ROSA SANTANA
CANCÚN, Q. Roo., 5 de febrero (apro).- Ante la irrupción de las Fuerzas Especiales Policiales de Apoyo (FEPA) de la Secretaría de Seguridad Pública del estado en el ejido Alfredo V. Bonfil, la delincuencia organizada reaccionó con amenazas, informó el subsecretario Didier Vázquez Méndez.
El operativo fue implementado como parte de las acciones para dar con el paradero de los responsables de la ejecución del general de Brigada, Mauro Enrique Tello Quiñónez; del teniente de Infantería, Getulio César Román Zúñiga, y de Juan Ramírez Sánchez, sobrino del presidente municipal de Benito Juárez (donde se asienta Cancún), Gregorio Sánchez Martínez.
Vázquez Méndez reveló que ante la irrupción de la FEPA -más de un centenar de elementos-- anoche en el ejido Alfredo V. Bonfil, se recibió una amenaza anónima vía telefónica para que estos grupos policíacos se retiren de la entidad, de lo contrario, dijo la voz, "habrá consecuencias".
Hablaron anoche al número de emergencia, donde se recibió una llamada de teléfono público donde decían que sacaran a la FEPA de Bonfil, porque si no iba haber consecuencias...la llamada salió de un área de la ciudad no la sacaron de Bonfil, fue alrededor de las nueve de la noche", dijo.
Aunque aceptó que se extremaron precauciones porque no se echarán en saco roto las advertencias, sostuvo que éstas no amedrentarán a la autoridad en su lucha contra la delincuencia organizada.
La FEPA, además de los operativos en el referido ejido instaló retenes en las áreas con mayor incidencia delictiva.
Por otra parte, el procurador Bello Melchor Rodríguez y Carrillo confirmó que la Procuraduría General de la República atrajo la investigación de la triple ejecución de los militares.
Rodríguez y Carrillo informó que el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, se comunicó con él para iniciar el procedimiento, con el fin de que "todo lo que ya se ha actuado se le traslade de manera directa y rápida a la PGR para que ellos le den continuidad a esta averiguación previa".
Destacó que el expediente que se entregó a la instancia federal lleva "un avance importante, aunque tendrá que ser complementado, pues faltan algunos datos importantes para que, en su momento, la PGR pueda ejercer acción penal".
Comentó que junto con el expediente se entregaron a la PGR tres teléfonos celulares propiedad de los occisos, además de dos automóviles que, se presume, fueron utilizados por los sicarios para interceptar a los militares.
Proceso06/02/2009
Proceso06/02/2009
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