La narcopolítica, una realidad

Patricia Dávila

El exdirigente nacional del PAN Manuel Espino expone en esta entrevista los riesgos que enfrenta Ciudad Juárez por la complicidad de algunos políticos con el narco, intenta desmentir los triunfalistas partes de guerra del gobierno y deplora la actitud intolerante de Felipe Calderón ante la crítica. Además, narra desde qué punto de vista escribió su libro más reciente, La guerra injusta de Ciudad Juárez.
En Ciudad Juárez, el presidente Felipe Calderón fracasó en su intento de combatir al crimen organizado, afirma el panista Manuel Espino, presidente de la Organización Demócrata Cristiana de América, ODCA.
“La estrategia implementada por el presidente Felipe Calderón en la guerra contra el narcotráfico parece más el reflejo de un plan de ‘complicidad’, una especie de ‘pitazo’ disimulado para alertar a los criminales. A los delincuentes se les ayuda a actualizar su inventario estratégico y se les da la señal para reestructurar sus organizaciones. Se les alerta para tomar ventaja”, señala.
Para él, hay transparencia en donde debiera existir la reserva de información y acciones discretas. En la guerra emprendida contra el crimen organizado, dice, se da a conocer la estrategia empleada en los operativos, el monto de lo incautado, a qué celda se lleva a un detenido y hasta el armamento que se utilizó; información que el gobierno no debe difundir porque sólo sirve a los criminales.
Entrevistado en sus oficinas de la ODCA, a un mes de concluir su gestión como presidente de ese organismo, Manuel Espino pone sobre la mesa su nuevo libro: La guerra injusta de Ciudad Juárez. Reflexiones y propuestas desde la trinchera ciudadana. En él describe la “guerra” emprendida por Felipe Calderón como “el conflicto que más sangre ha derramado sobre el territorio mexicano después de la Revolución”.
A dos años del arranque del Operativo Conjunto Chihuahua (OCCH), Ciudad Juárez vive con miedo. Muchas viviendas están abandonadas y destruidas por vándalos; se incrementó la pobreza, los secuestros crecieron en 5,000%, 60 mil familias emigraron a El Paso, Texas; 7 mil niños quedaron huérfanos a causa de los crímenes, miles de empresas y comercios cerraron y se perdieron 140 mil empleos. Sin embargo, la oferta de empleo ha disminuido un poco menos.
–¿Qué tanto empleo han generado los cárteles?
–No tengo la manera de medirlo; sin embargo, existen versiones de que hay una compensación. Es decir que los empleos perdidos se han compensado con la ocupación que ha ofrecido el crimen organizado.
–En su libro habla de las personas que buscan lucrar económica y políticamente con el sufrimiento de los juarenses…
–Políticamente, ningún partido está exento de lucrar con la tragedia de Juárez. Tampoco los tres niveles de gobierno. Un ejemplo claro se dio después de la masacre de los 14 estudiantes en Villa de Salvárcar, cuando el gobernador José Reyes Baeza notificó el traslado de los tres poderes a esta ciudad. La lectura inmediata fue que se debía a que era un año electoral. A los pocos días reacciona el presidente y, después de dos años de sordera, anuncia su visita. Fue tan precipitado que llegó sin agenda, sin propuesta, sin programas.
Lo grave, dice, es que de la misma forma inició Calderón la ofensiva contra el narco:
“Cuando él decide declararle la guerra al crimen organizado a mí me da mucho gusto; en el extranjero me jacté de tener un presidente valiente. Pero me equivoqué: di por hecho que tomó la decisión sobre la base de un diagnóstico que, también supuse, había definido entre el 2 de julio –día de la victoria electoral– y el 1 de diciembre –cuando tomó posesión–. Pensé que había dialogado con el gobierno de Estados Unidos y con el de Guatemala, con gobernadores, con alcaldes de las ciudades más importantes del país y con líderes de los sectores más representativos. Me resistí a pensar que el nuevo presidente de México estuviera improvisando una guerra.”
