lunes, 25 de febrero de 2013

300 mil desaparecidos y contando

 

Por: Sanjuana Martínez - febrero 25 de 2013
La primera vez que me enfrenté con el crimen de la desaparición forzada era estudiante de periodismo. Hacía mis prácticas en el Diario de Monterrey, cuando me asignaron la cobertura sobre el tema. Acudí a un evento en una plaza. Había apenas diez personas. De pronto, una señora delgada y bajita, con cabello oscuro largo, vestida de negro, tomó el micrófono y contó la historia de su hijo desaparecido, cuya foto colgaba de su cuello.
Era doña Rosario Ibarra de Piedra, incansable luchadora por los desaparecidos de México desde hace 30 años. El caso de Jesús Piedra Ibarra me conmovió hasta las lágrimas. Pensé que un crimen tan execrable, permanente y continuado, no afectaba solamente a su familia, sino a todos los mexicanos. Esos desaparecidos, me dije, son también nuestros desaparecidos.
Desde entonces me comprometí con la causa. Cubrí las desapariciones del Chile de Augusto Pinochet y las de las Juntas Militares de Argentina. Investigue casos de la Operación Cóndor, el plan de coordinación de operaciones de miles de desapariciones forzadas entre las dictaduras de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia, con la intervención de la CIA y el Departamento de Estado.
Caminé al lado de las víctimas de desaparición forzada en Argelia; viví la búsqueda de familiares en la ex Yugoslavia; acompañé a los médicos forenses a las tumbas clandestinas de la dictadura de Francisco Franco en España 50, años después. Investigué casos tremendos de desaparición forzada en el Perú de Alberto Fujimori y la Colombia de Álvaro Uribe. Y en otros países.
En fin, el tema ha sido recurrente en mi camino periodístico. Y cada día me siento más cerca de las víctimas y su tragedia. A lo largo de todos estos años he encontrado gente maravillosa en las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Se lo contaba hace unas semanas a Emiliano Balerini durante una entrevista que me realizó. Él es amigo de mi querida Paula Mónaco, ambos pertenecientes a la organización H.I.J.O.S. formada por hijos de desaparecidos de Argentina.
Sin embargo, paradójicamente las historias más terribles de desaparición forzadas las he cubierto en mi propio país durante el sexenio de Felipe Calderón y los dos primeros meses del gobierno de Enrique Peña Nieto. En el andar con los familiares de desaparecidos he vuelto a centrarme en casos de migrantes de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, a su paso por México, rumbo al sueño americano.
La cifra de desaparecidos varía de acuerdo al momento político. Calderón ocultó esas cifras, al igual que ahora lo hace Peña Nieto. Más allá de las estadísticas oficiales, hay datos esclarecedores que nos muestran que las desapariciones en México constituyen una verdadera catástrofe humanitaria. Estamos hablando de 300 mil desaparecidos, según el estudio de la investigadora Marien Rivera, coordinadora del área de seguridad del Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. (CIDAC), basada en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), y del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Este estudio sitúa en 100 mil la cifra de muertos durante el sexenio calderonista.
Por tanto, la cifra proporcionada en las últimas semanas por el gobierno de Enrique Peña Nieto de 27 mil desaparecidos es ciertamente fuera de la realidad. Ni los 20,852 de Propuesta Cívica, A.C. o la cifra de 25 mil publicada por el Washington Post. Incluso, ni la cantidad manejada por Human Rights Watch (HRW) que en su último informe documentó 249 de las cuales 149 son “forzadas”, debo decir que es únicamente un muestreo del desastre nacional en este tema. Evidentemente no están los miles casos, solo una selección de los mismos.
Los números son importantes, tan importantes, que el gobierno de Enrique Peña Nieto se niega a contar a los desaparecidos. Y ha elaborado toda una estrategia de Estado para lavarle la cara a su gobierno y echarle la culpa al anterior. Para ello ha convencido a líderes de opinión y algunas organizaciones supuestamente independientes, a cambio de intereses inconfesables.
