Lunes, 22 abril 2013 - 11:48 am
Moreira anuncia su dimisión como presidente del PRI. / REUTERS
Cuando el priísta Humberto Moreira llegó al poder en Coahuila en diciembre de 2005, el Estado tenía una deuda de unos 300 millones de pesos (24,4 millones de dólares). Hoy los coahuilenses deben a los bancos más de 36.500 millones de pesos (unos 3.000 millones de dólares).
Mientras el Estado trata de sortear la bancarrota, Moreira, cuyo gobierno llegó a solicitar créditos con documentación falsa, pasa sus días estudiando una maestría en España.
El caso se ha convertido en paradigmático, pero está lejos de ser único en México. En Jalisco, Tabasco, Chiapas o Michoacán, es decir, en cualquier punto cardinal y sin importar los colores del gobierno, el crecimiento sin freno, la discrecionalidad y las sospechas de corrupción del endeudamiento se han convertido en una amenaza al futuro de esos Estados.
Las deudas estatales crecieron en el último sexenio un 148% hasta superar los 400.000 millones de pesos (32.500 millones de dólares), según datos de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. Solo 11 de los 32 Estados concentran más del 70% de las obligaciones financieras estatales. Los expertos aseguran que la estabilidad de las finanzas públicas del país no está en riesgo (las deudas estatales suponen el 2,5% del Producto Interior Bruto), pero sí corre peligro el desarrollo de los Estados que usan las partidas federales para cumplir con sus obligaciones corrientes, como pagar los sueldos de los funcionarios ola factura de la electricidad, en lugar de para invertir en tejido productivo o servicios sociales.
Alrededor de un 90% de los ingresos que reciben los Estados viene del Gobierno federal, que es quien recauda los mayores impuestos (consumo y renta). Con la crisis de 2008 las participaciones y transferencias a los Estados disminuyeron, reduciendo sus ingresos en aproximadamente un 30%. “La Federación incentivó que cada uno se las arreglara como pudiera. Falló el mecanismo de solidaridad”, dice el senador del PRD, Mario Delgado. Y “como pudieron” fue a través de aumentar el endeudamiento.
El doctor en Ciencia Política Guillermo Cejudo cree que como consecuencia unos gobernadores diseñaron una “mala estrategia financiera y no planificaron cómo iban a pagar” (en ocasiones comprometiendo las partidas federales de tres años) y otros, como en el caso de Coahuila, cometieron actos “abiertamente ilegales”. Los mecanismos de control y las auditorías para evitar los desmanes tampoco funcionaron. Fallaron a nivel local, por inexistentes, y a nivel federal, que en aras del derecho soberano de los Estados a endeudarse nunca puso objeciones a las exorbitantes cifras.
El exgobernador de Tabasco, Andrés Granier, llegó al poder en 2006 con apenas 500 millones de pesos de deuda (40 millones de dólares) y hoy se sabe que el Estado debe 10.135 millones de pesos (827 millones de dólares). Las alarmas por el desfalco solo saltaron cuando la falta de fondos creó a finales de 2012 una crisis hospitalaria sin precedentes. Cinco hospitales agotaron sus recursos y tuvieron que anular intervenciones quirúrgicas o recurrir a donaciones para alimentar a los pacientes. Mientras Granier, con un pie ya fuera del gobierno, aseguraba que el problema “se estaba solucionando”, su familia mantenía a 160 personas de servicio y gastaba un millón de pesos mensuales con cargo al erario, según reveló en enero el diario Reforma. Actualmente en Tabasco se impone la austeridad, mientras el exgobernador que hundió su economía vive ajeno a la crisis en Miami (EE UU)
El director general del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Juan Pardinas cree que la impunidad de la que se aprovechan quienes ahogaron a sus Estados es el mayor problema. “Uno de los primeros retos como país para mantener la estabilidad financiera es combatir la impunidad. Hay una disfuncionalidad del sistema de justicia que permite que sucedan cosas como esta sin que haya consecuencias para los gobernadores”, explica. En el reparto de culpas los expertos coinciden en que, más allá de las corruptelas de algunos gobernadores, falló el mecanismo de control y los tres niveles de gobierno. Guillermo Cejudo cree que se trata de un “problema político asociado a un déficit serio en materia de rendición de cuentas”.
Un proyecto sobre deudas estatales aprobado por el Senado esta semana incluye la prohibición de destinar la deuda a gasto corriente, la obligación de invertirla en gasto productivo y el impedimento de solicitar deuda en los último tres meses de gestión de un gobernante, como pasó en el caso de Tabasco y en el Estado de Chiapas, cuyo exgobernador Juan Sabines aumentó la deuda durante su mandato en un 5.000%.
En México, salvo el Distrito Federal, los otros 31 Estados son soberanos y pueden solicitar tanta deuda como autoricen sus respectivos congresos locales. La reforma del Senado no toca esa soberanía, al no incluir un techo de deuda, pero sí obliga a que la petición de deuda sea aprobada por dos tercios del respectivo congreso, en lugar de por mayoría simple como hasta ahora, lo que en teoría hará más difícil el trámite, que supondrá ahora negociar el aval con parte de la oposición. Sin embargo, congresos multipartidistas como el de Jalisco, donde las deudas crecen desaforadamente con la aprobación de todos los partidos, han demostrado que esa medida por sí solo no es una garantía.
Hay expertos que consideran que el proyecto aprobado en el Senado no es suficiente. Pardinas, que fue consultado por la cámara para la elaboración de la reforma, cree que si no se toca el tema de la impunidad la ley se quedará corta. Para el senador Delgado, que rompió la disciplina de partido (PRD) al votar en contra de la reforma, el texto no ataja el problema de la “transparencia”. “La realidad es que nadie conoce el monto de total dela deuda con datos. Tampoco los senadores que votaron a favor de la reforma”.
El País
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