domingo, 8 de enero de 2017

Una ley para los periodistas en Quintana Roo

 Congreso Quintana Roo
Por Antonio Cabello
Julio 5 de 2016.

Quintana Roo.- En verdad que para quienes ejercemos esta profesión, que no oficio, es bien sabido entre los profesionales de la comunicación que por nuestra propia naturaleza es más fácil organizar a 7 mil concesionarios con placas de taxi y a sus más de 10 mil agremiados como taxistas, que al gremio periodístico de cualquier estado de nuestro país; es más en muchas ocasiones no podemos tener consensos con los compañeros de un mismo municipio, aunque en éste seamos seis o siete reporteros.
Lo sé porque desde marzo de 2007, presido la Asociación Civil, Por un periodismo libre Mirada Interactiva A.C., con sede en la Ciudad de México, pero desde hace varios años trabajando en el estado de Quintana Roo y, aunque para muchos compañeros cuando se dan cuenta que no se trata de  un “Club de Tobi”, prefieren retirarse; pero para muchos otros hemos logrado sacar proyectos de interés para ellos y para la A.C.
Y uno de esos proyectos, como otros tantos, nos van dejando satisfechos y, entre otros, me refiero a la Ley de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para el Estado de Quintana Roo, ya que la validación que realizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sobre la constitucionalidad de la Ley; cuando dice “alto riesgo” se debe quitar “alto” y que haya validado el artículo 3 por mayoría de votos; muestra que el trabajo realizado por unos cuantos reporteros interesados en el tema, no estábamos equivocados en proponer una ley que fuera de interés para los trabajadores de los medios de comunicación y no para los empresarios dueños de los diferentes medios de información; aunque a partir de que se aplique en el estado, deberán estar pendientes estos últimos, pues deberán cooperar para que nuestros compañeros interesados en profesionalizarse y en buscar nuevas formas de capacitación, tendrán que ser apoyados por los mismos.
Y es que hace unos días fui entrevistado y, me preguntaban que porqué trabajar en un proyecto que pareciera era más del gobierno estatal que de los mismos periodistas, aquí algunas de  las razones: fui amenazado, privado de mi libertad y recibí abusos por parte de quien fuera la presidenta municipal María Trinidad García Arguelles, en su momento en el municipio Lázaro Cárdenas, con cabecera municipal en Kantunilkín; lo cual quedó asentado en la Procuraduría General de la República Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, en el expediente A.P. 039/FEADLE/2011, en oficio; 064/MPFEADLE/5/2011, en donde se ordenaron medidas de protección y auxilio. A pesar de que a muchos compañeros reporteros en el estado y a uno que otro que escribe o colabora para un medio nacional, les ha dado por llamarla la “Ley Borge”, no puedo dejar de reconocer el que el primer mandatario haya estado en la disponibilidad de recibir un proyecto de Ley en beneficio del gremio periodístico y de las personas defensoras de derechos humanos.
No se trata de un capricho, dado que las circunstancias me han llevado a solidarizarme con el gremio; mi paso como miembro activo y  reportero en los años noventa, en el Órgano informativo de la Fraternidad de Reporteros de México A.C., Los Periodistas, el cual daba cuenta de los agravios y situaciones laborales que vivían los reporteros en todo el país, sus mejores momentos de dicho órgano informativo fueron cuando estuvieron al frente del mismo; primero, Carlos Padilla Ríos; segundo, Juan Marcial Copado (q.e.p.d).
El llegar a trabajar al estado de Guerrero, al Sol de Chilpancingo (por cierto el único diario que no pertenece a la cadena de los Soles, OEM) y luego por 4 años más en Acapulco laborando en La Palabra, y el ver como los compañeros lograron la Ley 463 de protección a periodistas del estado de Guerrero, y aunque no es una ley perfecta, les ha funcionado por más de 24 años, y les ha llevado diversos beneficios a los comunicadores en la entidad.
Las situaciones laborales a las que un periodista se enfrenta al trabajar en cualquier medio de comunicación y encontrar que no contamos con las prestaciones laborales previstas en la Ley Federal del Trabajo, así como las prestaciones sociales que todo trabajador debe tener como es Infonavit, Sistema de Ahorro para el Retiro y Seguro Social, entre otras; ha sido lo que me llevó a participar activamente en la elaboración de esta ley en Quintana Roo.
Esta Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para Estado de Quintana Roo, fue el resultado del trabajo de compañeros y compañeras reporteras que se identificaron con el proyecto, hubo muchos periodistas a quienes se les mostraba los avances y no tuvieron la confianza o las ganas de realizarla; pero durante el más de año y medio, tuvimos que viajar a la ciudad de México, al estado de Campeche, para entrevistarnos con Rogelio Hernández López quien con toda la experiencia que tiene nos asesoró sin cobrar un solo peso. Se realizaron reuniones de trabajo y los gastos corrieron por nuestra cuenta, algunos abandonaron el “barco” otros más se sumaron, como fue el caso de las compañeras de la Asociación de Mujeres Periodistas de Quintana; Periodistas del Caribe; Por un periodismo libre Mirada Interactiva y uno que otro que sin pertenecer a ninguna asociación se fue añadiendo al proyecto.
Lo que entregamos un grupo de reporteros sin filias ni fobias, como propuesta de Ley, el pasado 23 junio de 2015, tenemos la razón y ahora esta Ley, que no de Borge, protegerá a todos; por lo que tenemos que realizar una campaña intensa para que el Congreso haga la reforma necesaria y, se pueda aplicar.
Finalmente, si alguien está interesado en conocer y realizar una comparación sobre la propuesta de Ley que fue entregada por este grupo de reporteros y la que avalaron en el Congreso, se podrán dar cuenta que no hubiera sido necesaria toda esta travesía que realizó la CNDH y la SCJN; y todo es el resultado del trabajo que realizamos durante todo este tiempo los compañeros y compañeras que creímos sería posible; no es el resultado de la CNDH y la SCJN.