Según él, nunca imaginó que no se cumpliera una condición indispensable para declarar una guerra: la de hacer un diagnóstico que no sólo le permitiera conocer bien la situación sino, sobre todo, garantizar la victoria:
“¡Pero no! Fue simplemente una medida política, ahora lo creo así. Una decisión unilateral, porque no consultó con otros países, con nadie. Fue una decisión personal de Felipe Calderón. Quizá fue una respuesta a la presión que sobre él ejerció el cuestionamiento de su victoria. Una victoria que fue totalmente política.”
–¿Por qué Calderón no acepta dialogar con usted?
–No lo sé. Y él sabe que alguna opinión útil le puedo dar. Conoce de mi trabajo en Seguridad Pública, en Juárez, y de mi cercanía con algunos mandos militares. Además, Carlos Castillo Peraza me promovió para que fuera secretario de la Comisión de la Defensa Nacional y después el mismo Felipe intervino para que me nombraran presidente de la Comisión de Seguridad Pública en la Cámara de Diputados.
En enero de 2007 Calderón convocó a Manuel Espino y le pidió su opinión sobre la labor realizada en los primeros días de su gobierno: “Fue favorable, sólo le externé una preocupación. Le comenté que me parecía innecesario que se vistiera de militar, porque eso mandaba una señal no muy agradable a los mexicanos. Era una señal muy fuerte, muy dura, del papel de presidente de la República”.
Añade: “La otra preocupación que le externé fue que él se pusiera al frente de la tropa, del operativo, que él personalmente le advirtiera a los criminales que iba tras ellos. Le dije que, en mi opinión, eso podía hacerlo el secretario de la Defensa Nacional o el de Seguridad Pública, pero no el presidente”.
Calderón preguntó por qué. Espino dice que le explicó:
“Es sencillo: en una confrontación directa con las bandas criminales se presentarán circunstancias que nos aconsejen disminuir el ritmo, detenernos, retroceder o modificar la ruta. Y tú le puedes ordenar al que pongas al frente del operativo que retroceda, que se detenga; ya sea por razones políticas, diplomáticas, por prudencia o por una precaución de carácter social. Puedes ordenar que lo haga el general o el abogado de la nación y no va a pasar nada. Pero a ti, al presidente, ¿quién te lo puede mandar? Si un día retrocedes o te detienes va a parecer que estamos perdiendo. Mi preocupación es que si sigues al frente no podemos dar marcha atrás, por el temor de que se perciba debilidad presidencial”.
Esta fue la última vez que Felipe Calderón dialogó con Espino.
A poco más de dos años de ese encuentro, Espino no ha cambiado de parecer: “Creo que lo que le dije tenía sentido. Hoy el presidente está atrapado en su propia estrategia y, conociendo su personalidad, también han de influir en él los cálculos de las consecuencias que podría traer, ahora, reconocer que hubo un error y tener que rectificarlo. Es más fácil decir: vamos bien, estamos fortaleciendo el estado de derecho y hemos deteniendo a muchos capos, como lo dijo en Japón. Y es verdad, pero en el saldo eso no pinta, en el balance final. Yo no tengo duda de que el gobierno está perdiendo la guerra contra el crimen organizado.
–Acaba de hablar de la personalidad del presidente. ¿Será capaz de reconocer que ya perdió, si no ha sido capaz de reconocer que se equivocó?
–Espero que tenga una actitud serena, reflexiva, de estadista; que haga una introspección y lo reconozca. La seguridad del país vale esa reflexión serena, con recta intención del presidente de México.
Intolerancia palaciega
Espino relata que después del 8 de diciembre, cuando difundió una carta abierta para exigirle a Calderón que “asuma su responsabilidad de la tragedia en Ciudad Juárez” porque “estamos ante una guerra fallida (y) ante un estéril derramamiento de sangre” (Proceso 1728), el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, llamó a los medios de comunicación en los que colaboraba para pedir que lo vetaran:
“Acabo de regresar de uno de ellos y querían invitarme nuevamente a colaborar. Les dije que lo consultaran con Gómez Mont. Me respondieron que no, que ya no tenía la fuerza de hace un año”. Evita decir nombres: “No quiero meterlos en problemas”.
