Por primera vez presenta, una iniciativa para fijar techo a créditos locales; en 12 años aumentaron en 130% los créditos estatales y municipales, alertan
Ivonne Melgar
27/03/2013 10:19
CIUDAD DE MÉXICO, 27 de marzo.- En los dos últimos meses del año pasado, 124 municipios de Chiapas, Guerrero, Jalisco y Querétaro se declararon “en quiebra” como consecuencia del irresponsable manejo de las finanzas públicas, advirtió el PRI en la Cámara de Diputados.
En la iniciativa que presentó para fijar límites a la contratación de deudas locales, el Revolucionario Institucional expone que, en 12 años, los créditos estatales y municipales aumentaron en 130%, al pasar de 106 mil millones de pesos a casi 244 mil millones.
Este incremento generó que 16 estados registren “niveles poco óptimos de deuda”, es decir, que ésta representa arriba del 50% de las participaciones federales que reciben a través del Ramo 28, transferencias garantizadas que se utilizaron como garantía ante los bancos en el 80% de los créditos contratados.
Uno de los aspectos más graves de este manejo financiero, señala la iniciativa, es que hasta ahora se desconocen a detalle el destino de las deudas, las tasas a las que fueron contratadas y las razones que justifiquen su gestión.
El proyecto priista pretende una reforma a los artículos 115 y 117 de la Constitución.
16 entidades, en vía de insolvencia por deuda
El PRI presenta, por primera vez, una iniciativa para fijar techo a créditos locales.
Tan sólo en los últimos dos meses de 2012, 124 municipios de Chiapas, Guerrero, Jalisco y Querétaro se declararon “en quiebra” como consecuencia del manejo irresponsable de las finanzas públicas, alertó el PRI al presentar una iniciativa para fijar límites a la contratación de deudas locales.
La propuesta busca los criterios para ordenar el costo de los créditos estatales y municipales, que en 12 años aumentaron 130%, al pasar de 106 mil millones de pesos a casi 244 mil mdp.
Dicho incremento generó que 16 estados tengan “niveles poco óptimos de deuda”, es decir que ésta representa arriba de 50% de las participaciones federales que reciben a través del Ramo 28, transferencias garantizadas que se utilizaron como aval ante los bancos en 80% de los créditos contratados, reveló la bancada del PRI en su primera iniciativa en San Lázaro sobre el tema.
Con datos de la Secretaría de Hacienda, los diputados priistas señalan que los niveles “poco óptimos de deuda” se presentan en Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.
Destacan que uno de los aspectos más graves de este manejo financiero es que hasta ahora se desconocen a detalle el destino de las deudas, las tasas a las que fueron contratadas y las razones que justifiquen su gestión.
Presentada por el diputado Javier López Zavala, la iniciativa busca disminuir el costo de las deudas al establecer —con la reforma a los artículos 115 y 117 de la Constitución— mecanismos que garanticen un tratamiento homogéneo e integral de la rendición de cuentas.
Además de frenar el endeudamiento de los gobiernos locales, el proyecto pretende modificar la distribución de los recursos federales y fijar un porcentaje máximo de créditos que estados y municipios podrían contratar.
“Este es el momento de generar el marco legal que haga posible un uso más eficiente, responsable y transparente de los recursos públicos por parte de servidores públicos estatales y municipales, que considere de manera indispensable que la deuda contratada no exceda del periodo del ejercicio del gobierno que la contrata”, expuso López Zavala.
Según la iniciativa, en ningún caso los recursos provenientes de la reestructuración o refinanciamiento podrán destinarse al gasto corriente, al tiempo que las leyes estatales de deuda que los congresos locales formulen tendrán que incorporar “la figura de un pagador independiente”.
Sin información ni detalles
“Cifras de la Secretaría de Hacienda indican que entre 2000 y junio de 2012 la deuda de estados y municipios aumentó el doble que sus ingresos, lo cual puso a muchos de ellos en riesgo de insolvencia financiera, limitó sus posibilidades de endeudarse para proyectos realmente necesarios y paralizó a algunos por la falta de liquidez ante sus proveedores”, enumera la iniciativa.
