BENEFICIARÍA AL GOBIERNO PRiista
El enésimo retraso en la transición de la televisión analógica a la digital, en la cual el Gobierno Federal ha invertido una cantidad aún por especificar, afectará el procedimiento y los planes de inversión de los postores e incluso implica sospechas de índole electoral, por el reparto de televisores de alta definición en 2015, año de elecciones federales
domingo, 11 de mayo de 2014
MÉXICO, DF (Apro).- El pasado 29 de abril, por quinta vez en menos de dos años, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) decidió posponer otros seis meses —del 29 de mayo al 26 de noviembre de 2014— la fecha límite para el llamado "apagón analógico" en cinco ciudades del norte: Monterrey, Ciudad Juárez, Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo.
Esta decisión afectará la viabilidad de la licitación de las dos nuevas cadenas de televisión abierta digital y retrasará el programa de Televisión Digital Terrestre (TDT) que incluye la devolución de los "canales espejo", los cuales el Estado le entregó a Televisa y TV Azteca desde 2004.
Por lo tanto, la medida beneficia a estas dos empresas, que tienen un "alto nivel de concentración". Según el propio IFT, el duopolio posee 95% de las concesiones, 96% de las audiencias y 99% de los ingresos por publicidad.
En su comunicado el IFT argumentó que la nueva prórroga se debe a que la penetración de la TDT en estas plazas es menor a 90%. Pero el informe que sustentó la decisión indica algo peor: en cuatro de esas ciudades la cobertura digital es menor a 30%, sólo en Ciudad Juárez llega a 43%.
De acuerdo con la Unidad de Sistemas de Radio y Televisión del IFT, en Monterrey sólo 30% de los telehogares tiene acceso a la señal digital, en Nuevo Laredo, 22%; en Reynosa, 27% y en Matamoros, 23%.
"De acuerdo con lo previsto, si un mes antes del apagón analógico en una localidad no se ha alcanzado un nivel de penetración de 90% de la TDT, se deberá ajustar la fecha para realizar la terminación de transmisiones analógicas en esa ciudad", argumentó el IFT.
Esta baja penetración se considera un error grave en el diseño y ejercicio de la política de TDT, producto de la decisión de sustituir el programa de trabajo de la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), de abandonar el reparto de decodificadores para otorgar televisores digitales de alta definición y dejarle esta responsabilidad a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en lugar de al IFT.
Mony de Swaan, ex presidente de la Cofetel y quien se opuso a sustituir el trabajo diseñado en este órgano regulador, critica que en ocho meses bajo el nuevo esquema de trabajo y con el "modelo SCT", no se ha operado el "apagón analógico" en ninguna ciudad: "Ahora tienen más recursos, decidieron repartir televisores en lugar de decodificadores, hicieron a un lado la experiencia previa en Tijuana y aún no han cumplido con ninguna de las cinco ciudades restantes".
GRAN AFECTACIÓN
Consultado por Proceso, De Swaan considera que el retraso afectará todo el proyecto de licitación de las dos nuevas cadenas de televisión digital terrestre, el reparto de televisiones licitado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y en la liberación de la banda de 700 Mhz.
"Aplazar TDT genera incertidumbre en la licitación de las dos nuevas cadenas, pone en riesgo el modelo de negocio en la red abierta de 700 Mhz que debe liberarse con la devolución de los canales espejo que les fueron otorgados a Televisa y TV Azteca, y limita la pluralidad en los contenidos televisivos", argumenta De Swaan.
"De haberse quedado la política de TDT en el IFT —abunda—, en mayo se encenderían digitalmente cinco ciudades. Ahora el plazo se prolonga hasta noviembre y en 2015 la Secretaría de Desarrollo Social y la SCT estarán repartiendo televisores en año de elecciones federales".
El ex comisionado recuerda que en 2011, cuando la Cofetel quiso impulsar el apagón analógico en el Estado de México, el PRI se opuso argumentando que era una "estrategia electorera" del gobierno panista de Felipe Calderón en plena campaña. Ahora "resulta que ellos (los priístas) repartirán televisores", comenta.
El mismo día que IFT decidió posponer el "apagón", la SCT reiteró en otro comunicado que este mes "iniciará la prueba piloto de entrega de televisores digitales a la población beneficiaria en los siguientes municipios: Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Valle Hermoso, Río Bravo, Gustavo Díaz Ordaz, Miguel Alemán, Camargo, Méndez, Nueva Ciudad Guerrero, Ciudad Mier y San Fernando (Tamaulipas), así como en Anáhuac, Doctor Coss, China y General Bravo (Nuevo León) y en Hidalgo (Coahuila).
