El SAT era un simulador en la lucha contra la evasión fiscal

Perseguir a las factureras es acabar con 70 por ciento de la corrupción en el país

▲ La política de fiscalización se concentró en dejar en el limbo de la lista negra a las presuntas evasoras, dice Carlos Romero Aranda, procurador fiscal de la Federación.Foto Yazmín Ortega Cortés

Dora Villanueva

 

Periódico La Jornada
Viernes 26 de junio de 2020, p. 21

Carlos Romero Aranda, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), lo afirma sin titubeo: el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el ente encargado de la recaudación de impuestos, era un simulador y un distractor de la lucha contra la evasión fiscal vía la emisión de facturas falsas.

Por ahora la autoridad tiene listadas a casi 10 mil empresas y personas que se dedican a dicha práctica, pero el universo de involucrados en la evasión fiscal mediante estas operaciones es más extenso, afirma en una entrevista con La Jornada.

“Ir contra las factureras es realmente acabar con 70 por ciento de la corrupción en el país. ¿Por qué? Porque aquí encuentras esquemas de desvío de recursos públicos, de moches, de lavado de dinero, con esquemas de no pago de impuestos. Estos esquemas se hicieron para ponerle en la torre al país. Yo no entiendo la existencia de estos esquemas sin la participación de gente del SAT en sexenios anteriores. Estos esquemas eran protegidos desde el gobierno”, asegura.

Anualmente, alrededor de 500 mil millones de pesos eran evadidos por las empresas dedicadas a la emisión de facturas falsas, de acuerdo con Romero Aranda. La cifra, expone, resultó de un estudio realizado por la Procuraduría Fiscal y el SAT al principio de esta administración.

En la semana, la PFF y el SAT, que encabeza Raquel Buenrostro, dieron a conocer parte de las investigaciones que llevan sobre evasión fiscal y lavado de dinero. Expusieron una red de 43 empresas factureras que desviaron 55 mil 125 millones de pesos que debieron ingresar al fisco. Durante 2017 estas firmas emitieron 22 millones de facturas amparando compras y servicios inexistentes. El número de implicados se cuenta por miles.

Simplemente en estas 43 empresas hay cerca de 8 mil contribuyentes implicados. Eso no lo puedes entender si no estuviera la mano del SAT involucrada. Porque desde ahí controlaban a las empresas, desde ahí cuidaban los domicilios fiscales, verificaban que no hubiera problema con todos los testaferros, es decir, personas de avanzada edad y de escasos recursos que eran involucrados como representantes legales de hasta 50 o 100 empresas. Eso no lo puedes entender si no estuviera controlado desde el SAT, desde las citas de verificación de domicilio fiscal, subrayó.

Sin embargo, de acuerdo con lo que se ha documentado por la actual administración, la proliferación de factureras no quedó en permisividad u omisión por parte de la autoridad. De acuerdo con las denuncias que se presentaron el pasado 23 de junio, en la red de 43 empresas que operaron durante 2017 están involucrados funcionarios de segundo y tercer nivel del SAT. Hay uno que incluso aparece directamente en una de las empresas y es una de las líneas de investigación, comenta Romero Aranda.

Sin embargo, la simulación con la que se trató todo el tema de la evasión fiscal –particularmente en el sexenio anterior– tiene una de sus pantallas en la propia legislación, en concreto en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, el cual es nada más un simulador que se puso en la ley desde 2014, asegura Romero. En dicha norma se detalla el procedimiento para informar detectar y advertir de las empresas fantasmas y simuladoras de operaciones, la conocida lista negra del SAT, pero de ahí… nada pasaba.

“El SAT era un simulador y un distractor, porque obligaba a la Auditoría a nada más estar revisando los procedimientos del 69-B –empresas y personas físicas para las que se han comprobado operaciones simuladas–, los listaban y se acabó el asunto. No había mayor sanción. A la Procuraduría Fiscal nunca enviaban esos procedimientos. Entonces, ¿realmente qué hacían? Proteger las operaciones de modo que nunca llegara a temas penales y que nunca hubiera mayor sanción a las empresas”, reafirma.

