martes, 4 de mayo de 2010

Televisión amable por decreto

Jenaro Villamil

El sueño calderonista de que el país cuente con medios que reflejen “las noticias buenas” empezó a cumplirse el último día de marzo, cuando el Ejecutivo deslizó un decreto donde se perfilan los cimientos para una tercera cadena gubernamental de televisión. Los términos de este nuevo decretazo, duramente atacado por legisladores de oposición, le restan a la SEP atribuciones en la materia, para que sea Gobernación la encargada de llevar a buen puerto el sueño presidencial.


De manera subrepticia, en el puente vacacional de Semana Santa, la Presidencia de la República publicó el 31 de marzo pasado un decreto para crear un “organismo descentralizado”, con patrimonio y presupuesto propios, llamado Organismo Promotor de Medios Audiovisuales y que prácticamente le quita a la Secretaría de Educación Pública el control de Canal Once, Canal 22 y Radio Educación, principalmente, para dárselo a Gobernación, cuyo titular presidirá la Junta de Gobierno del nuevo organismo.

El decretazo de Calderón pasó inadvertido, ya que el 8 de abril el PAN presentó, en ambas cámaras, una iniciativa de “reforma integral” de las leyes federales de Radio y Televisión y la de Telecomunicaciones; la iniciativa fue impugnada por la cúpula de los concesionarios, encabezados por Televisa y TV Azteca, y por la bancada del PRI y una parte de la del PRD.

Tras 15 días de discusiones, debates mediáticos y jaloneos en la comisión dictaminadora, la fracción del PAN se dividió en el Senado el 26 de abril; el día siguiente, el presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, Carlos Sotelo, anunció que ese partido se había “echado para atrás” y no había posibilidad de sacar el dictamen en ese periodo de sesiones.

Testimonios recabados por Proceso señalan que Gustavo Madero, coordinador del PAN en el Senado, observó que se habían quedado con 17 de los 51 votos de su bancada para aprobar la minuta. Las presiones provinieron del presidente Calderón y del dirigente nacional del PAN, César Nava, para echar atrás el compromiso de aprobar ese dictamen junto con el PRD.

Para Carlos Sotelo, senador perredista que impulsó otra iniciativa de reforma el mismo 8 de abril, todo fue “una maniobra” y “una cortina de humo para imponerle al país una televisión gubernamental” a través del decreto del 31 de marzo.

Entrevistado por Proceso, Sotelo advierte que el dictamen del 8 de abril, presentado por él y una parte del PRI, “derogaba la facultad de Calderón de emitir un decreto de creación de un nuevo medio público”, ya que esta facultad se le dejaba a un órgano con mayor autonomía e independiente de las secretarías de Comunicaciones y de Gobernación.

“Planteamos un organismo descentralizado, no sectorizado, con autonomía editorial. Eso echaba por tierra el plan de Calderón para tener una televisión gubernamental”, sentenció Sotelo.

–¿Se trata de hacer una cadena de televisión pública a través de Canal Once o de armar otra cadena con frecuencias disponibles? –se le preguntó.

–Hubo dos planes. El plan A fue convertir Canal Once, dirigido por Carlos Sariñana, en una cadena nacional y otorgarle más frecuencias para tener mayor cobertura. Y el plan B, que es el actual: crear un canal público con el espectro disponible.

Por lo pronto, el transmisor digital del nuevo organismo se ubica en las instalaciones de Canal Once.


El control vertical


El texto del decreto del 31 de marzo último, el tercero que emite Calderón durante su sexenio en materia de política de regulación de medios electrónicos, no dice explícitamente que el objetivo sea crear una tercera cadena al servicio del gobierno, pero deja las suficientes pistas para visualizarlo.

El artículo segundo establece que el organismo “tendrá por objeto la generación, producción y distribución de contenidos audiovisuales, por sí mismo o coadyuvando para tal efecto con las dependencias y demás entidades de la Administración Pública Federal”.

