La redacción
BRUSELAS, 11 de marzo (apro).- La situación de extrema violencia y la degradación de los derechos humanos a las que ha llegado México con el gobierno de Felipe Calderón como resultado de su guerra contra el narcotráfico, motivaron al Parlamento Europeo a adoptar este jueves una resolución, en la que se declara preocupado por el clima de impunidad que existe en el país y por las agresiones contra los defensores de las garantías individuales, los periodistas y las mujeres, principalmente.
Adoptada por 57 votos a favor, dos en contra y tres abstenciones, la resolución del Parlamento Europeo --que fue propuesta como "urgente" el pasado miércoles 3-- "condena en particular la violencia y las persistentes amenazas de muerte recibidas por los activistas que se dedican a la promoción y defensa de los derechos humanos en México".
Por ello, solicita a las autoridades mexicanas "que se intensifiquen los esfuerzos en la defensa y el blindaje jurídico y personal de los colectivos mencionados", y que ponga "particular atención al colectivo de mujeres que sufre de forma más dramática la violencia".
Bajo el título “Escalada de la violencia en México”, el documento enfatiza que el Parlamento Europeo "considera que es responsabilidad del gobierno combatir los feminicidios, asegurando que los responsables y sus cómplices sean llevados ante la justicia y que prosiga la instrumentación de medidas efectivas para prevenir dichos crímenes".
La resolución --compuesta de seis páginas-- "condena la violencia contra trabajadores de los medios de comunicación" y señala "la importancia de un poder judicial independiente, con el fin de garantizar la imparcialidad y luchar con determinación contra la impunidad".
Aunque las resoluciones de varios grupos políticos, sobre las que se negoció la resolución final, mencionaban las violaciones a los derechos humanos cometidas por militares y policías federales y estatales, el grupo del Partido Popular Europeo (PPE) logró sacar del texto cualquier señalamiento en su contra.
Solo en el punto N de la segunda sección se hace alusión a las "denuncias por parte de organizaciones nacionales e internacionales en relación con violaciones a los derechos humanos en determinados comportamientos de las fuerzas de seguridad".
Esa fue una de las razones por las que el grupo de Izquierda Unitaria (IU) decidió no suscribir la resolución, negociada el miércoles 10 entre los grupos del Parlamento Europeo.
Mireia Rovira, consejera en temas latinoamericanos de IU, comentó a Apro que así lo había determinado el grupo al considerar que tal resolución era "muy autocomplaciente con Calderón".
"La resolución dice 'apoyamos la lucha contra el narco', pero no critica las técnicas que usa Calderón y que han resultado en graves agresiones contra los periodistas, los activistas de derechos humanos, los indígenas, las mujeres", lamenta Rovira.
Debate
Antes de que la resolución fuera aprobada por el plenario del Parlamento Europeo, las violaciones a los derechos humanos en México fueron tema de una discusión institucional.
Durante el debate --que duró media hora y en el que intervinieron 16 eurodiputados de las distintas fuerzas políticas--, el gobierno mexicano fue calificado en varios momentos de "autoritario" e "ineficiente", y señalado de ser el responsable de que el país esté "enfermo de violencia", de los "abusos de poder de las fuerzas de seguridad", y de que los criminales se paseen con "total impunidad".
Los militares mexicanos, si bien no aparecen señalados en la resolución europarlamentaria, fueron de manera reiterada acusados de ser culpables de "diversas y graves" violaciones a las garantías individuales.
El primero en tomar la palabra fue el eurodiputado español Ramón Jáuregui, del grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, así como presidente de la Delegación para México del Parlamento Europeo.
"México es una gran democracia, es un amigo de la UE (...) Pero hoy estamos aquí para hablar de derechos humanos". Jáuregui hizo referencia, en un tono verbal enérgico, "a la violencia contra los ciudadanos mexicanos" y a las "denuncias reiteradas y graves de violaciones a los derechos humanos".
En su breve alocución, el eurodiputado exigió al gobierno mexicano "asegurar el ejercicio de una prensa libre, asegurar la protección de las asociaciones que defienden los derechos humanos, garantizar la seguridad de las mujeres y frenar los abusos de autoridad de sus fuerzas de seguridad".
La eurodiputada rumana, Renate Weber, del grupo de la alianza de los Demócratas y Liberales, se enfocó en denunciar las violaciones a los derechos humanos de las mujeres, "quienes en México es normal que no sean protegidas por las autoridades".
