jueves, 25 de noviembre de 2010

Una soberanía en problemas

Lorenzo Meyer

Históricamente hay una relación entre la pérdida de la efectividad política interna y la disminución del grado de autonomía frente al exterior

Reforma 265

La revista Proceso (14 de noviembre) nos informó que en la capital mexicana, en el Paseo de la Reforma 265, ya opera una Oficina Binacional de Inteligencia donde trabajan los norteamericanos encargados de dar seguimiento a la Iniciativa Mérida (IM). Salvo que existan dos organizaciones similares, se puede suponer que lo que está en Reforma 265 no es otra cosa que la Oficina Bilateral de Seguimiento de la Iniciativa Mérida (OBS), una estructura intergubernamental de la que son responsables la Secretaría de Relaciones por México y el Departamento de Estado por Estados Unidos, y cuya sede debería ser secreta pero que ya no lo es. La OBS, según Proceso, da cobijo al menos a nueve agencias norteamericanas que van de la Agencia de Inteligencia Militar a la Oficina de Inteligencia sobre Terrorismo y Asuntos Financieros.



Sin precedentes

Si bien los servicios de inteligencia norteamericanos siempre han actuado en México, esta vez lo hacen fuera de su embajada y para abiertamente interactuar -y vigilar desde dentro- con sus contrapartes en México, entre ellas el Ejército, la Armada y la policía.

Oficialmente se ha declarado que la OBS "es el primer ejercicio de esta naturaleza que realizan ambos gobiernos", lo que "refleja el nivel de confianza, fortaleza y profundidad que han alcanzado las relaciones bilaterales en materia de combate al crimen organizado transnacional" (comunicado 267 de la SRE, 31 de agosto, 2010). Ésa es la interpretación optimista, pero no es la única posible, pues la cooperación se da en un contexto de gran asimetría de poder y de creciente debilidad institucional de México. Y si bien la IM significa un desembolso norteamericano de mil 300 millones de dólares en tres años, el gasto mexicano en el combate a un narcotráfico alimentado por la demanda y las armas norteamericanas es mucho mayor en dinero y vidas. Pero esto no se contabiliza en la IM.



Historia

Directa o indirectamente la historia política mexicana de los dos últimos siglos se puede explicar como un esfuerzo por ensanchar o disminuir el área de soberanía nacional frente a ciertos países europeos y, sobre todo, frente a Estados Unidos. Este proceso siempre ha sido difícil, a veces peligroso y nunca lineal. Ha habido momentos en que la soberanía se ha expandido y en otros contraído. En cualquier caso, la autodeterminación de países como el nuestro siempre tiene límites impuestos por la asimetría de poder en la relación con la potencia hegemónica.

El actual tiempo mexicano no es de expansión de la soberanía sino de lo contrario. Desde la firma del Tratado de Libre Comercio de la América del Norte (TLCAN) en 1993 hasta la IM anunciada durante la visita de George W. Bush a México y Guatemala en 2007, el espacio real de nuestra soberanía se ha reducido. Las causas que llevaron a ambos acuerdos fueron resultado de dos fracasos ma- yúsculos de las dirigencias mexicanas: el primero, la crisis terminal del modelo económico de la postrevolución y, el segundo, la alarmante pérdida de capacidad del Estado frente al crimen organizado. ¿Con la IM ya se llegó al final de la retirada mexicana respecto de las posiciones de autonomía conquistadas en el pasado o se seguirá cediendo terreno? Lo más probable es lo segundo.

Desde hace mucho, el gobierno de Washington lleva a cabo actividades de inteligencia en México. El personaje que en 1825 se acreditó como el primer representante oficial norteamericano ante el gobierno mexicano, Joel R. Poinsett, ya había estado antes en México recabando información política para el presidente James Monroe. A lo largo del siglo XIX, la representación diplomática norteamericana y su red de consulados sirvieron como centros de captación de información política, económica y social de utilidad para la toma de decisiones en su relación con México.