De acuerdo con el análisis de la bancada del PRI en San Lázaro, “más de 50% de esos recursos fueron erogados en los últimos cuatro años sin que se conozcan a detalle el destino de los mismos, las tasas a las que fueron contraídos esos créditos y las razones que justificaron su contratación”.
Se detalla que de los 244 mil millones de pesos que suman las deudas, 27 mil millones corresponden a pasivos contratados por municipios.
Se enumeran los 14 estados que concentran cerca de 96% de los 95 mil millones de deuda contraída en los últimos cuatro años: Baja California, Coahuila, Chihuahua, Chiapas, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.
“Además, en los últimos dos meses de 2012 alrededor de 124 municipios de Chiapas, Guerrero, Jalisco y Querétaro se han declarado ‘en quiebra’. Aproximadamente 90 de ellos corresponden a Chiapas”, se puntualiza en el proyecto turnado ya a la Comisión de Puntos Constitucionales.
El PRI se refiere al caso de Baja California, entidad gobernada por el PAN, donde según se desglosa en la exposición de motivos, la deuda estatal aumentó de dos mil 100 millones a más de siete mil 800 millones en los últimos cuatro años. “Paralelamente, entre 2007 y 2010, su gasto en servicios personales aumentó más de 950 millones de pesos: de cinco mil 100 a más de seis mil millones”.
Se aclara que si bien el Distrito Federal registra la deuda más grande del país, con 33 mil 500 millones de pesos, su administración local no afronta problemas para pagar los créditos, porque es la entidad que más recursos recauda y el plazo de vencimiento para el pago de sus pasivos es de más de 22 años, el más amplio en el país.
Piden justificarlas
La iniciativa priista parte de la idea de que “cuando los gobiernos se endeudan, están decidiendo utilizar en el presente los ingresos que les corresponden a las administraciones futuras”, para satisfacer necesidades de obras y servicios para la población.
Por ello, endeudar al gobierno a largo plazo “es una acción que debe justificarse plenamente frente a la sociedad” y tomarse después de evaluar la alternativa de disminuir el costo de programas ya en marcha, argumentaron los priistas.
Se plantea, entre otros puntos, la necesidad de “generar un nuevo marco jurídico que fortalezca las competencias de los órganos garantes en esta materia”, la urgencia de “aclarar” las facultades de los congresos estatales para autorizar contratación de deuda pública y que sólo aprobarían aquella destinada “exclusivamente” a inversión pública productiva, es decir obras públicas, adquisición de maquinaria y equipo, proyectos y modernización de la infraestructura operativa.
Solicitarán a ASF indagar a Granier
Diputados acusan que no se gastó dinero federal para el mantenimiento de la infraestructura hidráulica de Tabasco
La Cámara de Diputados solicitará a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) investigar los posibles desvíos de recursos del ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier que habrían provocado deterioro de la infraestructura hidráulica en la entidad.
Así lo anunció ayer Nelly Vargas Pérez, secretaria de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento de San Lázaro, al concluir la supervisión que varios de sus integrantes realizaron a obras de los municipios tabasqueños de Centro, donde se ubica Villahermosa, y Centla.
La diputada federal de Movimiento Ciudadano informó que atestiguaron “las deplorables condiciones en que se encuentran los cárcamos” de esos municipios, debido a la falta de mantenimiento.
En la supervisión participaron Athié Flores Kamel (PRI), quien preside la Comisión, acompañado de los diputados Lorena Méndez Denis (Movimiento Ciudadano), Javier Orihuela García, Teresa Mojica Morga y Arturo Ramírez Cruz (PRD).
Vargas Pérez detalló que la solicitud a la ASF para investigar el presunto peculado del químico Andrés Granier se realizó “ya que dichas plantas de tratamiento de aguas residuales, así como estaciones de bombeo y captación de agua se encuentran en muy malas condiciones, cuando había recursos destinados al mantenimiento, y claramente no fueron aplicados”.
Anunció que los diputados de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento darán seguimiento a la situación hidráulica en Tabasco, pues de permanecer el actual deterioro “la población estará en riesgo para la temporada de lluvias que se aproxima”.
La legisladora por Tabasco enfatizó: “Solicitaremos a la Auditoría su intervención en este grave asunto”.
Durante la visita, los diputados se entrevistaron con el gobernador Arturo Núñez Jiménez, de filiación perredista, quien les expuso el estado de deterioro de la infraestructura hidráulica en el estado, el grave problema del agua, así como de las dificultades financieras de la entidad para afrontarlos.