Explica que si realmente se hubiera querido hacer una lucha contra la evasión fiscal, se debieron abrir auditorías, ver con toda la contabilidad a la mano si las operaciones eran simuladas o no. Acto seguido presentar querellas y en su caso determinar créditos fiscales. En cambio, la política de fiscalización se concentró en dejar en el limbo de la lista negra a las presuntas evasoras sin otra consecuencia; otras más ni siquiera se incluyeron en ese registro.

Para el abogado, más allá de dicho listado, ahora hay un cambio de paradigma en combatir la defraudación fiscal. Por medio de auditorías que cotejan el grado de simulación y comprueben a factureras y asesores fiscales que actúan con dolo para fracturar la recaudación. Con listado o sin listado, yo estoy presentando querellas, asevera.

En la conversación también se le consultó cómo van los procedimientos de acuerdo reparatorio con grandes contribuyentes. En concreto se le preguntó por la lista de 15 grandes corporativos y personas en deuda con el fisco, que fue respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador al exhorto del Consejo Coordinador Empresarial para ampliar los apoyos fiscales al sector privado en medio de la crisis por Covid-19.

Yo no conozco esa lista. No obstante, hemos estado participando en todos los procesos penales donde los grandes contribuyentes se han acercado a pagar y en los que estamos en el camino de firmar un acuerdo reparatorio, dice sin más detalle. Por tanto, tampoco comentó cuántas empresas además de Femsa, Toyota, Fresnillo, IBM de México y Walmart pagarán en estos meses sus deudas con el fisco, y cuántas irán a querella.

Por otro lado, en una consulta hecha por La Jornada sobre los fedatarios que dieron aval para constituir estas empresas, hay nombres que se repiten, sobre todo en los casos de Jalisco y Quintana Roo. De acuerdo con Romero Aranda, las advertencias de empresas fachada parten de este punto y también ahí se realizarán investigaciones.

Cuando te llegan a dar de alta una empresa donde el representante legal es una persona con suero, con un semblante moribundo, presumes que lo que te están llevando es una persona que va a vivir poco tiempo y la están usando para defraudar al fisco. No es normal que te lleven a una persona de 80 o 90 años como representante legal, o a una persona del servicio a constituir una empresa donde se facturan 100 millones de pesos. Esos son los temas, expone.

Agrega: si nosotros podemos determinar en alguna de las investigaciones que tenemos que hay responsabilidad con los fedatarios públicos, procederemos contra ellos. Estaremos muy atentos a la actuación de los fedatarios y los exhortamos a que sean muy cuidados en la constitución de personas morales.

Por último, advierte que la lucha contra las factureras también puede prestarse a otro tipo de delitos. Hay personas que se presentan con supuestas listas de clientes de estas empresas y les ofrecen sus servicios para regularizar la situación frente al SAT.

“Las listas de personas que consumen facturas falsas no es pública, todas esas listas que llegan a salir se emiten para extorsionar. Llegan gestores, coyotes que dicen: ‘mira, aquí aparece que compraste facturas y yo te puedo conseguir el que no tengas problemas, a mí me das esto de dinero y vas a ver que no hay problema’”, explica.

Romero Aranda advierte que ninguno de esos documentos tienen sustento. Esas listas son ficticias y las utilizan para extorsionar. Yo sugeriría que ante cualquier duda, los contribuyentes se acerquen ante las autoridades competentes directamente y aclaren su situación.

Tener la certeza con el SAT es crucial porque desde este año, el expedir, comprar o adquirir comprobantes fiscales –facturas– de empresas fantasmas por un monto superior a los 7 millones 800 mil pesos se considera delito grave y amerita prisión preventiva.

A todas las personas y empresas a las que se encuentre algún comprobante girado por firmas fachada se les dará un plazo de tres meses para regularizarse. Al día 91 podemos presumir que sí hubo un acuerdo criminal, advirtió el procurador.