Desfiladero

El pueblo se organiza mientras los políticos vomitan

Jaime Avilés

Santos Loredo, presidente del municipio Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí, donde opera ilegalmente la canadiense Minera San Xavier, y Mario Martínez Ramos, miembro del Frente Amplio Opositor, organización ciudadana que lleva una década luchando por la clausura definitiva de esa empresa, dieron a conocer que, antenoche, un representante de la 12 Zona Militar les avisó que, a lo largo del día de hoy, tropas del Ejército resguardarán las instalaciones de la mina durante el festival político y artístico que el FAO celebrará allí, como todos los años, para conmemorar su tenaz resistencia, y que en esta ocasión rendirá homenaje póstumo al poeta Carlos Montemayor.
Ximena Peredo, vocera del movimiento que acaba de nacer en Monterrey, en rechazo a la pretensión de la distribuidora de bebidas FEMSA, de construir un estadio de futbol en la reserva ecológica de La Pastora, convoca a los lectores de esta columna en aquella ciudad a reunirse hoy, en punto de las 11 de la mañana, frente a la estación del Metro General Anaya, sobre la avenida Alfonso Reyes (de la capital de Nuevo León), para marchar hacia las oficinas del consorcio, a fin de exigirle que edifique en otro lado su campo deportivo.
José Antonio Almazán, ex diputado federal, integrante del Sindicato Mexicano de Electricistas, reitera su llamado a todos los inconformes del país para que el próximo martes, 16 de marzo, se sumen a la “huelga política” que la Asamblea Nacional de la Resistencia Popular llevará a cabo “para detener a quienes usurpan el gobierno de la República y violentan los derechos del pueblo”.
La ANRP, que aglutina a mineros, maestros, electricistas, telefonistas, así como al Movimiento por la Soberanía Alimentaria y Energética y a muchas organizaciones más, invita a obreros, campesinos, estudiantes y desempleados “a paralizar la producción y la distribución de mercancías, ocupar las tierras que han sido arrebatadas, bloquear los caminos y protestar en las plazas públicas”. El objetivo de las movilizaciones que se llevarán a cabo al menos en 25 estados y en el Distrito Federal, es obvio.
Así lo explica Almazán: “Mientras el mal gobierno y la oligarquía sigan dirigiendo el país, no tenemos ninguna oportunidad de salir de la crisis social, pues ésta se profundizará junto con el terrorismo de Estado, que en nombre del supuesto combate a la delincuencia organizada, militariza la nación y avanza hacia la implantación de una dictadura cívico-militar al servicio de Estados Unidos”. Y concluye: todos sabemos que todo empeorará “si no ponemos un hasta aquí a quienes desgobiernan”.
Al margen de todos los partidos y de todos los políticos, que se arrojan cataratas de vómito y puñados de excremento, mientras se alían para repartirse el botín de las próximas elecciones, la gente del pueblo se siente y se sabe más sola que nunca, pero comprende que o se organiza y defiende con las armas de la razón, la imaginación y la solidaridad, o renuncia a la esperanza, la dignidad y la vida misma. He allí el terrible caso de Reynosa, Tamaulipas.
A cualquier hora del día o de la noche, aparecen caravanas de camionetas negras, con hombres armados hasta los dientes, que llevan en las puertas de sus vehículos las siglas de los cárteles a los que pertenecen. Para que nadie se confunda. Y las balaceras se producen en cualquier momento. Los pobres habitantes de la localidad viven aterrorizados. Sin embargo, desde su pedestal electrónico, un petulante levantacejas decide que eso no es cierto, que son exageraciones de los resentidos. Y manda a dos reporteros a comprobar lo que él dice. En cuanto llegan a Reynosa, los enviados son recibidos por “la maña” (así les dicen a los narcos en el noreste del país) y sufren una tremenda golpiza. Tienen suerte: los devuelven vivos, pues al tiempo que a ellos los liberan, seis periodistas más desaparecen (y no se sabe de ellos hasta hoy).
