Se han promovido 3 mil 500 amparos por la deuda de Coahuila

Milenio
12 Diciembre 2011
“Claridad y Participación” invoca al Congreso Federal defender al Estado

Torreón .- De acuerdo a la organización ciudadana “Claridad y Participación”, en el estado de Coahuila se han promovido ya 3 mil 500 amparos ciudadanos contra el pago de la deuda pública de más de 33 mil millones de pesos.

Jesús González Schmall, abogado y político lagunero, dijo que por tal motivo ya se promovió el juicio político ante la Cámara de Diputados para acusar al Congreso de Coahuila, al gobernador interino Jorge Lopez y al exgobernador Humberto Moreira de violación a la Constitución del Estado de Coahuila, la Federal y de uso indebido de los recursos públicos de origen federal.

Explicó que en la carta magna está la denominada “Acción Ciudadana”, ciudadanos como los agrupados en la organización “Claridad y Participación”, sin carácter partidista, “de esta forma fuimos los que firmamos esta denuncia e invocó al Congreso Federal para que salga en la defensa del estado de Coahuila que ha sido víctima de un asalto a su erario público por parte de una gavilla que ha hecho que no opere la división de poderes, ya que el poder Ejecutivo ha sometido al Congreso del Estado para que le lave dinero, es decir, que le limpie el origen ilícito de los recursos obtenidos de manera ilegal, mediante la falsificación de documentos; por lo que para este juicio político deberá instaurarse y abrir investigaciones especiales de lo que ha ocurrido en Coahuila”, afirmó.

Agregó que, “en las leyes está tipificado el delito en el que incurrieron los funcionarios públicos tanto el Congreso del Estado y los gobernadores, como la falsicación de documentos, enriquecimiento ilícito y también peculado; además de las responsabilidades del entonces Secretario de Hacienda, por la obligación de denunciar este delito ante el Ministerio Público Federal y no lo hizo en su momento.

Además que el ciudadano de Coahuila, de acuerdo con la Constitución del Estado en el Artículo XVII Fracción VI, se puede negar a pagar una deuda que se concertó ilegalmente, para eso se interpusieron los amparos, para que no tengamos la obligación de realizar ese pago de deuda”, señaló.

Dijo que estos amparos pueden ser promovidos por los ciudadanos por medio del denominado “interés difuso o colectivo”, en donde un grupo grande de individuos pueden invocar al pleno de la corte para que resuelva el amparo a favor de los ciudadanos y que se declare la deuda ilegal y que no nos obliguen a pagarla.