martes, 11 de mayo de 2010

Ochenta mil aplausos

Miguel Ángel Granados Chapa

Hoy hace siete meses se decretó la extinción del organismo Luz y Fuerza del Centro. En el documento oficial que dispuso la liquidación, aparecido en una inusual edición de domingo del Diario Oficial de la Federación -que de ordinario se publica de lunes a viernes-, así como en el mensaje que el propio presidente de la República hizo transmitir esa noche, se hicieron valer argumentos jurídicos y financieros que, en la perspectiva gubernamental, hacían insostenible la operación de esa empresa pública.

Hoy, sin embargo, venimos a enterarnos de que el resorte que movió al presidente de la República a dar ese paso, cuyas consecuencias sociales, políticas y económicas aún están vigentes, fue muy otro, consistente en la pertinencia de responder favorablemente a una petición hecha de modo casual, hace más de un año, por Mario Sánchez Ruiz. El empresario sonorense era entonces presidente de la Confederación de cámaras nacionales de comercio y servicios turísticos, Concanaco y ahora, desde hace una semana, encabeza el Consejo coordinador empresarial.

Según lo narró a la reportera Verónica Gascón, "fue en una comida entre el sector empresarial y Felipe Calderón, a principios de 2009, cuando le hizo una petición muy clara y directa al primer mandatario:

"'Señor Presidente, le voy a pedir un favor, ojalá acabe con Luz y Fuerza', le dijo Mario Sánchez ...Calderón le preguntó si estaba seguro, dado que eso implicaría que más de 40 mil trabajadores se quedarían en la calle, a lo que el sonorense reviró con determinación:

"'Si usted tiene 40 mil personas criticándole, yo le pongo 80 mil comerciantes que se lo van a aplaudir'. Y así fue" (Reforma, 10 de mayo).

"El nuevo dirigente del organismo cúpula del sector privado contó la anécdota para demostrar que entre él y el Primer Mandatario hay una relación cercana, fluida, la cual piensa profundizar.

"Será milagro o lo que sea, pero yo lo que le he dicho, lo hace. Traemos la misma visión de qué es lo el que país requiere".

Sánchez Ruiz, un empresario del ramo de distribución y venta de combustibles -es decir, cliente de Petróleos Mexicanos-, nacido en Ciudad Obregón hace 48 años, pasó la semana pasada de encabezar a los comerciantes del país (a los que puso a aplaudir la liquidación de LyF) a presidir el CEE, en sustitución de Armando Paredes, que a su vez sustituyó a José Luis Barraza, que desde ese cargo transitó de su posición de empresario inmobiliario en Chihuahua a presidir el consejo de administración de Aeroméxico en su más reciente privatización, de hace dos años.

Ha sido políticamente conveniente para Calderón mantener una relación "cercana, fluida" como la que Sánchez Ruiz alardea mantener con él, con los dirigentes empresariales en general. Cuando Barraza estuvo al frente del CCE, en 2006, ese Consejo intervino sin ambages en política electoral. En junio de ese año, vísperas de la jornada electoral, difundió una andanada de mensajes ostensiblemente dirigidos contra Andrés Manuel López Obrador. Fue tan burda esa intromisión de un organismo privado en asuntos electorales, que el Trife la consideró una "violación a lo dispuesto en normas de orden público y de observancia general en el territorio nacional".

De creer al sucesor de Barraza, al Ejecutivo federal le pareció una buena operación canjear la crítica de 40 mil personas sin empleo por el aplauso de 80 mil comerciantes, que su líder "le puso". De allí que meses más tarde hiciera pública su decisión de extinguir, como lo había pedido el dirigente, el organismo Luz y Fuerza. No sobra puntualizar que el descontento de Sánchez Ruiz con el funcionamiento de LyFC no nacía de que sus intereses particulares resultaren afectados, pues él trabaja en territorio donde el suministro eléctrico corre a cargo de la CFE. Su argumento era ideológico o se basaba en la repetición de lugares comunes al respecto, difundidos desde el propio gobierno, que luego sirvieron para fundar la extinción del organismo.

En el decreto correspondiente se sostiene que las transferencias del gobierno a Luz y Fuerza crecían anualmente de modo insostenible, y que en el 2009 que se aproximaba a su fin habían llegado a 41,945 millones de pesos. No se dijo entonces, ni el gobierno lo ha admitido después, que esa necesidad había sido creada por el propio gobierno, que tras mantener acotada la capacidad de generación de la empresa ahora en liquidación, la obligaba a adquirir de CFE el fluido que revendía, a una tarifa mayor que la aplicada al público, de donde se desprendía una inexorable pérdida cotidiana.

Para avalar su decisión, que ahora sabemos fue originada por el pedido de un dirigente empresarial que aun se maravilla de que Calderón haga lo que le dice, el Ejecutivo citó un elusivo párrafo de un informe de la Auditoría Superior de la Federación que, lejos de recomendar la liquidación del organismo, se limitó a decir, en una frase retorcida, que las secretarías de Hacienda y Energía evaluaran "la conveniencia de realizar estudios que sustenten la posibilidad de proceder en términos del artículo 16 de la ley de entidades paraestatales". Esta disposición, alegada por el gobierno como si la ASF la determinara, prevé en efecto que "cuando un organismo deje de cumplir con sus fines u objeto, o su funcionamiento no resulte ya conveniente desde el punto de vista de la economía nacional o del interés público" puede ser disuelto, liquidado o extinguido.

Sigamos con cuidado a Sánchez Ruiz, a ver qué favores pide y Calderón atiende.



Cajón de Sastre

Llegado a Nueva York el domingo por la noche a bordo de un avión de la DEA, ayer por la mañana el ex gobernador de Quintana Roo Mario Villanueva Madrid compareció ante su juez. Se declaró inocente, o no culpable según la fórmula procesal norteamericana, lo que obliga a iniciar un proceso. Las autoridades norteamericanas denotan una prisa que compense el tiempo empleado en conseguir la extradición de quien permitió el ingreso de cientos de toneladas de cocaína a Estados Unidos mediante su acuerdo de protección al cártel de Juárez mientras ejerció la gubernatura de 1993 a 1996. Es de suponerse que el rigor de la justicia norteamericana sea mayor que el de la mexicana, que le hubiera permitido dentro de no mucho tiempo obtener su libertad mediante el manejo convenenciero de las normas que evitan el cumplimiento pleno de las sentencias.

Reforma
11/05/2010