Reseñó la diputada que el mandatario estatal les pidió a los legisladores federales coadyuvar desde la Cámara para que se cree una procuraduría de atención al usuario de la Comisión Federal de Electricidad, porque “el cobro por parte de esta entidad es excesivo y abusivo”.
Consignan a ex alcalde chiapaneco
La Procuraduría General de Justicia de Chiapas (PGJE) informó que la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa consignó al ex presidente municipal de Tapachula, Emmanuel Nivón González, por el delito de extorsión en grado de tentativa.
Fue ingresado al Centro de Reinserción Social para Sentenciados número 3, de esta ciudad. Este martes rindió declaración preparatoria ante el juez primero del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tapachula, quien resolverá el próximo domingo 31 de marzo su situación jurídica.
El año pasado, Emmanuel Nivón fue candidato a gobernador de Chiapas por el PAN.
En otro asunto, la Comisión de Vigilancia del Congreso estatal informó que se les inició una investigación judicial a 13 ex alcaldes por incumplimiento de la Cuenta Pública 2011-2012.
José Ángel Córdova Toledo, presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso local, informó que los incumplidos son los de Tapachula, Cintalapa, Copainalá, San Juan Chamula, Emiliano Zapata, Frontera Comalapa, Huixtán, Huixtla, Juárez, Oxchuc, Pichucalco, Tapilula y Zinacantán.
Atrapan a ex edil por peculado
Autoridades ministeriales de Hidalgo detuvieron a José Manuel Zúñiga Guerrero, ex alcalde de Ixmiquilpan, por presunto peculado en agravio de la administración pública.
De acuerdo con personal de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, la detención se consumó en cumplimiento a la indagatoria 48/2011.
El ex alcalde, de extracción perredista, se dirigía a su domicilio procedente de sus labores educativas cuando fue detenido. Fue ingresado al Centro de Readaptación Social de Ixmiquilpan.
Al cierre de la edición, las autoridades judiciales aún no daban a conocer el monto no solventado por el edil, quien apenas en diciembre aseguró que ya había saldado una observación de la Auditoría Superior del Estado por 58 millones de pesos, de su trienio (2006-2009).
El ex presidente municipal realizaba labores activismo en favor del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que dirige Andrés Manuel López Obrador.
En la iniciativa que presentó para fijar límites a la contratación de deudas locales, el Revolucionario Institucional expone que, en 12 años, los créditos estatales y municipales aumentaron en 130%, al pasar de 106 mil millones de pesos a casi 244 mil millones.
Este incremento generó que 16 estados registren “niveles poco óptimos de deuda”, es decir, que ésta representa arriba del 50% de las participaciones federales que reciben a través del Ramo 28, transferencias garantizadas que se utilizaron como garantía ante los bancos en el 80% de los créditos contratados.
Uno de los aspectos más graves de este manejo financiero, señala la iniciativa, es que hasta ahora se desconocen a detalle el destino de las deudas, las tasas a las que fueron contratadas y las razones que justifiquen su gestión.
El proyecto priista pretende una reforma a los artículos 115 y 117 de la Constitución.
16 entidades, en vía de insolvencia por deuda
El PRI presenta, por primera vez, una iniciativa para fijar techo a créditos locales.
Tan sólo en los últimos dos meses de 2012, 124 municipios de Chiapas, Guerrero, Jalisco y Querétaro se declararon “en quiebra” como consecuencia del manejo irresponsable de las finanzas públicas, alertó el PRI al presentar una iniciativa para fijar límites a la contratación de deudas locales.
La propuesta busca los criterios para ordenar el costo de los créditos estatales y municipales, que en 12 años aumentaron 130%, al pasar de 106 mil millones de pesos a casi 244 mil mdp.
Dicho incremento generó que 16 estados tengan “niveles poco óptimos de deuda”, es decir que ésta representa arriba de 50% de las participaciones federales que reciben a través del Ramo 28, transferencias garantizadas que se utilizaron como aval ante los bancos en 80% de los créditos contratados, reveló la bancada del PRI en su primera iniciativa en San Lázaro sobre el tema.