Señaló a los "miembros de la policía y del Ejército" como los culpables de tales abusos, y lamentó la "impunidad casi absoluta" que existe frente a esos casos". Puso de ejemplo lo que ocurre en el estado de México, donde, afirmó, "solo fueron juzgados 11% de los criminales que han asesinado a 700 mujeres".
Más aún: relató el caso de las mujeres indígenas Alberta Alcántara y Teresa González, "condenadas a 21 años de prisión por haber secuestrado, ellas solitas --enfatizó la eurodiputada--, a seis policías" de la extinta Agencia Federal de Investigación. "Espero que el juez se dé cuenta de la ridiculez y la injusticia de esta situación", concluyó.
La eurodiputada alemana Barbara Lochbihler, del grupo de los Verdes, recalcó: "Regularmente nos llegan de México imágenes de violencia por los medios de comunicación.
“La estrategia del gobierno mexicano está equivocada. La creciente militarización, la competencia de tribunales militares para juzgar violaciones de derechos humanos cometidos por militares contribuyen a aumentar la violencia".
Y añadió: “A pesar de que se tienen documentadas las violaciones a los derechos humanos y el aumento de los crímenes cometidos por militares, el gobierno mexicano no está en condiciones o no tiene la voluntad para combatirlos".
Los únicos que en sus intervenciones defendieron al gobierno calderonista fueron los eurodiputados del grupo del PPE y el propio comisario de Medio Ambiente, Janez Potocnik, que asistió al encuentro en nombre de la Comisión Europea, el organismo que gestiona las relaciones de la UE con México.
A pesar de que Potocnik admitió que México presentaba un clima de violencia "sin precedente" y manifestó la preocupación de la Comisión Europea al respecto, en su intervención se dedicó a ensalzar los "esfuerzos" de Calderón para fortalecer el sistema judicial y la protección de los derechos humanos, además de reconocer la "apertura" de su gobierno para hablar de esos temas con la UE y con la comunidad internacional.
Del lado del PPE también se escuchó una crítica aislada al gobierno panista. Después de enumerar algunos operativos exitosos de la lucha contra el narcotráfico, el eurodiputado alemán Wieland Rainer reconoció que el dinero del que disponen los cárteles mexicanos de la droga "es mucho más de lo que puede gastar el gobierno en combatirlos", por lo que consideró que "las autoridades mexicanas están perdiendo la guerra" contra el narco.
Proceso12/03/2010
BRUSELAS, 11 de marzo (apro).- La situación de extrema violencia y la degradación de los derechos humanos a las que ha llegado México con el gobierno de Felipe Calderón como resultado de su guerra contra el narcotráfico, motivaron al Parlamento Europeo a adoptar este jueves una resolución, en la que se declara preocupado por el clima de impunidad que existe en el país y por las agresiones contra los defensores de las garantías individuales, los periodistas y las mujeres, principalmente.
Adoptada por 57 votos a favor, dos en contra y tres abstenciones, la resolución del Parlamento Europeo --que fue propuesta como "urgente" el pasado miércoles 3-- "condena en particular la violencia y las persistentes amenazas de muerte recibidas por los activistas que se dedican a la promoción y defensa de los derechos humanos en México".
Por ello, solicita a las autoridades mexicanas "que se intensifiquen los esfuerzos en la defensa y el blindaje jurídico y personal de los colectivos mencionados", y que ponga "particular atención al colectivo de mujeres que sufre de forma más dramática la violencia".
Bajo el título “Escalada de la violencia en México”, el documento enfatiza que el Parlamento Europeo "considera que es responsabilidad del gobierno combatir los feminicidios, asegurando que los responsables y sus cómplices sean llevados ante la justicia y que prosiga la instrumentación de medidas efectivas para prevenir dichos crímenes".
La resolución --compuesta de seis páginas-- "condena la violencia contra trabajadores de los medios de comunicación" y señala "la importancia de un poder judicial independiente, con el fin de garantizar la imparcialidad y luchar con determinación contra la impunidad".
Aunque las resoluciones de varios grupos políticos, sobre las que se negoció la resolución final, mencionaban las violaciones a los derechos humanos cometidas por militares y policías federales y estatales, el grupo del Partido Popular Europeo (PPE) logró sacar del texto cualquier señalamiento en su contra.
Solo en el punto N de la segunda sección se hace alusión a las "denuncias por parte de organizaciones nacionales e internacionales en relación con violaciones a los derechos humanos en determinados comportamientos de las fuerzas de seguridad".
Esa fue una de las razones por las que el grupo de Izquierda Unitaria (IU) decidió no suscribir la resolución, negociada el miércoles 10 entre los grupos del Parlamento Europeo.
