JORGE CARRASCO ARAIZAGA
Los cárteles del narcotráfico no son los únicos que agreden a la prensa: en el gobierno de Felipe Calderón se han vuelto comunes los actos violentos contra periodistas, desde intimidaciones hasta agresiones físicas por parte de funcionarios públicos, policías y militares.
Tan sólo el año pasado quedaron documentadas más de 100 agresiones en contra de periodistas o medios de información en todo el país, que van desde asesinato, desaparición forzada y amenazas hasta detenciones arbitrarias, allanamientos y bloqueo informativo o comercial.
Esa realidad quedó registrada en el informe Periodismo bajo la violencia del narcotráfico, divulgado el jueves 22 simultáneamente en varias ciudades del país por el Centro de Periodismo y Ética Pública (Cepet), que por segundo año consecutivo evaluó la situación de la libertad de expresión en México.
El periodismo mexicano se encuentra ya entre dos fuegos. Además de la violencia atribuida directamente a la delincuencia organizada, los periodistas y los medios de información enfrentan ahora las agresiones de las fuerzas de seguridad, en especial del Ejército y policías federales, como resultado de los operativos contra el narcotráfico que puso en marcha Calderón desde que asumió la Presidencia, en diciembre de 2006.
Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en lo que va del gobierno de Calderón se han abierto 170 expedientes de quejas por agresiones de funcionarios gubernamentales contra periodistas.
Aarón Jiménez Paz, director del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos de la CNDH, precisa que entre 2000 y 2008, período que coincide con las administraciones federales panistas, se han reportado 45 homicidios de periodistas, en tanto que de 2005 a la fecha se cuentan ocho desapariciones de comunicadores.
"Las agresiones contra los periodistas se repiten porque no se investigan y mucho menos se sancionan", aseguró Jiménez en la presentación del informe, en la que también participó Reporteros Sin Fronteras (RSF), organización internacional de defensa de la libertad de expresión, con sede en Francia.
El informe indica que durante 2008 en todo el país se registraron 110 agresiones de diferente tipo contra periodistas o empresas informativas: cinco asesinatos, una desaparición forzada, cuatro intentos de asesinato, dos encarcelamientos, 15 ataques a la propiedad, tres allanamientos, seis detenciones arbitrarias, 12 agresiones físicas, 22 intimidaciones, 14 amenazas de muerte, 14 amenazas y 12 bloqueos informativos o comerciales.
En relación con el primer año del gobierno de Calderón, se incrementaron "tanto en número como en brutalidad" las agresiones en el contexto de la violencia cometida por la delincuencia organizada", aseguró la directora del Cepet, Leonarda Reyes.
Según el reporte, el estado más violento en México contra el ejercicio periodístico fue Chihuahua, donde se perpetraron 14 agresiones contra periodistas o medios de información. En particular, Ciudad Juárez concentró los ataques, atribuidos principalmente a grupos relacionados con el narcotráfico.
En el caso de algunos asesinatos y amenazas graves, el Cepet afirma que existen pistas de la participación de grupos de la delincuencia organizada que se habrían sentido afectados por coberturas periodísticas.
"Los delincuentes asumen que el espacio o despliegue que se da a una noticia corresponde a la simpatía o al antagonismo que el medio tiene por tal o cual cártel", explicó Leonarda Reyes. Esos grupos también actúan contra la prensa cuando se les atribuye en forma equivocada alguna ejecución o cuando se sienten exhibidos, añadió.
Por número de agresiones, a Chihuahua le siguen Oaxaca con 13, y Veracruz y el Distrito Federal con 12 cada uno. Pero hay estados donde las agresiones han sido más violentas, como los asesinatos e intentos de asesinato de periodistas en Chihuahua, Michoacán, Tabasco, Veracruz, Oaxaca, Sonora, Nayarit; o la desaparición forzada de Mauricio Estrada Zamora, reportero de La Opinión de Apatzingán, Michoacán.
Los periodistas asesinados fueron Armando Rodríguez Carreón, reportero policial de El Diario, de Ciudad Juárez, el 13 de noviembre; Miguel Ángel Villagómez Valle, director del periódico La Noticia de Michoacán, el 10 de octubre; Teresa Bautista Merino y Felícitas Martínez Sánchez, locutoras de la radio comunitaria La Voz que Rompe el Silencio, de San Juan Copala, Oaxaca, el 7 de abril; y Alejandro Fonseca Estrada, locutor de la cadena de radio Exa FM en Tabasco, el 23 de septiembre.
El informe también destaca la violencia contra medios de información, como el caso de las granadas lanzadas a las instalaciones del periódico El Debate de Culiacán, en Sinaloa, el 17 de noviembre de 2008. Este fue el quinto ataque contra la infraestructura de los medios desde 2006.
Hubo también otros mensajes contra los medios, como las cabezas de víctimas del narcotráfico que fueron arrojadas en las inmediaciones de televisoras o periódicos. Es el caso de TV Azteca, en Mérida, Yucatán, y de El Correo de Tabasco, en Villahermosa.
Por lo que hace al Distrito Federal, de acuerdo con el reporte, aunque casi no se registraron agresiones físicas, sí fueron frecuentes los bloqueos a los periodistas para hacer su trabajo, además del boicot publicitario.Sobre los responsables de los ataques, el informe identifica que en 28% de los casos fueron elementos de las fuerzas del orden público; otro 27% se atribuye a funcionarios y políticos de todos los partidos.
La mayoría de las agresiones de funcionarios públicos provinieron de policías municipales, con 43%, seguidas de las cometidas por militares y policías federales, con 23% cada uno, y el 11% restante, de policías estatales. El reporte identificó incluso al partido al que pertenecen los funcionarios agresores: 44% fueron del PRI, 35% del PAN y 21% del PRD.
"El incremento de los agravios de las fuerzas del orden fue notable y se explica por los operativos en contra del narcotráfico, ya que fueron frecuentes los casos en que los periodistas fueron amedrentados con armas de fuego, sufrieron la destrucción de sus equipos y golpes, entre otros acosos, para impedirles las coberturas de las noticias", señala el informe.
En Chihuahua, Ciudad Juárez se ha convertido en el lugar más hostil y peligroso para los periodistas mexicanos, ya sea por la acción del narcotráfico o de las autoridades. Los reporteros y fotógrafos locales han tenido que recurrir al uso de chalecos antibalas.
En esa ciudad, asiento del cártel de Juárez, también prevalecieron las detenciones arbitrarias, allanamientos, amenazas de muerte, ataques con armas de alto poder y golpes contra reporteros de prensa escrita, radio y televisión.
Uno de los "abusos flagrantes" que cita el reporte fue el que sufrió el periodista Emilio Gutiérrez Soto, también de El Diario de Ciudad Juárez:
"Su domicilio fue allanado por militares con pasamontañas en un operativo contra las drogas. El reportero y su hijo de 15 años fueron encañonados y los militares se retiraron sin que encontraran irregularidad alguna en el lugar. El reportero abandonó el país."
Junto con RSF, el Cepet también realizó una investigación sobre la situación de los medios de comunicación en Ciudad Juárez a partir del asesinato de Rodríguez.
En su reporte, RSF y Cepet concluyen: los periodistas de Juárez hoy tienen "dramáticas alternativas": autocensurarse, exiliarse o exponerse a una muerte cierta, en la más total impunidad.
Proceso26/01/2009
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