Miércoles, 6 Febrero 2013
Carlos Loret de Mola
“Es el caso de lavado de dinero más grande de la historia de México”, me lo definió uno de los responsables de la investigación que señala a la famosa familia coahuilense Juan Marcos, estrechamente vinculada con los hermanos Humberto y Rubén Moreira, ex mandatario y mandatario de Coahuila. “Si lo logran acreditar ante un juez”, le recordé.
La investigación la iniciaron en el sexenio pasado desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tanto en tiempos de Ernesto Cordero, hoy coordinador de los senadores del PAN, como de José Antonio Meade, hoy secretario de Relaciones Exteriores. Específicamente, en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) bajo las órdenes de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, actualmente ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El expediente llegó a detectar movimientos sospechosos por cuatro mil millones de pesos, aunque se pudieron acreditar con mayor certeza jurídica cosa de mil 600 millones de pesos.
Sin embargo, en la recta final del sexenio calderonista, la indagatoria se topó con un muro en la Procuraduría General de la República, encabezada por Marisela Morales, quien frenó el avance del caso dándole vueltas al asunto, extraviándolo en la burocracia, según me reconocieron dos fuentes del gobierno federal, pertenecientes a los dos “bandos” gubernamentales panistas de esta puntual disputa.
El nuevo gobierno parece haber desempolvado el caso, sobre el que existió una fuerte presión de Estados Unidos.
Según la indagatoria, a través de sus empresas, los hermanos Salomón y Antonio Juan Marcos Villarreal (este último diputado local priista de Coahuila), hijos de Salomón Juan Marcos Issa (actual diputado federal del PRI), solicitaron al fisco millonarias cantidades de dinero en devoluciones de impuestos.
Desde sus instalaciones de inteligencia aduanera con sede en Querétaro, el SAT habría dado seguimiento a algunas de estas empresas y detectado que, por ejemplo las del ramo textil, declaraban realizar envíos inusualmente grandes de contenedores con pantalones de mezclilla curiosamente de la misma talla. Al abrir los contenedores, los agentes aduanales los habrían descubierto semivacíos, con unos cuantos jeans hasta adelante.
Estas devoluciones de dinero habrían viajado a bancos de Estados Unidos, a instituciones financieras de México y a casinos de la “Ciudad del Pecado”, como el del exclusivo hotel Wynn. Las Vegas fue la clave que permitió “amarrar” el caso, según una fuente involucrada en la investigación.
El Gobierno federal mexicano no lo hubiera logrado sin la asistencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), pues fue esta dependencia quien aportó la información de los casinos.
SACIAMORBOS
La presión del vecino del Norte está fuerte, sobre todo en un sexenio donde Estados Unidos siente que el régimen priista no les ha abierto las puertas al mismo grado que sus antecesores panistas.
La investigación la iniciaron en el sexenio pasado desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tanto en tiempos de Ernesto Cordero, hoy coordinador de los senadores del PAN, como de José Antonio Meade, hoy secretario de Relaciones Exteriores. Específicamente, en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) bajo las órdenes de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, actualmente ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El expediente llegó a detectar movimientos sospechosos por cuatro mil millones de pesos, aunque se pudieron acreditar con mayor certeza jurídica cosa de mil 600 millones de pesos.
Sin embargo, en la recta final del sexenio calderonista, la indagatoria se topó con un muro en la Procuraduría General de la República, encabezada por Marisela Morales, quien frenó el avance del caso dándole vueltas al asunto, extraviándolo en la burocracia, según me reconocieron dos fuentes del gobierno federal, pertenecientes a los dos “bandos” gubernamentales panistas de esta puntual disputa.
El nuevo gobierno parece haber desempolvado el caso, sobre el que existió una fuerte presión de Estados Unidos.
Según la indagatoria, a través de sus empresas, los hermanos Salomón y Antonio Juan Marcos Villarreal (este último diputado local priista de Coahuila), hijos de Salomón Juan Marcos Issa (actual diputado federal del PRI), solicitaron al fisco millonarias cantidades de dinero en devoluciones de impuestos.
Desde sus instalaciones de inteligencia aduanera con sede en Querétaro, el SAT habría dado seguimiento a algunas de estas empresas y detectado que, por ejemplo las del ramo textil, declaraban realizar envíos inusualmente grandes de contenedores con pantalones de mezclilla curiosamente de la misma talla. Al abrir los contenedores, los agentes aduanales los habrían descubierto semivacíos, con unos cuantos jeans hasta adelante.
Estas devoluciones de dinero habrían viajado a bancos de Estados Unidos, a instituciones financieras de México y a casinos de la “Ciudad del Pecado”, como el del exclusivo hotel Wynn. Las Vegas fue la clave que permitió “amarrar” el caso, según una fuente involucrada en la investigación.
El Gobierno federal mexicano no lo hubiera logrado sin la asistencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), pues fue esta dependencia quien aportó la información de los casinos.
SACIAMORBOS
La presión del vecino del Norte está fuerte, sobre todo en un sexenio donde Estados Unidos siente que el régimen priista no les ha abierto las puertas al mismo grado que sus antecesores panistas.
1 comentario:
si esos pinches arabes son bien ratas hasta se dice que andan lavando dinero, hasta propiedades en miami florida y una naviera de pemex de toño juanmarcos issa,ojala y ahora si los investiguen y no le den carpetaso como siempre,con desirles que ya mandaron golpear a unos periodistas de torreon por seguir publicando sus fechorias,esperemos que no se ballan a pelar a españa
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