En México hay más violencia y drogas, pero se marcha por el camino correcto: EU

Cada año salen de su territorio hasta 25 mil millones de dólares para ser lavados acá, dice

David Brooks
Corresponsal
Periódico La JornadaMartes 2 de marzo de 2010, p. 14

Washington, 1º. de marzo. El Departamento de Estado considera que la estrategia antinarcóticos de México marcha sobre “el camino correcto”, aunque reporta que la producción de drogas y el nivel de violencia asociada con el narcotráfico han llegado a niveles récord en el país vecino.
México permanece en la lista de los principales países de producción y tránsito de drogas ilícitas del Departamento de Estado, y como uno de los principales centros de lavado de dinero. Se calcula que entre 8 y 25 mil millones de dólares anuales son “repatriados” desde Estados Unidos a México.
En el Informe de estrategia de control internacional de narcóticos, elaborado anualmente por el Departamento de Estado y emitido hoy, se afirma que “México enfrenta desafíos extraordinarios ante las organizaciones internacionales de trafico de drogas”, las cuales son “fuente de altos niveles de violencia y han socavado a instituciones mexicanas”. Agrega que “la amenaza de la corrupción nutrida por drogas es poderosa y la larga frontera de México con Estados Unidos hace que nuestra relación de cooperación ahí sea aun más esencial para nuestros intereses nacionales”.
La Iniciativa Mérida, señala el documento, marca “un nuevo nivel de cooperación”, pero su enfoque principal ha cambiado de la adquisición de equipo al “desarrollo institucional” y mejoramiento de capacidades en apoyo de las “reformas judiciales y sociales que se requieren para enfrentar el crimen organizado”. Argumenta que operaciones intensificadas de seguridad pública pueden lograr avances limitados, pero no perdurables, a menos que “las instituciones domésticas puedan arrestar, fiscalizar y encarcelar a criminales y aplicar la autoridad del Estado”.
Subraya que esto requiere un compromiso de largo plazo del gobierno mexicano y afirma que “México está en el camino correcto y el gobierno ha planteado un plan sólido para destrozar a los cárteles y proteger la seguridad pública”. Agrega: “creemos que los esfuerzos del gobierno mexicano tienen un impacto real. Por primera vez las organizaciones traficantes enfrentan una amenaza existencial desde el Estado, la cual no pueden ganar con soborno o intimidación”.
Entre los avances logrados durante 2009, el informe menciona la integración de la Policía Federal por egresados universitarios y capacitados por instructores estadunidenses y de otros países en un nuevo centro en San Luis Potosí: el nivel récord de arrestos (de enero a septiembre de 2009 un total de 36 mil 332 personas), incluso de figuras de “alto perfil”. También se celebra la continuación de la política de extradición a Estados Unidos, con más de 100 en 2009, lo que rompió el récord de 2008.
Sin embargo, el informe reporta que los cárteles emplean armamento sofisticado y tácticas militares avanzadas, con lo cual “abiertamente han desafiado al gobierno de México por medio de conflictos e intimidaciones”. Estos enfrentamientos, junto con las pugnas entre los cárteles, han llevado a “violencia sin precedente y un sentir generalizado de inseguridad en ciertas áreas del país, particularmente cerca de la frontera con Estados Unidos”. Reporta que entre enero y septiembre de 2009
ocurrieron 5 mil 874 homicidios relacionados con el narco, un incremento de casi 5 por ciento con respecto a 2008.
Por otro lado, reporta que a pesar de los esfuerzos del gobierno mexicano “el cultivo de la droga se incrementó de manera significativa en 2009”, según cálculos de agencias estadunidenses. El cultivo de la amapola llegó a niveles de producción jamás calculados en México o para toda América Latina combinada. La producción de mariguana se incrementó 35 por ciento para alcanzar el nivel más alto desde 1992.
A la vez, indica que a pesar de algunos avances, “la corrupción permanece como un impedimento significativo” en la lucha antinarcóticos. Agrega que los cárteles emplean la fórmula de “plata o plomo” sobre funcionarios y oficiales del gobierno, especialmente sobre los de las policías estatales y municipales, cuyas fuerzas representan aproximadamente 90 por ciento de la fuerza policiaca nacional total.
Como país de tránsito de 90 por ciento de la cocaína que entra a Estados Unidos y productor importante de heroína, mariguana y metanfetaminas, y la amplia influencia corruptora de los cárteles afecta a comunidades de ambos lados de la frontera, el Departamento de Estado argumenta que “es una prioridad para Estados Unidos apoyar los esfuerzos mexicanos para reformar su sistema de justicia y mejorar la seguridad a lo largo de nuestra frontera compartida y a lo largo de la nación”.
Al mencionar la Iniciativa Mérida, el informe detalla aspectos de este “apoyo”, como la creación de un nuevo centro nacional de comando y control en la Secretaría de Seguridad Pública federal, la entrega de camionetas con rayos X y 5 helicópteros Bell-412, así como la capacitación básica de más de 3 mil egresados universitarios –con la ayuda de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) y de especialistas de otros países– para ser investigadores de la Policía Federal, más la capacitación avanzada de 300 oficiales de seguridad pública por instructores estadunidenses en varios aspectos de trabajo policiaco.
El informe indica que en años venideros Estados Unidos otorgará cientos de millones de dólares en equipo avanzado y capacitará a decenas de miles de agentes de seguridad pública para el esfuerzo antinarcóticos, lo cual preparará a civiles a retomar el papel –ahora militar– de mantener la seguridad civil y la lucha contra los cárteles. Además, los fondos de la Iniciativa Mérida también se emplearán para “miles de horas” de capacitación especializada para jueces, abogados, maestros de derecho y otros para “transformar el sector judicial de México”.
Incluso, México ya ha enviado a agentes de seguridad pública a cursos en academias internacionales de seguridad publica que Estados Unidos creó en San Salvador. La misión de éstas es “apoyar democracias emergentes, ayudar a proteger intereses estadunidenses por medio de la cooperación internacional y promover la estabilidad social, política y económica al combatir el crimen”.