En el artículo tercero se enuncian siete objetivos del nuevo Organismo Promotor de Medios Audiovisuales, entre los cuales se señalan el de “constituirse en una plataforma para la libre expresión” y otros de tinte propagandista, como “informar a la ciudadanía sobre programas y acciones gubernamentales”, además del que le deja a la nueva entidad el control total de la producción de Canal Once y Canal 22: “Preservar y difundir los acervos audiovisuales de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”.

El artículo cuarto enuncia cuatro funciones que remiten claramente a la producción de un canal de televisión:

“I.- Realizar, promover y coordinar la generación, producción y distribución de materiales audiovisuales, por sí mismos o a través de terceros;

“II.- Resguardar los acervos audiovisuales de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal con las que coadyuve;

“III.- Instalar y operar estaciones de radiodifusión, en términos de las disposiciones aplicables, y

“IV.- Las demás que resulten necesarias para el adecuado cumplimiento de su objeto.”

El control del organismo será absolutamente vertical. Tendrá una Junta de Gobierno, presidida por el secretario de Gobernación, y participarán en ella representantes de las secretarías de Hacienda, Desarrollo Social, Comunicaciones y Transportes y Educación Pública. Los representantes deberán tener nivel de subsecretario o equivalente.

Entre las funciones de esa Junta de Gobierno están: designar al director general del organismo, “aprobar los planes y programas de trabajo”, “aprobar la propuesta del Estatuto Orgánico” y “considerar las recomendaciones que formule el Consejo Asesor en materia de contenidos”.

Este organismo es un convidado de piedra. Según el artículo duodécimo, la Junta de Gobierno “se podrá auxiliar de un Consejo Asesor, cuya integración y funcionamiento se establecen en el estatuto del mismo organismo”.

El 20 de abril se formalizó la designación de Alejandro Ordoño Pérez como director del Organismo Promotor de Medios Audiovisuales. La única experiencia en materia de medios y de contenidos que ha tenido Ordoño fue su trabajo a las órdenes de Héctor Villarreal, director de Radio, Televisión y Cinematografía en el sexenio anterior. Villarreal sugirió el nombramiento de Ordoño, ahora que él fue designado subsecretario de Normatividad de Medios, en sustitución de Irma Pía González Luna Corvera, el 26 de enero pasado.

La salida de Luna Corvera de la Subsecretaría estuvo ligada a sus diferencias con la política de medios del gobierno calderonista. “Necesitamos a alguien que sepa apretar a los medios de comunicación”, le habría dicho Max Cortázar, vocero de Los Pinos, a la panista, de acuerdo con testimonios internos de la Secretaría de Gobernación recabados por Proceso.

El transitorio sexto del decreto prácticamente le arrebata a la SEP los recursos y la sectorización de los principales medios oficiales: Canal Once, sectorizado en el Instituto Politécnico Nacional, y Canal 22, asignado al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta).

“La Secretaría de Educación Pública entregará al organismo que se crea los recursos que sean de utilidad para el cumplimiento del objeto, fines y funciones del citado organismo, en términos de las disposiciones aplicables.

“Para los efectos de lo previsto en el párrafo anterior, la Oficialía Mayor de la SEP y el director general del Organismo Promotor de Medios Audiovisuales, en un plazo no mayor a 10 días hábiles… celebrarán un convenio en el que establecen los términos generales de la entrega de recursos.”

Durante su comparecencia en la Cámara de Diputados, Fernando Gómez Mont, titular de Gobernación, respondió que el costo del organismo, por ahora, es de 30 millones de pesos por año y que la transferencia se hizo a través de la SEP.


Proyecto antiguo


La idea de crear una tercera cadena dependiente del gobierno federal se gestó desde hace año y medio a propuesta de Carlos Sariñana, director de Canal Once y amigo personal de Felipe Calderón, cuando se hablaba de tener mayor control gubernamental sobre noticiarios y mesas de análisis de esa televisora.

Durante el aniversario 50 de Canal Once, el 27 de marzo de 2009, Calderón destapó esta idea. En una ceremonia en el Museo Nacional de Antropología, Calderón ordenó a los secretarios de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y de Comunicaciones, Juan Molinar Horcasitas, que la señal de Canal Once se ampliara a 25% del territorio nacional.

