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| Rubén Moreira Valdez, gobernador de Coahuila. Foto: Germán Canseco |
SÁLTILLO, Coah. (apro).- La Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) no fue la única que supo en su momento de la masacre de 2011 en los municipios de Allende y Nava, donde perdieron la vida alrededor de 300 personas, también la Procuraduría General de la República (PGR) fue informada con toda oportunidad.
Así lo dio a conocer ahora el gobernador Rubén Moreira, quien acusó a la PGR de ignorar la alerta lanzada por el gobierno estatal que en aquel entonces encabezaba su hermano Humberto Moreira.
“Cuando llegamos inmediatamente iniciamos una averiguación previa, pero también nos percatamos de que ya la pasada administración (de Coahuila) había dado vista de estos ilícitos que se estaban cometiendo”.
El mandatario tiene claro que dicha masacre no debe quedar impune: “Necesitamos hacer justicia. Si hay responsabilidad en funcionarios federales de la pasada administración, será la justicia la que lo determine”.
Al preguntarle si se investigará a funcionarios federales dentro de las indagatorias que se realizan en la entidad, respondió: “No soy quién para hacer un pronunciamiento de este tipo”.
El anterior gobierno federal, subrayó, conoció de la llamada “masacre de Allende”, ocurrida durante el primer trimestre de 2011.
De acuerdo con Jesús Torres Charles, exfiscal de Coahuila, en 2011 las autoridades estatales iniciaron averiguaciones previas del caso y entregaron un desglose a la PGR.
Y dijo que entonces se identificó plenamente a quienes realizaron esos crímenes como miembros de Los Zetas, y que toda la información al respecto está en los archivos de la Fiscalía General estatal.
“Al respecto, el gobernador dijo que él cumplió con su obligación de retomar las averiguaciones y de buscar a los desaparecidos de Allende”, precisó.
El pasado miércoles 14 el Torres Charles insinuó que las autoridades de entonces no actuaron para frenar la matanza de aproximadamente 300 personas a manos de Los Zetas, debido a que se trataba de asuntos del crimen organizado y, por lo tanto, no eran de su competencia.
El gobierno de Humberto Moreira, dijo, entregó a la Procuraduría General de la República (PGR) el resultado de sus investigaciones, pero lo hizo hasta junio de ese año, un mes después de que terminó la matanza.
El pasado 29 de abril Rubén Moreira informó que la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) había citado a exfuncionarios públicos de Coahuila por la masacre de Allende.
“No puedo adelantar, pero ya fueron citados funcionarios públicos de ese tiempo para seguir con las indagatorias”, mencionó el mandatario sin ahondar al respecto.
Y aseguró que la PGJE había emprendió una serie de indagatorias que arrojaban que los hechos de Allende sucedieron entre abril y agosto del año 2011.
También se le cuestionó por qué las autoridades de esa época no informaron sobre la masacre, y respondió: “Todo eso se investigará”.
Antecedentes de la matanza
La masacre de Allende y el Norte de Coahuila derivó de una venganza de Miguel Ángel Treviño, uno de los principales líderes de la organización, contra dos de sus socios que denunciaron ante las autoridades estadunidenses el tráfico de narcóticos que realizaban Los Zetas por la frontera de Piedras Negras.
Uno de los socios que lo traicionó fue identificado como Héctor Moreno Villanueva, junto con su allegado José Luis Garza Gaytán, quienes huyeron a Estados Unidos cuando fueron descubiertos.
La tarde del 18 de marzo de 2011 arribaron al poblado de Allende alrededor de 40 camionetas con hombres encapuchados y fuertemente armados que habían viajado desde Tamaulipas, buscando a las familias de Moreno y Garza Gaytán.
Entre marzo y mayo los sicarios levantaron a decenas de personas con algunos de esos apellidos, pero también a amigos e incluso a sus empleados, a quienes ejecutaron y después desaparecieron sus cuerpos en “narcococinas”.
También destruyeron con maquinaria pesada 40 residencias y siete ranchos en busca del dinero robado a Treviño, y se llevaron un libro de contabilidad donde Héctor Moreno anotaba los negocios y el dinero que lavaba.
También destruyeron con maquinaria pesada 40 residencias y siete ranchos en busca del dinero robado a Treviño, y se llevaron un libro de contabilidad donde Héctor Moreno anotaba los negocios y el dinero que lavaba.
Las víctimas de la masacre de Allende rondan las 300 personas, según cifras brindadas por Luis Reynaldo Tapia, actual alcalde de ese municipio.
A esa cantidad se suman aproximadamente 100 más, luego de que Treviño ordenó una limpia de su organización en todo el norte del estado. La mayoría de esos cadáveres fueron incinerados en una “narcococina” que operaba en el interior del Cereso de Piedras Negras.
Los militares arribaron a Allende y la región norte de Coahuila un mes después de que los sicarios se fueron.
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