–¿La carta se tomó como un ataque al presidente?
–Todo lo que no sea adular al gobierno o al presidente, en Los Pinos suele tomarse como una agresión. Se ha instaurado una actitud intolerante en la que el disenso es visto como un agravio. Incluso cuando he disentido con el gobierno sobre sus intromisiones en mi partido, ellos, a través de columnistas y editorialistas comprometidos con el poder, difundieron la versión de que Espino ataca al gobierno o al presidente. Eso es falso, pero en la semántica mental del gobierno eso es una agresión.
–¿En la semántica de Calderón?
–Del gobierno, incluido Felipe Calderón.
Sin embargo, este no fue el primer desencuentro. En mayo de 2008, Eduardo Medina Mora, entonces titular de la PGR, declaró a los medios: “Vamos ganando la guerra, aunque no lo parezca”. Espino había convocado a una rueda de prensa para anunciar el Primer Foro Internacional sobre Seguridad, promovido por la ODCA, en Bogotá, Colombia. Ahí, un reportero preguntó su opinión sobre lo expresado por el titular de la PGR y él fue conciso: “No tengo la información que tiene el procurador para afirmar que vamos ganando la guerra. En lo que sí coincido con él es en que a mí tampoco me lo parece”.
Como respuesta, en una actitud “intolerante” –dice Espino–, el coordinador de Comunicación Social de la Presidencia, Max Cortázar, manipuló la información para que pareciera que atacaba al gobierno. Además, Germán Martínez Cázares, entonces presidente nacional del PAN, prohibió a los 20 gobernadores y a los legisladores del PAN que asistieran al foro de la ODCA.
Injusticia y complicidad
Manuel Espino expone los motivos que lo llevaron a escribir el libro La guerra injusta de Ciudad Juárez:“En noviembre, uno de mis hijos cumplió años y a la fiesta, en nuestra casa, no llegaron dos de sus amigos. Los mataron en el camino. Eso generalizó la indignación. Y en una plática, con mis hijos y con amigos, decidimos que, en lugar de huir de Juárez, teníamos que hacer algo para cambiar la imagen de la ciudad.
Dice oponerse a la imagen de Ciudad Juárez que reporteros e investigadores de todo el mundo han difundido:
“Sólo revelan los informes forenses, los partes de guerra, las a veces exageradas descripciones de las masacres, las fotografías sangrientas”. Añade que ese material ha contribuido a deformar el rostro de una ciudad que no es violenta, sino que es la segunda más importante del mundo por su industria maquiladora.
“En mayo de 2008 le pedí al presidente que revisara y rectificara la estrategia. Iban 4 mil ejecutados; hoy ya son casi 17 mil. Bueno, 13 mil ejecutados después, le vuelvo a sugerir al presidente que rectifique. Puede concluir su gestión como un presidente exitoso, que tuvo la dignidad de reconocer un error y corregirlo, quizá ya no a tiempo, porque ya es demasiado tarde”, reitera.
–Usted señala en su libro que Juárez es un campo de concentración, en donde viven su propio holocausto; el señalamiento es muy grave.
–Sí, pero vivimos nuestro propio holocausto porque estamos esperando que nos toque. Nos preparamos para ser víctimas. En lugar de ir el fin de semana al cine o a un restaurante, hacemos reuniones familiares para calcular qué vamos a hacer el día que nos toque un secuestro, un homicidio, un asalto. Estamos en esa lógica y es injusto. Pero ahora los padres de familia pagan 5 mil o 15 mil pesos para que los delincuentes dejen llegar a su hijo a casa y regresar a la escuela al día siguiente.
–¿Hacia dónde va Ciudad Juárez? ¿Hacia un estallido social?
–No sé qué pueda generarse, pero hay gente que ya contrató a sus propios escoltas para cuidar a su familia y su patrimonio. Otros han puesto barricadas en sus colonias, alarmas en sus casas, y los de menos recursos tienen un bat o traen una navaja en el bolsillo por si se ofrece. La gente se está preparando para un fenómeno generalizado de violencia. No lo estoy adelantando, pero aquí no podemos descartar nada.