El informe de HRW ofrece algunos pormenores de la tragedia de los desaparecidos. Carece, sin embargo, de equilibrio en los casos de Nuevo León, un estado que coloca como “colaborador” gracias al gobierno del priísta Rodrigo Medina a favor de la localización de los más de 2,500 desaparecidos registrados en este lugar. Hay que decir que en Nuevo León las autoridades no han localizado a ningún desaparecido. Y cuando supuestamente lo han hecho, como en el caso de Juana Solís Barrios a cuya hija, Brenda Damaris González, localizaron en una fosa clandestina y se la entregaron sin la certeza del ADN debido a la incapacidad para realizar un trabajo riguroso y serio en medicina forense.
Con Rodrigo Medina, dice Human Rights Watch, se destinaron cinco agentes ministeriales a la investigación de desaparecidos. Imaginen ustedes lo que son cinco agentes para más de dos mil casos. Peor aún, el informe se atreve a decir que las víctimas de desaparecidos han recuperado la confianza en sus autoridades, particularmente en los agentes ministeriales, los mismos que han sido acusados de pertenecer a la policía más torturadora de Nuevo León a cargo del procurador Adrián de la Garza. Y eligió al gobierno de Medina como “un modelo” para atender los casos de desaparición forzada.
Nada más alejado de la realidad. A pesar de que recientemente se tipificó el delito de desaparición forzada, esta modificación no ha dado frutos aún. Por eso, Leticia Hidalgo Rea, madre de Roy Rivera, su hijo desaparecido por fuerzas del Estado en connivencia con el crimen organizado, se siente indignada.
“Nunca pensé que este informe fuera como un informe de parte del gobierno del estado de Nuevo León, tal parece que fue el gobierno quien lo redactó. Todas las opiniones las recoge del gobernador, los ministerios públicos, la procuraduría y de Cadhac, dirigido por la monja Consuelo Morales, una sola organización no gubernamental, cuya religiosa no ha permitido que nosotros estemos presentes en esas reuniones”, dice Leticia Hidalgo Rea, fundadora de LUPA (Lucha por amor, verdad y justicia), ahora integrada en FUNDEC (Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos de Coahuila), sección Nuevo León.
Y añade: “Human Rigths Watch nos ha excluido de su informe porque somos críticos al gobierno de Rodrigo Medina. No sentimos que haya resultados satisfactorios en Nuevo León. Ni los cambios radicales de los que habla el informe. Eso es mentira, no es cierto que sean satisfactorios los resultados en torno a los desaparecidos”.
El informe señala que hay 52 detenciones en siete casos de desaparecidos: “Es una cifra mínima y lo peor es que el informe no menciona que en Nuevo León se haya encontrado a algún desaparecido, porque no se ha encontrado a uno con vida o a una persona desaparecida que hayamos reportado. No hay mecanismos de búsqueda. Seguimos en la misma circunstancia y con la misma indiferencia de las autoridades. Este informe de HRW informa de lo que le dice el gobierno que informe, no de la realidad de nuestros desaparecidos”.
Y añade: “Es muy lamentable que el informe señale que ha tenido “todo el apoyo de la procuraduría”. Es mentira. No lo hemos tenido. No entiendo porque está dando un informe de parte del gobernador Rodrigo Medina. Incluso tratamos de acercarnos a Human Rights Watch pero no obtuvimos respuesta. Es muy injusto que se trate de distorsionar la realidad de Nuevo León donde lo único que impera es la impunidad”.
Las palabras de Leticia Hidalgo Rea son esclarecedoras y expresan el sentir de un grupo de familiares de desaparecidos que en ningún momento ha sido escuchado ni por el gobierno de Medina, el Procurador Adrián de la Garza ni por Human Rights Watch, cuyo informe efectivamente no es exhaustivo, ni muestra todas las caras de la tragedia humanitaria que padece México en torno a las desapariciones.
Mientras el gobierno de Enrique Peña Nieto y el Gobernador Rodrigo Medina sigan mirando hacia otro lado, los miles de desaparecidos les perseguirán hasta el último día de sus respectivos gobiernos.
El delito de la desaparición forzada no prescribe. Y como dice Eduardo Galeano: “desaparecidos: los muertos sin tumba, las tumbas sin nombre”.