Insisten en que no quieren empresas generadoras ni políticos en Álvaro Obregón, Juchitán
Alternan vigilancia con su trabajo de pescadores
Pugna por la instalación de turbinas divide a la comunidad
Los opositores afirman que las autoridades sólo negocian beneficios personales
Guardias civiles de Álvaro Obregón, en Juchitán, Oaxaca, insisten en que no permitirán la instalación de empresas eólicas en su territorioFoto Diana Manzo
Diana Manzo
Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 17 de febrero de 2015, p. 26
Martes 17 de febrero de 2015, p. 26
Juchitán, Oax.
Un silbido fuerte basta para que los policías comunitarios de Álvaro Obregón, de entre 18 y 25 años, estén a la orden de su comandante, César Toledo Vicente. Son 30 elementos, quienes en febrero del 2012 se organizaron para resguardar su pueblo, el mar y el viento contra la instalación de proyectos eólicos.
Su únicas armas son resorteras. No apuestan a la violencia; su único objetivo es vigilar que las empresas eólicas y los políticos no se acerquen al territorio, porque, dicen, el mar es lo más noble que tienen y ha sido su fuente de alimento y empleo por más de 100 años.
Álvaro Obregón, agencia municipal de Juchitán, fue fundada por el general Eliodoro Charis Castro hace medio siglo. En ella habitan alrededor de 4 mil zapotecos dedicados a la pesca.
Existen dos cabildos: uno comunitario, integrado por indígenas que se resisten a los proyectos eólicos, y otro constitucional, avalado por el alcalde de Juchitán, Saúl Vicente Vásquez, el cual cuenta con regidores y policías municipales.
En 2012, un grupo de lugareños decidió impedir la instalación de un parque eólico en Barra Santa Teresa; el 2 de febrero de ese año se enfrentaron con agentes estatales y crearon la Asamblea Comunitaria de Álvaro Obregón (ACAO), formada por el consejo de ancianos, la policía comunitaria y los asambleístas.
El proyecto eólico dividió a Álvaro Obregón. Hoy día familias enteras ni siquiera se saludan. Algunos coinciden con la ACAO y otros apoyan a los políticos, entre ellos dos ex munícipes, Héctor Sánchez y Leopoldo de Gyves.
La policía comunitaria nació una noche después del enfrentamiento con la policía estatal, el 2 de febrero del 2012. Los que posteriormente formarían la ACAO llamaron a resguardar el mar en Álvaro Obregón, único acceso por vía terrestre para que la empresa eólica, en ese entonces Mareña Renovables, pudiera instalar más de 100 turbinas.
Durante 2013 los más de 30 policías comunitarios colocaron una barricada en la ex hacienda del general Charis para no permitir que los
intrusosinstalaran turbinas eólicas.
En enero de 2014, integrantes de la ACAO se apoderaron de las oficinas de la agencia municipal, donde se organizan para resguardar la entrada a la comunidad.
Los policías comunitarios de Álvaro Obregón visten camisa negra con una leyenda que los identifica, pantalón de mezclilla y huaraches de cuero.
No perciben sueldo, pero afirman que cuidar su tierra y el mar y alternar esta actividad con su oficio de pescadores les ha dado mayor satisfacción.
Trabajan a contraturno: mientras 15 laboran 24 horas, el resto se dedica a la pesca; sus esposas van a vender el producto y en la noche se alistan para sus rondines de policías comunitarios.
Portamos resorteras para cuidarnos y tenemos una camioneta para los rondines. Lo único que deseamos es que nuestro mar no sea utilizado para colocar torres eólicas, que nos respeten y nosotros los respetamos, expresó uno de los comunitarios.
El comandante César Toledo Vicente destacó que tanto la policía comunitaria como el consejo de ancianos y la ACAO triunfaron contra las empresas eólicas y los políticos que habían negociado
todo a su favor y nada para el pueblo.
Acusó a los ex presidentes municipales Leopoldo de Gyves y Héctor Sánchez de
intentar vendernos; agarraron dinero para que nuestras tierras fueran saqueadas, pero no lo permitimos y seguimos en resistencia porque sólo se ganó un amparo.
Los comunitarios de Álvaro Obregón reiteraron al gobierno federal, encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto, que esa comunidad zapoteca no permitirán el ingreso de empresas eólicas y tampoco de políticos.
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