Cuando estalló la Revolución Mexicana la necesidad del gobierno norteamericano de información sobre lo que acontecía en el país del sur se incrementó exponencialmente, sobre todo tras el asesinato del presidente Madero y la emergencia de una pluralidad de movimientos insurgentes y nacionalistas. El presidente Woodrow Wilson, recién llegado a la Casa Blanca, se deshizo del embajador de su antecesor en México, Henry Lane Wilson -el nuevo Presidente no aceptó la participación del personaje en el golpe contra Madero ni su cercanía con el golpista Victoriano Huerta-, y no consideró suficiente la información que le enviaban el encargado de negocios en México, Nelson O'Shaughnessy, y los cónsules. El presidente Wilson nombró entonces un "representante personal" en México -el ex gobernador John Lind-, y a varios otros ante las facciones revolucionarias encabezadas por Carranza, Villa y Zapata. Esos representantes, que en conjunto fueron 11, proveyeron de información de primera mano a Washington y transmitieron las demandas de su gobierno a los revolucionarios. La agregaduría militar de la embajada norteamericana también siguió muy de cerca la evolución y acciones militares de la época y recabó datos a granel. Si información es poder, entonces ninguna otra potencia tuvo tantas fuentes de poder político sobre el México revolucionario como Estados Unidos.

Con la Segunda Guerra Mundial, el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI), que surgió como tal en 1935, operó en nuestro país como un servicio de inteligencia dentro de la embajada norteamericana. Cuando el conflicto mundial concluyó, el FBI fue reforzado por la Agencia Central de Inteligencia (CIA). La Guerra Fría que empezó entonces hizo que la estación de la CIA que operaba en la embajada norteamericana en México adquiriera importancia e independencia y mantuviera una relación directa con la Secretaría de Gobernación y con el mismísimo presidente de la República. A todas estas fuentes de información -y de toma de decisiones, en ciertos casos- de Estados Unidos en nuestro país hay que agregar la Agencia Antidrogas (DEA) y otras igualmente especializadas.



¿Confianza o preocupación?

En opinión del profesor norteamericano John Bailey, la IM es, en principio, una idea que aparece como mexicana y aceptada por el presidente George W. Bush para apoyar a la administración de Calderón en una situación en que la lucha entre el gobierno mexicano y el narcotráfico ya se consideraba crítica (El Universal, 26, febrero, 2008).

Nuestra Secretaría de Relaciones tiene razón al subrayar que dentro de la IM la OBS es un ejercicio inédito, pero eso no es por las buenas razones ni es un buen indicador. En muchas ocasiones en el pasado el gobierno de México ha tenido que "dejar hacer y dejar pasar" ciertas actividades de inteligencia norteamericanas en el país, pero hasta antes de la OBS siempre se había negado a dejar que salieran de la embajada, a formalizarlas y a legitimarlas. Al inicio de la Guerra Fría, bajo el gobierno de Alemán, México no aceptó la presencia de una misión militar como sí lo hizo el resto de América Latina. Nuestra renuencia a institucionalizar el tipo de colaboración como la que implica la OBS se debió a que tendría lugar en una realidad donde la asimetría de poder desembocaría en subrayar la subordinación mexicana y lo frágil de nuestra soberanía.

En esta materia, la actitud del actual gobierno contrasta con casi toda la historia pasada donde, al menos en la forma, la defensa de las áreas de independencia era algo importante porque el nacionalismo servía para que la clase política mantuviera espacios de libertad y legitimidad. A los gobernantes mexicanos, de Salinas a Calderón, pareciera ya no importarles perder autonomía si a cambio Estados Unidos vía el TLC o la IM les pueden servir de fuente alternativa de apoyo y poder.



Conclusión

Para Estados Unidos el ideal sería un México fuerte y próspero como vecino, uno que se asemejara a Canadá, incluso si ello significara también una autonomía a la canadiense, pues le aseguraría algo vital: la estabilidad en su larga frontera sur. Pero en las condiciones actuales, da la impresión de que Washington empieza a aceptar que no puede darse el lujo de seguir desentendiéndose del proceso de descomposición que se vive al sur del Río Bravo y que, vía el marco de la IM y de instrumentos como la OBS, se va a tener que meter más en las entrañas del sistema mexicano -en su policía, sus Fuerzas Armadas, su sistema de justicia y de lo que haga falta- para tratar de arreglar lo que los políticos mexicanos no pudieron. Ahora bien, eso significa disminuir la soberanía relativa de México pero no es seguro que el resultado sea el mejor para México como nación y, quizá, tampoco para Estados Unidos.

Reforma
25/11/2010