La dependencia no aclaró qué pasará en Ciudad Juárez y Monterrey, pero reiteró que este año adquirió 120 mil televisores digitales para entregarlos "en las siguientes etapas del programa".
El costo de adquirir y repartir televisores digitales en lugar de decodificadores aún no está claro. La SCT primero informó que serían 19 mil millones de pesos, pero el subsecretario Ignacio Peralta calculó el 28 de febrero que el monto sería de 26 mil millones de pesos; sin embargo aún no se informa cuánto costarán las antenas exteriores, las visitas domiciliarias y la instalación.
Según la SCT, el padrón de beneficiados de la Sedesol en las comunidades de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, donde se repartirán televisores en mayo, es de 107 mil personas. Pero nadie ha aclarado cómo se garantizará que no se entreguen miles de televisores con criterios electorales, dada la coincidencia de la distribución de aparatos con los comicios federales de 2015.
IMPACTO POR EL RETRASO
Desde que dio a conocer el Programa de Licitación y Adjudicación de los 246 canales de televisión abierta digital que configurarían dos cadenas de 123 frecuencias cada una, el IFT advirtió la importancia de la política de TDT para el avance de la futura competencia.
"Resulta conveniente señalar que nuestro país se encuentra en proceso de transición a la televisión digital terrestre desde el 2004, con el objeto de que la población cuente con los beneficios de esta tecnología, así como una mayor calidad de las señales transmitidas. Este esfuerzo de transición tecnológica concluirá el 31 de diciembre de 2015, en términos de lo dispuesto por el artículo quinto transitorio del Decreto de Reforma Constitucional", asentó el instituto en su acuerdo del 17 de diciembre de 2013.
"Una vez que se ejecute la transición a la televisión digital terrestre, se generarán oportunidades para replanificar progresivamente el espectro radioeléctrico, a efecto de comprimirlo hacia las bandas bajas de UHF por debajo del canal 37, por lo que la política de TDT establece que los canales deberán asignarse, preferentemente, entre el 7 y el 36", agregó el IFT.
La viabilidad de los dos nuevos competidores del duopolio depende de que se cumplan los plazos del apagón analógico. El pasado 16 de abril, al dar a conocer el valor mínimo de referencia para los interesados en participar en la licitación de las dos cadenas, el IFT también pronosticó que cada uno de ellos hasta el quinto año tendría 8.5% del mercado de la televisión abierta.
El IFT afirmó que el operador o los concesionarios entrantes realizarían 50% de sus inversiones el primer año, 70% en el segundo, 90% en el tercero, 95% en el cuarto y la culminarían en el quinto año (es decir 2020, ya que el fallo se conocerá en marzo de 2015).
A cambio de ello, en el primer año tendrían 0% de participación del mercado, 4.25% en el segundo, 7.23% en el tercero, 8.08% en el cuarto y 8.5% a partir del cuarto año y hasta el término de la vigencia de cada concesión, que es de 20 años.
La especialista Irene Levy considera que el monto fijado por el IFT para cubrir el valor mínimo de referencia, de 830 millones de pesos por cada cadena, es apenas una parte de lo que invertirán, ya que el costo mayor lo exigirá el despliegue de infraestructura, así como la producción y compra de contenidos.
"¿Cuáles serán los números si el apagón se retrasa a 2017, como pretende la iniciativa de ley secundaria que hoy se discute en el Senado?", preguntó Levy, presidenta de Observatel, en su columna del 21 de abril en el diario El Universal, en referencia a un polémico artículo transitorio de la iniciativa del Ejecutivo federal que todavía está atorada en el Senado.
Especialistas consultados por Proceso señalan que dicho costo podría elevarse entre 350 y 400 millones de dólares a fin de tener la infraestructura necesaria para operar una cadena de televisión, a lo cual se deben sumar entre 10 y 15 millones por la producción de contenidos.
En 1993, en la última licitación de las frecuencias que conformaban las cadenas del Canal 7 y el Canal 13, TV Azteca de Ricardo Salinas Pliego pagó 464 millones de dólares y le costó más de 10 años tener un porcentaje similar del mercado hasta alcanzar el 30% actual. En 2006 el empresario Olegario Vázquez Raña adquirió el Canal 28, que detentaba sin explotar el empresario bajacaliforniano Raúl Aréchiga, de Aerocalifornia. Pagó alrededor de 126 millones de dólares por la concesión y el canal tiene un impacto mínimo en el Valle de México.
JENARO VILLAMIL
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