actualmente hay 36 grupos de autodefensa ciudadana en ocho estados: 20 en Guerrero, cuatro en Michoacán, tres en Morelos, dos en Oaxaca, dos en Veracruz, dos en Chihuahua, dos en el Estado de México y uno en Jalisco.
Incluso hay un antecedente: En 1861 Benito Juárez decretó la creación de cuatro cuerpos de Policía Rural bajo las órdenes del Ministerio de Guerra. Según Tirado ésta es la referencia histórica directa de las actuales policías comunitarias de las zonas rurales.
La Policía Rural ha tenido cambios en distintos momentos. Actualmente su funcionamiento lo regula el capítulo III de la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, que marca la existencia de los Cuerpos de Defensa Rurales; también cuenta con un Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Fuerzas Rurales.
Aunque no se sabe cuántos efectivos hay, gracias a una petición de información la Secretaría de la Defensa Nacional informó hace dos años que tiene en servicio 26 cuerpos rurales (13 de infantería y 13 de caballería) en 22 estados. Sus tareas son adquirir información sobre actividades ilegales, patrullar aéreas rurales, guiar a los cuerpos militares regulares y asistirlos en diversas actividades.
Pero la más antigua de las policías comunitarias –como ahora las conocemos– es la que integra el Sistema de Seguridad, Justicia y Reeducación Comunitaria de la CRAC, que se fundó el 15 de octubre de 1995 en los pueblos de la Montaña de Guerrero para brindar seguridad, impartir justicia y reeducar al delincuente.
Con 17 años de operación tiene más de mil 200 policías que son elegidos públicamente por cada comunidad; se les capacita en funciones de vigilancia, manejo de armas y derechos humanos, protegen a una población de más de 3 mil personas de 108 comunidades, no están embozados y no reciben salario.
La Policía Comunitaria de la Montaña y Costa Chica de Guerrero obedece a la Asamblea Regional, de la que se derivan el Comité Ejecutivo y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias. Hay un reglamento interno que especifica las funciones del sistema de seguridad e impartición de justicia. Los detenidos no son entregados al Ministerio Público municipal sino que son juzgados por las propias autoridades comunitarias, que establecen como castigo trabajos comunitarios y reeducación por parte del consejo de ancianos.
Pablo Guzmán Hernández, coordinador regional de la CRAC, sostiene en entrevista que en sus 17 años de actividad la policía comunitaria no ha asesinado a nadie y que ha reducido hasta en 95% la violencia de la región. “Nuestra policía tiene un gran compromiso moral con la comunidad”, asegura el único de los coordinadores mestizo; todos los demás son indígenas.
En Chihuahua, en 2009 la familia de Julián LeBarón decidió formar un grupo de autodefensa luego de que sicarios del crimen organizado asesinaron a Benjamín (hermano de Julián) y a su cuñado Luis Widmar Stubbs el 7 de julio de ese año. “Si no tienes manera de hacerlo se acabó toda tu libertad y si sabes que la autoridad no ha defendido a tus vecinos y no tomas el asunto en tus propias manos, entonces estás abdicando en cierta manera de tu derecho a la vida”, sostiene en entrevista el agricultor mormón.
Otra de las comunidades que se organizó para protegerse de la delincuencia es Tetela del Volcán, en Morelos, que en mayo de 2011 integró el Grupo Relámpago con 200 comerciantes, empresarios, colonos, estudiantes, campesinos y profesionistas. Todos portan radios o celulares y con eso cubren no sólo el pueblo sino toda la región colindante con Puebla, Tlaxcala y el Estado de México. No han recibido instrucción militar y sólo tienen funciones de protección; es decir, que a los delincuentes que detienen los entregan a las autoridades.
Ocoxaltepec, Jumiltepec y Zacualpan son otras tres comunidades morelenses también con grupos de autodefensa (Proceso 1803).
El caso de la policía comunitaria de Cherán surge también en 2011 como respuesta a la ineficacia del gobierno michoacano para protegerlos de la amenaza de los talamontes vinculados con la mafia. Hoy esta policía recibe apoyo, armas y entrenamiento del gobierno estatal pero está bajo el mando de los seris, los jefes de la comunidad elegidos por voto popular directo (Proceso 1803).
Con el ejemplo de Cherán al menos otra decena de comunidades purépechas tomaron las armas para protegerse. Urapicho es una de esas: En octubre de 2012 decidió armarse ante las amenazas del cártel de Los Caballeros Templarios tras la muerte de uno de sus líderes, Mauricio Cuitláhuac Hernández, El Güero, encargado de la tala ilegal en las cercanías del poblado. Otras ocho comunidades de la Meseta Purépecha se armaron (Proceso 1878).
Otro grupo es el de Tantoyuca, en la Huasteca Veracruzana. Se hacen llamar Guardia Civil Huasteca, comenzaron a organizarse en septiembre de 2012 y, según un reportaje de Francisco de Luna publicado en la revista Era de esa entidad en noviembre pasado, en una carta enviada a Felipe Calderón y a Enrique Peña Nieto anunciaron el inicio de sus acciones armadas contra la delincuencia organizada.