Con datos de la Secretaría de Hacienda, los diputados priistas señalan que los niveles “poco óptimos de deuda” se presentan en Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.
Destacan que uno de los aspectos más graves de este manejo financiero es que hasta ahora se desconocen a detalle el destino de las deudas, las tasas a las que fueron contratadas y las razones que justifiquen su gestión.
Presentada por el diputado Javier López Zavala, la iniciativa busca disminuir el costo de las deudas al establecer —con la reforma a los artículos 115 y 117 de la Constitución— mecanismos que garanticen un tratamiento homogéneo e integral de la rendición de cuentas.
Además de frenar el endeudamiento de los gobiernos locales, el proyecto pretende modificar la distribución de los recursos federales y fijar un porcentaje máximo de créditos que estados y municipios podrían contratar.
“Este es el momento de generar el marco legal que haga posible un uso más eficiente, responsable y transparente de los recursos públicos por parte de servidores públicos estatales y municipales, que considere de manera indispensable que la deuda contratada no exceda del periodo del ejercicio del gobierno que la contrata”, expuso López Zavala.
Según la iniciativa, en ningún caso los recursos provenientes de la reestructuración o refinanciamiento podrán destinarse al gasto corriente, al tiempo que las leyes estatales de deuda que los congresos locales formulen tendrán que incorporar “la figura de un pagador independiente”.
Sin información ni detalles
“Cifras de la Secretaría de Hacienda indican que entre 2000 y junio de 2012 la deuda de estados y municipios aumentó el doble que sus ingresos, lo cual puso a muchos de ellos en riesgo de insolvencia financiera, limitó sus posibilidades de endeudarse para proyectos realmente necesarios y paralizó a algunos por la falta de liquidez ante sus proveedores”, enumera la iniciativa.
De acuerdo con el análisis de la bancada del PRI en San Lázaro, “más de 50% de esos recursos fueron erogados en los últimos cuatro años sin que se conozcan a detalle el destino de los mismos, las tasas a las que fueron contraídos esos créditos y las razones que justificaron su contratación”.
Se detalla que de los 244 mil millones de pesos que suman las deudas, 27 mil millones corresponden a pasivos contratados por municipios.
Se enumeran los 14 estados que concentran cerca de 96% de los 95 mil millones de deuda contraída en los últimos cuatro años: Baja California, Coahuila, Chihuahua, Chiapas, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.
“Además, en los últimos dos meses de 2012 alrededor de 124 municipios de Chiapas, Guerrero, Jalisco y Querétaro se han declarado ‘en quiebra’. Aproximadamente 90 de ellos corresponden a Chiapas”, se puntualiza en el proyecto turnado ya a la Comisión de Puntos Constitucionales.
El PRI se refiere al caso de Baja California, entidad gobernada por el PAN, donde según se desglosa en la exposición de motivos, la deuda estatal aumentó de dos mil 100 millones a más de siete mil 800 millones en los últimos cuatro años. “Paralelamente, entre 2007 y 2010, su gasto en servicios personales aumentó más de 950 millones de pesos: de cinco mil 100 a más de seis mil millones”.
Se aclara que si bien el Distrito Federal registra la deuda más grande del país, con 33 mil 500 millones de pesos, su administración local no afronta problemas para pagar los créditos, porque es la entidad que más recursos recauda y el plazo de vencimiento para el pago de sus pasivos es de más de 22 años, el más amplio en el país.
Piden justificarlas
La iniciativa priista parte de la idea de que “cuando los gobiernos se endeudan, están decidiendo utilizar en el presente los ingresos que les corresponden a las administraciones futuras”, para satisfacer necesidades de obras y servicios para la población.
Por ello, endeudar al gobierno a largo plazo “es una acción que debe justificarse plenamente frente a la sociedad” y tomarse después de evaluar la alternativa de disminuir el costo de programas ya en marcha, argumentaron los priistas.
Se plantea, entre otros puntos, la necesidad de “generar un nuevo marco jurídico que fortalezca las competencias de los órganos garantes en esta materia”, la urgencia de “aclarar” las facultades de los congresos estatales para autorizar contratación de deuda pública y que sólo aprobarían aquella destinada “exclusivamente” a inversión pública productiva, es decir obras públicas, adquisición de maquinaria y equipo, proyectos y modernización de la infraestructura operativa.