Ante la desbordante pesadilla en que se ha transformado su existencia, los jóvenes de allá comienzan a reunirse en escuelas y centros cívicos para infundirse ánimos y seguir adelante con la vida cotidiana, como una manera de aprender a resistir. En Ciudad Juárez está ocurriendo otro tanto. Ante la sordera calderónica, que se niega a sacar al Ejército de esa martirizada población, el clamor popular contra las tropas incuba nuevas formas de lucha pacífica.
Durango, Coahuila, Sonora, Baja California, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Morelos, el estado de México, Veracruz, Tabasco, también padecen la doble violencia del narco y del “gobierno”. Por lo visto, la descomposición política y social es la única estrategia que le funciona a la oligarquía para llevarnos, en efecto, a una dictadura mil veces peor que ésta. La fórmula es muy simple: por una parte, le quitan dinero a la educación y se lo dan a la “seguridad”, así producen más delincuentes y a la vez los reprimen. Por otra, no tocan ni de chiste los fondos bancarios de los cárteles, pero llenan las ciudades de soldados y marinos, que en todos estos años no han logrado reducir el consumo de estupefacientes.
A juzgar por lo que sucedió esta semana –aparecieron cadáveres y mantas con mensajes cruzados entre directores rivales de organizaciones distribuidoras de sustancias ilícitas–, la supuesta guerra “contra” el narco (que en realidad lo ayuda a ganar siempre más y más dinero y justifica la militarización y la supresión de garantías individuales), está llegando al Distrito Federal. Los medios oficialistas ya nos explican cuáles son las bandas que ahora “se disputan” la capital. ¿Cuál será el siguiente episodio? ¿Un combate con granadas y bazucas en Perisur, para que después coloquen tanquetas en Insurgentes? Edgardo Buscaglia asegura que para allá vamos.
Por increíble que parezca, Marcelo Ebrard está haciendo la parte que le corresponde en este proceso de degradación. ¿Cómo es posible que sus diputados en la Asamblea Legislativa le hayan quitado la tercera parte del presupuesto a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, exponiéndola al riesgo de verse obligada a cerrar, para privilegiar la construcción de un tranvía? ¿Y qué hizo con el magnífico proyecto de las orquestas juveniles en Iztapalapa, que propuso Clara Brugada y que debería ser un modelo a seguir en todas las delegaciones depauperadas, en donde el consumo de drogas, la deserción escolar y la delincuencia van a la alza?
Por supuesto que la obra pública genera empleos temporales, pero, ¿de qué se trata? ¿Acaso el único horizonte que Ebrard puede ofrecer a los jóvenes pobres es el de albañiles? ¿O la idea es echar abajo los éxitos de su antecesor, que fundó la UACM y terminó en Iztapalapa con el cacicazgo de los Chuchos? Quizá las dudas que suscitan estas preguntas ayuden a explicar por qué Manuel Camacho, mentor de Ebrard, recorre el país del brazo de Jesús Ortega, fraguando alianzas con César Nava, gerente del partido que se robó la Presidencia de la República y pactó con el PRI –en secreto ahora vergonzosamente descubierto– el maldito e innecesario aumento a los impuestos.
Por fortuna, mientras los políticos vomitan, el pueblo se organiza. En Cerro de San Pedro, en Monterrey, en Reynosa, en Juárez, en el Ombligo Verde de Cancún, en Tlalpan (donde sigue la batalla de los vecinos contra la gasolinera de un déspota), las pequeñas luchas ciudadanas se fortalecen y multiplican. Cuando logren vincularse con ejercicios de resistencia más amplios como la “huelga política nacional” del martes venidero, observaremos con mayor optimismo el plebiscito del 22 de mayo que nos preguntará si, para vivir mejor, debe renunciar Calderón, a quien los priístas en el Congreso llamaron a gritos “es-pu-rio, es-pu-rio, es-pu-rio”.

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