Mireia Rovira, consejera en temas latinoamericanos de IU, comentó a Apro que así lo había determinado el grupo al considerar que tal resolución era "muy autocomplaciente con Calderón".
"La resolución dice 'apoyamos la lucha contra el narco', pero no critica las técnicas que usa Calderón y que han resultado en graves agresiones contra los periodistas, los activistas de derechos humanos, los indígenas, las mujeres", lamenta Rovira.
Debate
Antes de que la resolución fuera aprobada por el plenario del Parlamento Europeo, las violaciones a los derechos humanos en México fueron tema de una discusión institucional.
Durante el debate --que duró media hora y en el que intervinieron 16 eurodiputados de las distintas fuerzas políticas--, el gobierno mexicano fue calificado en varios momentos de "autoritario" e "ineficiente", y señalado de ser el responsable de que el país esté "enfermo de violencia", de los "abusos de poder de las fuerzas de seguridad", y de que los criminales se paseen con "total impunidad".
Los militares mexicanos, si bien no aparecen señalados en la resolución europarlamentaria, fueron de manera reiterada acusados de ser culpables de "diversas y graves" violaciones a las garantías individuales.
El primero en tomar la palabra fue el eurodiputado español Ramón Jáuregui, del grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, así como presidente de la Delegación para México del Parlamento Europeo.
"México es una gran democracia, es un amigo de la UE (...) Pero hoy estamos aquí para hablar de derechos humanos". Jáuregui hizo referencia, en un tono verbal enérgico, "a la violencia contra los ciudadanos mexicanos" y a las "denuncias reiteradas y graves de violaciones a los derechos humanos".
En su breve alocución, el eurodiputado exigió al gobierno mexicano "asegurar el ejercicio de una prensa libre, asegurar la protección de las asociaciones que defienden los derechos humanos, garantizar la seguridad de las mujeres y frenar los abusos de autoridad de sus fuerzas de seguridad".
La eurodiputada rumana, Renate Weber, del grupo de la alianza de los Demócratas y Liberales, se enfocó en denunciar las violaciones a los derechos humanos de las mujeres, "quienes en México es normal que no sean protegidas por las autoridades".
Señaló a los "miembros de la policía y del Ejército" como los culpables de tales abusos, y lamentó la "impunidad casi absoluta" que existe frente a esos casos". Puso de ejemplo lo que ocurre en el estado de México, donde, afirmó, "solo fueron juzgados 11% de los criminales que han asesinado a 700 mujeres".
Más aún: relató el caso de las mujeres indígenas Alberta Alcántara y Teresa González, "condenadas a 21 años de prisión por haber secuestrado, ellas solitas --enfatizó la eurodiputada--, a seis policías" de la extinta Agencia Federal de Investigación. "Espero que el juez se dé cuenta de la ridiculez y la injusticia de esta situación", concluyó.
La eurodiputada alemana Barbara Lochbihler, del grupo de los Verdes, recalcó: "Regularmente nos llegan de México imágenes de violencia por los medios de comunicación.
“La estrategia del gobierno mexicano está equivocada. La creciente militarización, la competencia de tribunales militares para juzgar violaciones de derechos humanos cometidos por militares contribuyen a aumentar la violencia".
Y añadió: “A pesar de que se tienen documentadas las violaciones a los derechos humanos y el aumento de los crímenes cometidos por militares, el gobierno mexicano no está en condiciones o no tiene la voluntad para combatirlos".
Los únicos que en sus intervenciones defendieron al gobierno calderonista fueron los eurodiputados del grupo del PPE y el propio comisario de Medio Ambiente, Janez Potocnik, que asistió al encuentro en nombre de la Comisión Europea, el organismo que gestiona las relaciones de la UE con México.
A pesar de que Potocnik admitió que México presentaba un clima de violencia "sin precedente" y manifestó la preocupación de la Comisión Europea al respecto, en su intervención se dedicó a ensalzar los "esfuerzos" de Calderón para fortalecer el sistema judicial y la protección de los derechos humanos, además de reconocer la "apertura" de su gobierno para hablar de esos temas con la UE y con la comunidad internacional.
Del lado del PPE también se escuchó una crítica aislada al gobierno panista. Después de enumerar algunos operativos exitosos de la lucha contra el narcotráfico, el eurodiputado alemán Wieland Rainer reconoció que el dinero del que disponen los cárteles mexicanos de la droga "es mucho más de lo que puede gastar el gobierno en combatirlos", por lo que consideró que "las autoridades mexicanas están perdiendo la guerra" contra el narco.
Proceso12/03/2010
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