miércoles, 24 de noviembre de 2010

Cadáveres olvidados

Jorge A. Bustamante

Voy a insistir en algo a guisa de reclamo a los legisladores mexicanos por su silencio respecto del sesgo que el presidente Calderón le está dando a la manera en que el gobierno de México debe combatir los abusos y los crímenes que se cometen en México contra los migrantes centroamericanos. Como se sabe, el primer mandatario dijo de manera enfática en Puerto Vallarta que, "El crimen organizado se ha convertido en el peor enemigo de la migración". Como lo informó Verónica Sánchez, corresponsal de este diario, en su nota publicada el 10 de noviembre, citando a varios directores de albergues de migrantes en Chiapas, quienes afirmaron que, la mayoría de las denuncias de centroamericanos por abusos, asaltos y secuestros son en contra de agentes policiacos de los tres niveles.

Está muy bien que el presidente Calderón se haya comprometido en el marco del IV Foro Global de la Migración, celebrado en Puerto Vallarta, en perseguir y castigar a los criminales que perpetraron la masacre de Tamaulipas, pero no está bien que al hacerlo, esté implícitamente exculpando a los policías federales, estatales y municipales que están cometiendo hasta la fecha los abusos más frecuentes en contra de los migrantes centroamericanos. El macabro hallazgo en Tamaulipas de 72 cadáveres de migrantes centroamericanos fue sólo el tercer hallazgo de cadáveres de migrantes en este año. Ya parecen haberse olvidado los dos anteriores. Uno cerca de Monterrey y otro en una mina abandonada cerca de la Ciudad de México, ambos de más de 50 cadáveres cada uno. La impunidad de los crímenes detrás de esos hallazgos ha hecho que no se haya investigado ni por supuesto sabido de quiénes fueron esos cadáveres y quiénes fueron los responsables de esos crímenes. Lo que sí sabemos es que el crimen organizado no es el único responsable, porque sabemos de los crímenes contra centroamericanos que cometen los policías en los estados del sureste mexicano. Alguien de la Cancillería o de la Subsecretaría de Población debería informarle al señor Presidente que los policías representan al Estado de acuerdo con el Derecho internacional. Como tales, sus acciones, violatorias de los derechos humanos de los extranjeros en México implican lo que en Derecho internacional se conoce como "responsabilidad de Estado". La omisión que hace el señor Presidente de las múltiples denuncias en contra de malos elementos de diversas corporaciones policiales de los tres niveles que han hecho los directores de albergues en Chiapas y los sacerdotes Alejandro Solalinde, Luis Ángel Melo, Herman Vázquez y Flor Rigoni, además de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su informe al Senado sobre los Secuestros de Migrantes, no son de casos aislados sino de prácticas sistemáticas que se siguen realizando hasta nuestros días. Los hechos consignados en esas denuncias y la ausencia de referencias a ellos de parte del presidente de la República constituyen en realidad una omisión a la "responsabilidad del Estado" que representa el "jefe de Estado" mexicano. Es una lástima que no le hayan hecho notar esta grave omisión los miembros del Senado mexicano que tienen la obligación constitucional de revisar la política exterior del jefe del Ejecutivo de tal manera que se cumpla nuestra Constitución y lo establecido por los tratados y acuerdos internacionales suscritos por el gobierno de México. No se necesita ser clarividente para predecir que no tardarán mucho los gobiernos de los países centroamericanos en acusar formalmente al gobierno de México ante los tribunales internacionales de justicia, de violar los derechos humanos de los extranjeros en México al ser omisos en el reconocimiento de la "responsabilidad de Estado" en la que está incurriendo el presidente de la República al excluir implícitamente a los malos policías que son los perpetradores del mayor número de abusos que se están cometiendo contra los migrantes centroamericanos en nuestro país. Lo anterior no es un "ataque" al Presidente. Es una crítica constructiva hecha con la mayor buena fe, por alguien que no pertenece ni ha pertenecido jamás a un partido político y lo hace con respeto como lo autorizan nuestras leyes y como es el papel de quienes tenemos la oportunidad de hacer públicas nuestras críticas, con el objeto de crear conciencia sobre la manera en que somos gobernados.

Reforma
24/11/2010