Calzada Rovirosa ordena silencio total sobre el caso Fernández de Cevallos

Desde el domingo la PGR se hizo cargo de las pesquisas y sólo valen sus reportes

*Radio y televisión de Querétaro prácticamente anulan información sobre el plagio del panista

Mariana Chávez y Ciro Pérez Silva
Corresponsal y enviado
Periódico La JornadaMiércoles 19 de mayo de 2010, p. 11

Querétaro, Qro., 18 de mayo. Desde el pasado domingo las investigaciones sobre el secuestro de Diego Fernández de Cevallos quedaron a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR). La orden que dio el gobernador del estado, José Calzada Rovirosa, a sus subordinados, de no declarar a la prensa nada acerca del caso, obedece a que toda la información que resulte de la indagatoria debe pasar por la dependencia federal.
En la primera aparición pública de Calzada Rovirosa desde que la PGR asumió las pesquisas del caso, afirmó, en breve entrevista, que “el canal de comunicación” sobre el caso del ex candidato presidencial “es precisamente la PGR”. Reiteró que mantiene comunicación directa con los familiares de Fernández de Cevallos, quienes hasta el momento, dijo, no han tenido contacto con los captores. Sostuvo que se mantendrá al tanto de los avances de la investigación a partir de la “comunicación permanente” que sostiene la PGR con la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
Durante el encuentro con los periodistas, el gobernador pidió a los medios de comunicación “respeto a los familiares” de Diego Fernández de Cevallos, quienes pasan por un momento difícil. Enfatizó que no dará a conocer ninguna información respecto del caso, más allá de la que determine la PGR.
Silencian a legisladores
En el Congreso estatal se ordenó tanto a periodistas como a legisladores no abordar el tema con los representantes de los medios de comunicación. Advirtió que sólo podrían emitir comentarios acerca del secuestro del ex senador la presidenta de la mesa directiva de la 56 Legislatura, Dalia Garrido, y el presidente de la Junta de Concertación Política, José Luis Aguilera Rico.
El control de la información que se difunde es tal, que desde el pasado lunes en medios locales, principalmente radio y televisión, el tiempo otorgado a la noticia sobre la desaparición del ex senador panista fue mínima y este martes prácticamente nula.
Sólo escapó al control oficial la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Olga Sánchez Cordero, quien al participar en la entrega de un proyecto de colaboración entre la 56 Legislatura y la comunidad jurídica de la entidad, declaró en entrevista que la desaparición del ex senador es atribuible al crimen organizado. “Aun cuando se pueda pensar que es una banda de secuestradores, es crimen organizado”, enfatizó.
A lo largo del día en el rancho La Cabaña, donde fue privado de su libertad Fernández de Cevallos, sólo estuvo un vehículo compacto y dos camionetas de la PGJE, que hicieron un recorrido por el predio, así como varias patrullas de la Policía Federal que custodiaban los dos accesos.
En el rancho El Estanco, distante unos seis kilómetros de La Cabaña, donde presuntamente se realizaron labores de investigación la noche del martes, sólo estaban el velador y una de las hijas de Diego Fernández.
Las actividades del gobierno estatal, que se suspendieron el lunes, volvieron a la normalidad. Incluso se convocó a la prensa a la presentación, en la sede de la PGJE, de cuatro plagiarios de una joven de San Juan del Río, detenidos en ese municipio luego de negociar, desde el Distrito Federal, un rescate de 50 mil pesos, un Jeep “y todos los aparatos eléctricos” que la familia de la muchacha pudiera conseguir.
El funcionario que informó sobre el operativo de captura y rescate sólo dio lectura a un comunicado, sin permitir preguntas.
En tanto, en la 17 Zona Militar, donde desde el sábado se venían realizando prolongadas reuniones de evaluación en las que participaba el gabinete de seguridad del estado en pleno, la actividad disminuyó.
Por su parte, el Comité Directivo Estatal del PRI emitió un comunicado en el que afirma que mantendrá la mesura en el caso Diego Fernández, con la finalidad de no contribuir a la proliferación de rumores.