martes, 4 de mayo de 2010

Narcolavado, otra guerra perdida por Calderón

Patricia Dávila

MÉXICO, D.F., 1 de mayo (Proceso).- El poder del narcotráfico no se agota en las armas y el ejercicio de la violencia ni en su capacidad corruptora. Con ganancias anuales estimadas en 40 mil millones de dólares, según el propio gobierno federal, su fortaleza está en los vastos recursos de que dispone para sus actividades criminales y que, hasta ahora, apenas han sido tocados por las administraciones panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón. Y lo que es peor: los cárteles de la droga han recuperado legalmente buena parte de lo que se les incautó en la última década. Una investigación de Proceso revela la incapacidad gubernamental para llevar su guerra contra el narco fuera del ámbito militar y aplicar inteligencia financiera contra el lavado de dinero.

El combate contra el lavado de dinero producto del tráfico de drogas es otro flanco perdido en la guerra contra el narcotráfico: en una década, el gobierno federal ha intervenido tan sólo 55 empresas, pero ha tenido que devolver 24 a sus propietarios, según registros del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).

Sin embargo, de acuerdo con datos de diversas fuentes oficiales, los capos han logrado recuperar por lo menos otras nueve empresas más. Es decir, el narco le ha ganado al gobierno en 60% de los casos. La organización delictiva más beneficiada ha sido el cártel de Sinaloa.

En estos 10 años, el gobierno vendió 69 mil 870 bienes muebles e inmuebles asegurados al narco, por los que obtuvo cerca de 900 millones de pesos. La cifra no llega ni a 7.2% de la fortuna de mil millones de dólares atribuida a Joaquín El Chapo Guzmán Loera por la revista Forbes en marzo de 2009, cuando lo incluyó como uno de los hombres más ricos del mundo. Si se compara con las ganancias anuales de todos los cárteles de la droga que operan en México, calculadas en 40 mil millones de dólares por el propio gobierno federal, equivale apenas a 0.18%.

La información del SAE contrasta con la obtenida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que desde 2002 incluye en sus bases de datos a 116 empresas mexicanas sospechosas de mantener vínculos con cárteles y de realizar actividades de lavado de dinero. De éstas, el gobierno mexicano sólo ha asegurado ocho, pero ha devuelto siete a sus propietarios, aun cuando forman parte de esas organizaciones delictivas.

Transparencia obligada

Con base en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el 30 de septiembre de 2009 Proceso solicitó al SAE una lista de los bienes muebles e inmuebles y empresas aseguradas o decomisadas al narcotráfico desde 2000.

Más específicamente, este semanario pidió que los datos se entregaran desglosados por año, con descripciones detalladas de cada uno de los bienes, el nombre de las personas a quienes se les incautaron, fecha y lugar de aseguramiento, cárteles implicados y valor real del bien.

En el caso de los que fueron vendidos, también se requirió al SAE el nombre del adquiriente, la fecha y el monto de la venta, así como la relación de los bienes que no han sido subastados y su estatus legal. Se pidió que se especificara cuáles fueron devueltos a sus propietarios, lugar y fecha de la restitución y el motivo de ésta. En el caso de las empresas, se solicitó además la razón social y el giro comercial.

Extracto del reportaje principal que se publica en la edición 1748 de la revista Proceso, ya en circulación.

Proceso
02/05/2010