“Voy a aprovechar que están aquí algunos de mis colaboradores, el secretario de Gobernación, que es el dueño de las señales… ¡Ah, no!, el de Comunicaciones y Transportes… ¡Ya no sé cuál! Pero alguno de los dos, o el secretario de Educación Pública… les voy a pedir que se pongan de acuerdo y a ver a qué piedra se suben, pero que Canal Once pueda verse en todo el territorio nacional con señal abierta”, afirmó Calderón durante su discurso.

La ambigüedad o aparente confusión no era casual. Dentro del gabinete estaba la disputa por quitarle a la Dirección General de Televisión Educativa (DGTVE), de la SEP, la coordinación del organismo o de una posible tercera cadena. En el camino se encontraron con que Canal Once es el resultado de la emisión de un decreto presidencial de 1960, en el que no se aclara su estatuto jurídico como permisionada. La diferencia es que Canal 22 es una concesión otorgada al Conaculta durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.

Desde el año pasado, confirmaron las fuentes, Los Pinos le encargó a la Subsecretaría de Comunicaciones un estudio sobre la disponibilidad de frecuencias para hacer una tercera cadena o convertir Canal Once en una red con suficiente número de repetidoras a escala nacional.

El proyecto se aceleró en enero de 2010, con la llegada de Héctor Villarreal a la Subsecretaría de Normatividad, en Gobernación. La redacción del decreto se comenzó a preparar. Y el 31 de marzo, final de las vacaciones de Semana Santa, se eligió para publicarlo en el Diario Oficial de la Federación.


Visos de anticonstitucionalidad


Durante su comparecencia en la Cámara de Diputados, el 27 de abril, Gómez Mont enfrentó duras críticas del PRI y del PRD, que acusaron al organismo de tener un objetivo “electoral”, pero también de tener visos de ilegalidad.

Según el diputado federal priista Canek Vázquez, el decreto viola el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que le da facultades exclusivas a la SEP para producir y distribuir contenidos audiovisuales en materia educativa. También violaría el artículo 134 constitucional, que establece el principio de eficiencia en la administración pública.

“¿El Ejecutivo estaría dispuesto a permitir que el Congreso y la sociedad civil tengan representación en dicho organismo?”, cuestionó Vázquez. Gómez Mont evadió responder. El legislador reviró acusando al organismo de ser “oficialista, autoritario, inmoral y costoso”.

Carlos Flores Rico, del PRI, calificó al nuevo organismo de “excesivo y abusivo”. Le recordó a Gómez Mont que el Estado dispone de 17 mil 242 horas en radio y 3 mil 373 en televisión que se difunden en las 700 estaciones de radio y mil 500 de televisión a través de los tiempos oficiales y fiscales.

Flores Rico reclamó también por el presupuesto del gobierno federal para Comunicación Social, de más de 11 mil millones de pesos. “Señor secretario, ¿cuánto más necesita? ¿Cuántos medios más quieren? ¿Cuántas horas más quieren?”, preguntó el priista.

El diputado petista Jaime Cárdenas advirtió que se trata de “un decretazo”. “Con los decretos intenta gobernar. ¿Por qué no quisieron que participara la sociedad civil, por qué lo hicieron en plena Semana Santa?”, insistió.

En su defensa, Gómez Mont dijo que él no milita en el PAN y, por tanto, el organismo no tendrá tintes partidistas; además, justificó que estuviera asignado a su secretaría y no a la SEP, porque Gobernación es la “encargada de promover la democracia y pluralidad del país”.

A su vez, el titular de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), Héctor Osuna, informó que hasta el momento no se ha recibido en su dependencia ninguna solicitud de permiso o concesión para nuevos canales a cargo del gobierno federal.

Por su parte, Calderón volvió a criticar el 28 de abril la cobertura mediática a la guerra contra el narcotráfico. En Monterrey afirmó que “algún día sueño poder ver, leer o escuchar en un medio que hay dos partes de la página. Una en la que estén los hechos o las noticias malas, y en el otro lado, las noticias buenas”.

El nuevo organismo parece ser parte de ese sueño presidencial.

Proceso
02/05/2010