martes, 16 de noviembre de 2010

El gran espía

Jorge Carrasco A. y J. Jesús Esquivel


Desde el sexenio foxista, México y Estados Unidos acordaron colaborar en materia de inteligencia estratégica. Tras varios años de negociaciones hoy, con la venia del presidente Calderón y pese a las reticencias del Ejército y la Marina, ya operan abierta y libremente en territorio mexicano los agentes de nueve instituciones de espionaje del vecino país. Bajo la cobertura de una denominación equívoca (Oficina Binacional de Inteligencia), el gran centro de espionaje de Washington funciona desde agosto pasado en un edificio ubicado en la avenida Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, muy cerca de la embajada estadunidense.


Con el gobierno de Felipe Calderón, Estados Unidos logró lo que siempre ambicionó: establecer en la Ciudad de México un centro de espionaje. Y fue el ascenso del narcotráfico en el país el que abrió la puerta a todas las agencias de inteligencia estadunidenses, predominantemente militares, para que operen desde el Distrito Federal sin necesidad de encubrir a sus agentes como diplomáticos.

El establecimiento de la Oficina Binacional de Inteligencia (OBI) fue autorizado por Calderón, luego de las negociaciones con Washington, que inició su predecesor, Vicente Fox Quesada. En los encuentros participó el director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Guillermo Valdés Castellanos, sin tomar en cuenta las objeciones de las Fuerzas Armadas.

A través de la OBI, Calderón dio entrada ya a los agentes de inteligencia estadunidenses para que investiguen sin problemas a las organizaciones del crimen organizado y del narcotráfico. Además, pueden vigilar a las mismas dependencias gubernamentales, incluida la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina, así como las representaciones diplomáticas acreditadas en México.

Las instalaciones del cuartel general de los agentes del Pentágono, la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), el Buró Federal de Investigación (FBI), así como de los departamentos de Justicia, de Seguridad Interior y del Tesoro se localizan en el edificio comercial ubicado en el número 265 de avenida Paseo de la Reforma, a unos 250 metros de la embajada de Estados Unidos.

En la OBI es el Pentágono el que tiene la presencia más significativa, pues desde ahí operan la Agencia de Inteligencia Militar (DIA), la Oficina Nacional de Reconocimiento (NRO) y la Agencia Nacional de Seguridad (NSA). Le sigue el Departamento de Justicia, también con tres agencias: el FBI, la agencia federal antinarcóticos (DEA) y el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).

Con dos servicios está el Departamento de Seguridad Interior: Inteligencia de Guardia Costera (CGI) y la Oficina de Cumplimiento Aduanal y Migratorio (ICE); mientras que el Departamento del Tesoro tiene agentes de la Oficina de Inteligencia sobre Terrorismo y Asuntos Financieros (TFI).

Además, la OBI abrió dos oficinas "satélites": una en Ciudad Juárez y otra en Tijuana, donde los agentes estadunidenses comandan "fuerzas de tarea" contra el narcotráfico, con el apoyo de personal mexicano.

Se desconoce el número de elementos de los servicios de inteligencia de Estados Unidos que trabajan en territorio mexicano con la autorización del gobierno federal a partir de la apertura de la OBI, anunciada el 31 de agosto pasado, pues las autoridades mantienen esa información como "clasificada".

El edificio que ocupa la OBI en el Distrito Federal está a un lado de la Bolsa Mexicana de Valores y forma parte de lo que los servicios de seguridad e inteligencia mexicanos definen como el área de "blancos suaves", en referencia a la eventualidad de un ataque a intereses de Estados Unidos en México.

En ese punto del Distrito Federal, estratégico para Washington, además de la legación de Estados Unidos y de la OBI se ubican representaciones de empresas trasnacionales, como la Ford, American Airlines y los hoteles Marriot y Sheraton, entre otras.

El edificio donde operan los servicios de inteligencia de Estados Unidos parece un inmueble más en esa zona que alberga bancos, aseguradoras, oficinas de telecomunicaciones y comerciales y despachos privados. Lo único que llama la atención es la entrada y salida de ciudadanos estadunidenses.

En el directorio del edificio aparecen los nombres de las firmas ocupantes hasta el piso 21. Pero a partir del 22 y los tres niveles de penthouse aparece solamente la leyenda "ocupado". Y en la azotea se observan una veintena de platos satelitales colocados justo encima del logotipo de la empresa de telecomunicaciones Axtel. "Es la mejor cobertura para la operación de las agencias", dijo una fuente al proporcionar la ubicación de la OBI. La apariencia ordinaria del inmueble es la manera con la cual Estados Unidos suele disfrazar sus centros de inteligencia en todo el mundo.