Solicitarán a ASF indagar a Granier
Diputados acusan que no se gastó dinero federal para el mantenimiento de la infraestructura hidráulica de Tabasco
La Cámara de Diputados solicitará a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) investigar los posibles desvíos de recursos del ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier que habrían provocado deterioro de la infraestructura hidráulica en la entidad.
Así lo anunció ayer Nelly Vargas Pérez, secretaria de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento de San Lázaro, al concluir la supervisión que varios de sus integrantes realizaron a obras de los municipios tabasqueños de Centro, donde se ubica Villahermosa, y Centla.
La diputada federal de Movimiento Ciudadano informó que atestiguaron “las deplorables condiciones en que se encuentran los cárcamos” de esos municipios, debido a la falta de mantenimiento.
En la supervisión participaron Athié Flores Kamel (PRI), quien preside la Comisión, acompañado de los diputados Lorena Méndez Denis (Movimiento Ciudadano), Javier Orihuela García, Teresa Mojica Morga y Arturo Ramírez Cruz (PRD).
Vargas Pérez detalló que la solicitud a la ASF para investigar el presunto peculado del químico Andrés Granier se realizó “ya que dichas plantas de tratamiento de aguas residuales, así como estaciones de bombeo y captación de agua se encuentran en muy malas condiciones, cuando había recursos destinados al mantenimiento, y claramente no fueron aplicados”.
Anunció que los diputados de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento darán seguimiento a la situación hidráulica en Tabasco, pues de permanecer el actual deterioro “la población estará en riesgo para la temporada de lluvias que se aproxima”.
La legisladora por Tabasco enfatizó: “Solicitaremos a la Auditoría su intervención en este grave asunto”.
Durante la visita, los diputados se entrevistaron con el gobernador Arturo Núñez Jiménez, de filiación perredista, quien les expuso el estado de deterioro de la infraestructura hidráulica en el estado, el grave problema del agua, así como de las dificultades financieras de la entidad para afrontarlos.
Reseñó la diputada que el mandatario estatal les pidió a los legisladores federales coadyuvar desde la Cámara para que se cree una procuraduría de atención al usuario de la Comisión Federal de Electricidad, porque “el cobro por parte de esta entidad es excesivo y abusivo”.
Consignan a ex alcalde chiapaneco
La Procuraduría General de Justicia de Chiapas (PGJE) informó que la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa consignó al ex presidente municipal de Tapachula, Emmanuel Nivón González, por el delito de extorsión en grado de tentativa.
Fue ingresado al Centro de Reinserción Social para Sentenciados número 3, de esta ciudad. Este martes rindió declaración preparatoria ante el juez primero del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tapachula, quien resolverá el próximo domingo 31 de marzo su situación jurídica.
El año pasado, Emmanuel Nivón fue candidato a gobernador de Chiapas por el PAN.
En otro asunto, la Comisión de Vigilancia del Congreso estatal informó que se les inició una investigación judicial a 13 ex alcaldes por incumplimiento de la Cuenta Pública 2011-2012.
José Ángel Córdova Toledo, presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso local, informó que los incumplidos son los de Tapachula, Cintalapa, Copainalá, San Juan Chamula, Emiliano Zapata, Frontera Comalapa, Huixtán, Huixtla, Juárez, Oxchuc, Pichucalco, Tapilula y Zinacantán.
Atrapan a ex edil por peculado
Autoridades ministeriales de Hidalgo detuvieron a José Manuel Zúñiga Guerrero, ex alcalde de Ixmiquilpan, por presunto peculado en agravio de la administración pública.
De acuerdo con personal de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, la detención se consumó en cumplimiento a la indagatoria 48/2011.
El ex alcalde, de extracción perredista, se dirigía a su domicilio procedente de sus labores educativas cuando fue detenido. Fue ingresado al Centro de Readaptación Social de Ixmiquilpan.
Al cierre de la edición, las autoridades judiciales aún no daban a conocer el monto no solventado por el edil, quien apenas en diciembre aseguró que ya había saldado una observación de la Auditoría Superior del Estado por 58 millones de pesos, de su trienio (2006-2009).
El ex presidente municipal realizaba labores activismo en favor del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que dirige Andrés Manuel López Obrador.
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