El 3 de julio de 2009 Espino recibió una carta en la que el presidente colombiano Adolfo Uribe le agradece “el respaldo al operativo que devolvió la libertad a 11 compatriotas (entre ellos Ingrid Betancourt) y tres cooperantes extranjeros secuestrados por las FARC. En contraste, lamenta, Calderón ni siquiera ha “hojeado” las 101 propuestas para la paz que surgieron del II Foro Internacional “Inseguridad, dolor evitable”, que se realizó en agosto de 2009 en Ciudad Juárez con la participación de 22 países.
A la falta de “voluntad” del presidente Calderón para reconocer el fracaso de la guerra, Espino suma otra inquietud: “Como juarense, tengo miedo de que en estas elecciones los gobiernos vayan a usar el tema de la violencia como bandera política a través de sus partidos”.
Se le pregunta entonces qué opina de que el PRI haya nombrado a Héctor Murguía como su candidato a la alcaldía de Juárez, después de que durante su gestión (2004-2007) la policía municipal estuvo bajo el mando del cártel de Juárez (incluso, Saulo Reyes, su secretario de Seguridad, fue detenido en El Paso, Texas, cuando trataba de pasar droga de esta organización y pretendió sobornar a agentes de la aduana.
–No tengo información corroborada, solo sé que durante su gestión nos dejó una ciudad invadida por el narcotráfico. El Teto Murguía es sinónimo de desconfianza para los juarenses.
–El diputado Manuel Clouthier habló de la protección del gobierno federal a Joaquín Guzmán Loera, El Chapo.
–No puedo asumir, como Clouthier, que el gobierno está en complicidad con el crimen organizado, porque eso implica hasta a Felipe Calderón ¡y ya sería el colmo! Que hay complicidades, sí, sería torpe negarlo, es evidente. Sin duda hay funcionarios implicados o que han implicado su actividad de gobierno con la de los criminales.
“Por eso digo que, tratándose del manejo de la información, parece que hay complicidad, porque bajo el argumento de informar a la gente de lo que se está haciendo, dan información a los medios y enteran a los criminales de cómo fueron los operativos, en dónde están detenidos los criminales, qué juez se va a encargar de su causa, en qué celda están encerrados… Hay funcionarios que saben que ventilar esta información ayuda a los criminales. Aquí no hay ingenuidad, hay complicidad.
–En Juárez se ha acusado a la procuradora, Patricia González Rodríguez, y al gobernador, José Reyes Baeza, de dar protección al cártel de Juárez...
–Digamos que hay señales muy fuertes que hacen suponer complicidades de políticos de Ciudad Juárez con los criminales. La señal de que El Teto sea candidato a la presidencia municipal de Juárez es una de elllas. Del gobernador y la procuradora, no tengo información para afirmarlo.
–Juárez vive dos guerras paralelas: por un lado, se sospecha que la procuradora y el gobernador apoyan al cártel de Juárez, y por el otro hay informes que señalan la protección que el gobierno federal, a través del Ejército, brinda al cártel de Sinaloa…
–Es la misma guerra. En ella hay ciudadanos, políticos, empresarios, funcionarios de gobierno... y uno de los rasgos importantes es la narcopolítica. Hace más de un año empecé a dialogar con dirigentes de partidos y líderes sociales. Incluso, en agosto pasado, hablé con el gobernador del estado. Les pedí que consideráramos cancelar las elecciones en Ciudad Juárez. Les dije que las elecciones eran una oportunidad para que avanzaran los criminales, quienes iban a querer imponer, patrocinar y luego controlar a la ciudad a través del gobierno, porque ningún partido estaba exento de ese riesgo.
“Les dije que el Congreso podía determinar que no había condiciones para una contienda electoral, que era de alto riesgo efectuarla y corríamos el peligro de que el crimen organizado avanzara en la coyuntura electoral, pero me dijeron que no era posible. Ahora, con lo de El Teto, se incrementa ese riesgo.”
Afirma que en esta ocasión los cárteles financiarán las campañas políticas en Ciudad Juárez.
Proceso 14/03/2010