La recepción y el estacionamiento están resguardados por servicios de seguridad privados, mientras que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal brindan apoyo en el entorno urbano. Además, en las inmediaciones de la OBI el gobierno capitalino colocó cámaras especiales de vigilancia que cuentan con sirenas de alarma para observar los movimientos de peatones y vehículos.

El edificio de Reforma 265 es el más alto del lugar, lo que impide que desde lo alto se pueda auscultar el modus operandi y el despliegue tecnológico de ese cuartel de inteligencia.

El alcance y poder de la OBI en México es similar al del Centro de Inteligencia de El Paso, Texas (EPIC), que data de 1974 y opera exclusivamente para combatir el tráfico de drogas, armas y lavado de dinero en la frontera entre México y Estados Unidos.

Desde el EPIC se han diseñado estrategias contra el narcotráfico y la delincuencia organizada de México. Entre las más exitosas están la Operación Tigre Blanco, que sirvió para investigar las actividades de la familia Hank Rhon en 1997; la captura y extradición, un año antes, de Juan García Ábrego, líder del cártel del Golfo, y el descubrimiento de las narcofosas en Ciudad Juárez, Chihuahua, en 1998.

Subordinación


Rebasado por el narcotráfico, el gobierno de Felipe Calderón aceptó el establecimiento de la OBI en México a propuesta del entonces titular de la Dirección Nacional de Inteligencia de Estados Unidos (ODNI), el almirante Dennis Blair, quien en marzo pasado acompañó a la secretaria de Estado, Hillary Clinton, durante su visita de trabajo a México.

Según el acuerdo formal, en la nueva oficina los agentes estadunidenses interactúan con sus contrapartes mexicanos bajo la coordinación del Departamento de Estado y de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

No obstante, en el Ejército y la Marina, donde se considera que la Iniciativa Mérida ha resultado muy costosa para el país, aún se cuestiona la apertura de la OBI aquí.

Para el Pentágono, la marcada presencia de sus agentes en territorio nacional tiene como propósito fusionar los servicios de inteligencia y espionaje de los dos países para identificar y explotar las vulnerabilidades de las organizaciones del narcotráfico y de las bandas de la delincuencia organizada.

Bajo esa directiva, dada a conocer el 18 de marzo último por el general Víctor Eugene Renuart, entonces jefe del Comando Norte, en México se han efectuado varios operativos exitosos contra narcotraficantes.

Desde entonces, las principales acciones contra los capos de la droga han sido las ejecuciones de Arturo Beltrán Leyva, El Barbas; Ignacio Nacho Coronel, y Ezequiel Cárdenas Guillén, Tony Tormenta; además de las detenciones de otros capos, como Édgar Valdez Villarreal, La Barbie.

Desde la ejecución del Barbas en diciembre de 2009, los servicios de inteligencia estadunidenses, principalmente la DEA, han mencionado su participación en distintos operativos: contra el propio Arturo Beltrán Leyva; La Barbie; Teodoro García Simental, El Teo –quien disputaba en Tijuana el control de lo que queda de la organización de los Arellano Félix–; José Gerardo Álvarez Vázquez, El Indio o El Chayán, operador de los Beltrán Leyva, y Carlos Ramón Castro, El Cuate, un narcotraficante que trabajaba para varias organizaciones.

Como parte de la necesidad del gobierno mexicano de justificar la militarización de la lucha contra el narcotráfico, el Pentágono ha fortalecido su cooperación con las Fuerzas Armadas mexicanas, especialmente en lo que hace a la inteligencia militar. A principios de 2009, justo cuando el Departamento de Estado y la SRE afinaban los detalles sobre el establecimiento de la OBI en México, el Departamento de Defensa de Estados Unidos intensificó el adiestramiento de militares mexicanos, tanto en México como en varias bases militares estadunidenses.

El entrenamiento ha constituido un hecho sin precedente en la historia de las relaciones militares entre los dos países. Por primera vez, el Pentágono ha desplazado desde Irak y Afganistán al centro de México a sus oficiales especializados en ataques a grupos insurgentes y terroristas.

Los cursos que imparte el Departamento de Defensa se concentran en operaciones de inteligencia y ataque al narcotráfico, aplicando tácticas contrainsurgentes y antiterroristas, como lo ha hecho en los dos países asiáticos.

Además de los cursos que se imparten aquí, se ha incrementado el número de efectivos de Fuerzas Especiales del Ejército, Fuerza Aérea y la Marina que asiste a cursos de capacitación especializada en labores de inteligencia en bases militares estadunidenses. El propósito es que a su regreso a México ese personal pueda entrenar a más elementos.

