Víctor Fuentes
Ciudad de México (13 marzo 2010).- Por primera vez en su historia, la Suprema Corte de Justicia tendrá que decidir si hace caso a la sentencia dictada por un tribunal internacional.
Se trata del fallo emitido en noviembre de 2009 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado mexicano en el caso de la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco a manos de efectivos militares en 1974, durante operaciones en la sierra de Guerrero.
El caso Radilla fue apenas la segunda condena de la CIDH contra México, pero es el primero en que sus determinaciones afectan a todos los Poderes de la Unión, pues hay una condena a realizar modificaciones legislativas sobre fuero militar y desaparición forzada de personas, así como al Ejecutivo para ubicar y sancionar a todos los responsables.
Varios ministros expresaron en sesiones recientes su preocupación por la forma en que la Corte mexicana deberá acatar la sentencia, que contiene 10 mandatos expresos a manera de condena y que en sus consideraciones también incluye lineamientos para el Poder Judicial.
"Hay una condena expresa al Poder Judicial Federal en el sentido de que interpretemos la Constitución mexicana en los mismos términos en que fue interpretada en ese caso específico por la CIDH, pero más aún, nos impone como condena y tenemos que tener una respuesta clara, fundada en un estudio, que divulguemos entre todos los jueces federales los criterios jurisprudenciales de la CIDH", señaló el ministro presidente Guillermo Ortiz Mayagoitia en la sesión del 1 de marzo.
Lo anterior en alusión al párrafo 339 de la sentencia Radilla, en el que la CIDH sostuvo que el Poder Judicial debe tener en cuenta no solo la Convención Interamericana de Derechos Humanos, sino la interpretación que la propia CIDH ha hecho sobre este tratado.
El siguiente párrafo prácticamente ordena a los jueces mexicanos apegarse al criterio de la CIDH de que los militares que cometen delitos contra civiles no deben ser juzgados en el fuero de guerra, como sucede en nuestro país, tema sobre el que la Suprema Corte evitó pronunciarse en 2009.
En 2005, la PGR imputó el secuestro de Radilla al general Francisco Quirós Hermosillo, pero su proceso fue turnado a un juez militar. Quirós murió en 2006.
"Lo primero que tenemos que preguntarnos es cuál es el alcance de las resoluciones de la CIDH respecto a nosotros", indicó el ministro José Ramón Cossío.
"A mí no me queda ninguna duda que estamos obligados a lo que se determine en la sentencia, pero sí me quedan muchas dudas de que estemos obligados sin más a adoptar la totalidad de la jurisprudencia del Sistema Interamericano como si se tratara de una jurisprudencia obligatoria. Este es un tema muy serio, muy delicado".
La Corte aprovechará una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal para abordar el tema, pues en esa demanda el ombudsman capitalino consideró que los ministros deben acatar los criterios de la CIDH.
Algunos ya adelantaron su postura.
"Los jueces mexicanos, inclusive los ministros de esta Suprema Corte estamos obligados" a aplicar la Convención Interamericana, afirmó Juan Silva Meza.
Rechazan acusaciones
WASHINGTON.- Las Fuerzas Armadas mexicanas no violan los derechos humanos en la actual lucha en contra los cárteles de la droga, sostuvo ayer el Rector de la Universidad del Ejército y la Fuerza Aérea, Benito Medina Herrera.
Luego de participar en un seminario académico sobre cooperación militar con Estados Unidos y Canadá, el funcionario expresó su desacuerdo con señalamientos hechos en el Informe Anual sobre los Derechos Humanos presentado el jueves por el Departamento de Estado.
"No estamos de acuerdo en que se nos impute que estamos violando derechos humanos Ni por forma ni por procedimiento, las Fuerzas Armadas actúan en ese sentido", indicó.
"Desde la escuela del más bajo nivel, la escuela del personal de tropa hasta los generales en el Colegio de Defensa los derechos humanos son un tema y una materia fundamental en su formación y en su consolidación como militares".
Con información de José Díaz Briseño
Reforma13/03/2010
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