“Tenemos que estar armados al margen de la ley (…) es preferible que llenemos los reclusorios de Pánuco, Ozulama, Chicontepec, Tantoyuca y Tuxpan o el mismo cuartel si así lo quieren, que llenar los cementerios o las fosas clandestinas que tienen los secuestradores para los cadáveres de quienes no pagan el secuestro”, sostuvo este grupo, cuyos integrantes en su mayoría son jóvenes de entre 20 y 25 años.

Fracaso del Estado

Todos los grupos de autodefensa ciudadana o policías comunitarios nacieron por el clima de creciente violencia. “Evidentemente es la falta o ausencia del Estado en varias regiones del país. Si en materia de seguridad hay un déficit del Estado, este vacío se llena por otras formas: Por el poder caciquil, el crimen organizado o los policías comunitarios”, indica Tirado.
Precisa que es muy engañoso justificar el surgimiento de estos grupos por una defensa legítima a la seguridad y la vida, porque en términos jurídicos están fuera de la ley. “¿Cuál es el límite que el Estado mexicano está dispuesto a aceptar? Una cosa es que se haga de la vista gorda en Chiapas con el EZLN y otra muy distinta con los grupos que están surgiendo en Guerrero”.
Señala que puede ser que se legisle a nivel local en un esquema temporal que valide el Estado, porque no se puede permitir la generación de ínsulas de dominio territorial al margen de los poderes federal, estatal o municipal.
“De la misma manera que se espera que el Estado desarrolle capacidades con mejores recursos humanos y materiales, policías entrenados, de la misma manera debemos esperar que en aquellas zonas donde se están generando esos fenómenos de autogobierno y autodefensa no se generen ínsulas de poder”, insiste.
Dice que la intervención del Estado debe ser cuidadosa y racional, no avasallar los esquemas de autoprotección que son legítimos, sino reconocerlos y fortalecerlos eventualmente dentro de un marco institucionalizado, porque de lo contrario también está el riesgo de convertirlos en nuevas formas de poder de grupos del crimen organizado, el narcotráfico e incluso de la guerrilla.
Advierte que en algunas zonas donde han surgido estos grupos de autodefensa hay movimientos guerrilleros. De haber un vínculo entre ellos el problema sería más grave, aunque se tendría que evitar un ataque del gobierno. “Por eso el Estado debe ser muy cuidadoso con este fenómeno”, recalca.
Conocedores de este fenómeno por ser los primero en organizarse y, además, compartir el territorio con los nuevos grupos de autodefensa ciudadana, los integrantes de la CRAC advierten otros peligros en el intento del gobernador Ángel Aguirre Rivero de integrar a la policía comunitaria al cuerpo de la Policía Auxiliar del estado, tal como lo decretó recientemente.
Pablo Guzmán Hernández, coordinador regional de la CRAC, rechaza esa intención del gobernador de Guerrero, así como de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; del coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, y de legisladores del PAN y PRD, de que se aplique la ley contra estos grupos de autodefensa o policías comunitarios y se legisle en la materia.
Los integrantes de la CRAC rechazan que se les quiera legislar, porque aseguran que el gobernador Aguirre sólo quiere controlarlos.
“Sobre este fenómeno de los levantamientos armados populares y sus grupos de autodefensa, creemos que el sistema de seguridad oficial ha fracasado; tenemos un país en una situación de gran inseguridad y los gobernantes, en lugar de ver como un conflicto más estas iniciativas populares de seguridad, deberían verlas como una gran oportunidad que si se sabe abordar podría convertirse en un sistema de seguridad ciudadana que viene a coadyuvar a nivel nacional para que las cosas cambien, para que estén mejor”, señala Guzmán.
Arturo Campos Herrera, consejero regional de la Casa Paraíso en Ayutla de los Libres, advierte de un peligro más si se quiere aprobar el decreto del gobernador de Guerrero: Que se dé paso libre a las compañías mineras y al control absoluto de la zona por parte del narcotráfico.
“Es muy claro lo que está pasando: Todo lo que han hecho estos grupos de autodefensa, como matar a tres personas, lo ha avalado el gobierno. Vemos que esa organización, sus líderes, se están prestando al gobierno. Quieren abrir camino para la minería, principalmente a las zonas indígenas, para poder explotar las minas. Nosotros pedimos carreteras durante muchos años y ahora a esta organización le van a apoyar su proyecto. En el fondo también está metido el narcotráfico. Si es cierto que el gobernador tiene familia implicada, podrían estar utilizando la autodefensa para limpiar la plaza, para que pueda entrar la delincuencia”, sostiene.
Ignacio Navarro, consejero alterno de la CRAC, vocero de la casa San Luis Acatlán, es más contundente. “El narco es organización también y pueden aprovechar esto. Si lo vemos de fondo, ese decreto no es para nosotros, porque ya tenemos una estructura, un reglamento interno, una organización. Por eso rechazamos el decreto. Como coordinadora desde enero dijimos que esta zona se iba a militarizar y ahí está, bien militarizada. ¿A dónde piensa dirigir el gobernador este movimiento?”, cuestiona.
Proceso
25/02/2013