Los enlaces


La principal muestra de esa cooperación es la presencia, por primera vez en la relación bilateral, de un miembro del Ejército Mexicano como "enlace" entre las Fuerzas Armadas en la base central del Comando Norte, en el estado de Colorado, según confirmó a Proceso la oficina de prensa de ese comando.

El diario The Washington Post publicó el miércoles 10 en su primera plana una nota en la que informaba que ese enlace también opera como comandante adjunto del Instituto para la Seguridad y la Cooperación del Hemisferio Occidental en el Fuerte Benning, en el estado de Atlanta. De los sesenta a los ochenta, esas instalaciones albergaron a la llamada Escuela de las Américas, que pasó a la historia como centro surtidor de dictadores latinoamericanos, que se caracterizaron por la sistemática violación a los derechos humanos.

Un funcionario estadunidense, quien declaró al Post bajo condición de anonimato, afirma que, ante la gravedad de la narcoviolencia en México, "hemos recibido la instrucción directa del presidente (Barack Obama) y al más alto nivel, de realmente analizar qué más se puede hacer en esta cooperación antinarcóticos" con México.

El establecimiento de la OBI implica que, por primera vez en la historia de México, la vigilancia, supervisión y calificación del trabajo contra la delincuencia organizada de dependencias del gobierno federal, incluidas las Fuerzas Armadas, recae en parte en funcionarios extranjeros.

De acuerdo con el documento que dio a conocer la Casa Blanca el 25 de marzo de 2009 sobre la creación de la OBI, la oficina también se encarga de vigilar el buen uso de los recursos que Washington proporciona al gobierno de Calderón para combatir el narcotráfico a través de la Iniciativa Mérida.

"Estaremos coordinando regularmente nuestros esfuerzos con el gobierno de México por medio del Grupo de Contacto de Alto Nivel (conformado por los gabinetes de seguridad de los países), que a su vez se relacionará con los nueve servicios de inteligencia responsables de supervisar la aplicación de la Iniciativa Mérida", se dice en el documento difundido por la Casa Blanca (Proceso 1693).

Y agrega que, por el lado mexicano, forman parte de la OBI el Cisen, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública federal.

Un año más tarde, el 23 de marzo de 2010, Hillary Clinton anunció durante su visita de trabajo al Distrito Federal, en el marco de la puesta en práctica de la Iniciativa Mérida, el establecimiento de dos "programas pilotos" en los corredores Tijuana-San Diego y Ciudad Juárez-El Paso.

Los dos gobiernos informaron en un comunicado conjunto que, en el caso de Ciudad Juárez, el programa considera el desarrollo de "un modelo del gobierno mexicano de recolección y análisis táctico de inteligencia" para "tomar acciones contra el narcotráfico, la extorsión, el secuestro y otras actividades delictivas".

Sin embargo, en la práctica de la operación de la OBI, los servicios de seguridad e inteligencia mexicanos están subordinados a los de Estados Unidos. Las agencias de ese país desplegaron expertos para "guiar" los trabajos de inteligencia, además de que cuentan con "un asesor de tiempo completo" para "aumentar la capacidad de México en el uso de las fuentes de información sobre las operaciones de los cárteles y las pandillas".

Su contraparte en El Paso, Texas –el EPIC–, cuenta con una oficina de polígrafos, donde trabajan "de 10 a 15 especialistas mexicanos bajo la asistencia de supervisores de control de calidad estadunidenses".

En esa ciudad texana también hay una oficina con un número similar de agentes mexicanos para "trabajar y guardar los archivos de antecedentes" de los efectivos policiales de Ciudad Juárez. En el caso de procuración de justicia, funciona entre las dos ciudades "un sistema de comunicación transfronteriza (de voz, datos y video) para intercambiar información". De acuerdo con los gobiernos de México y Estados Unidos, todas esas actividades tienen "vínculos directos" con el EPIC.

La fuerte presencia de las agencias de espionaje estadunidense en México fue "condicionada" por Calderón en tres puntos:

–La cooperación bilateral debe realizarse con estricto respeto a la soberanía territorial y jurisdicción del Estado mexicano.

–Las actividades de los agentes estadunidenses se limitarán a servir de enlace para el intercambio de información con las autoridades mexicanas, derivada de los diferentes aspectos de cooperación internacional.

–La estancia temporal y las actividades de esos agentes se estipulan en los programas específicos de cooperación bilateral que convengan a cada país, pero sin que realicen tareas reservadas a las autoridades mexicanas.

Proceso
16/11/2010