La nueva estrategia

 

Napoleón Gómez Urrutia

Al tomar la determinación de detener a la dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el gobierno actual asume el compromiso de cambiar el país, comenzando por establecer una política de combate a la corrupción y la impunidad. Este es un mensaje claro de una de las decisiones que más han sacudido recientemente a nuestro país, pero no sólo debe serlo indiscriminadamente hacia los sindicatos, a los cuales les han soltado en contra los más bajos instintos, sino también hacia innumerables políticos, empresarios, periodistas y medios de comunicación, jueces, magistrados y ministros, despachos de abogados, sacerdotes, cámaras empresariales y otros más.

El Presidente lo está haciendo así porque lo prometió ante toda una nación cansada de injusticias, desigualdades y sin estado de derecho, que iba enfilada hacia el fracaso, como en sus propias circunstancias y momentos y para su país lo advirtieron los presidentes de Estados Unidos John F. Kennedy y Barack H. Obama. México, además, no tiene otra alternativa y el mundo político, laboral, financiero y cultural está observando. La confianza se obtiene moralizando a la sociedad y al gobierno, interpretando y aplicando correctamente la justicia, que debe ser transparente.
Su ineptitud y corrupciones han provocado que los gobiernos panistas de Vicente Fox y de Felipe Calderón se sumerjan en el olvido y la mediocridad. La oportunidad histórica para este gobierno es una, y para nada debe ir por el camino de la persecución y el linchamiento de la clase trabajadora y sus líderes honestos y democráticos. Se requiere mayor firmeza en los principios y en los valores éticos que los que tienen muchos de los que atacan al magisterio. El mensaje debe ser muy claro. No debe significar una venganza política, sino una estrategia para controlar la ambición desmedida, la opulencia insultante, pero también, en otro orden y en otros espacios, para corregir la explotación irracional de los recursos naturales de la nación con base en las concesiones y los permisos, los chantajes, la información privilegiada y el tráfico de influencias, que sólo son accesibles con la cercanía a los altos círculos del poder.
La justicia no debe ser selectiva porque entonces no es justicia. Ahí está el caso de algunos grupos empresariales que han sido señalados en este espacio, que no pagan impuestos o que mínimamente lo hacen, tal como lo publicó con datos duros en este mismo diario La Jornada el distinguido columnista Carlos Fernández-Vega en enero de 2010, donde claramente se observa un adeudo fiscal de 42 empresas por 223 mil 707.9 millones de pesos, entre las cuales destacan algunas del sector minero como Grupo México de Germán Larrea con una deuda de 11 mil 939.1 millones, Grupo Peñoles de Alberto Bailleres con 6 mil 124.14 millones pendientes y Altos Hornos de México de Alonso Ancira Elizondo con 6 mil 666 millones sin pagar a esa fecha.

Para la Secretaría de Hacienda sería muy fácil exigir el pago de esos adeudos, que en muchos casos son fraudes comprobados, lo cual llega al extremo de ni siquiera pagar impuestos al vender sus empresas. Por otra parte, algunos de esos mismos consorcios han recibido cientos de concesiones mineras y otras canonjías, al grado de que más de 25 por ciento del territorio nacional ya ha sido concesionado a compañías mexicanas y extranjeras. Es decir, la hipocresía de algunos empresarios y de algunos medios de comunicación ha hecho de la estrategia de mediatización y linchamiento social una red de complicidad en los negocios, y de influencia política, en ambos casos basados en la manipulación y la confusión de la población. La verdad es que muy pocos de esos atacantes pasarían la prueba de la transparencia y el escrutinio social, porque traen las manos sucias.
Algunos de esos empresarios son tan cínicos y prepotentes que se expresan con desprecio y sarcasmo de los políticos en el poder, a quienes solamente utilizan para su propio beneficio. Todavía se dan el lujo de anunciar grandes inversiones en su propio provecho, para impresionar a políticos improvisados y superficiales que en el fondo no tienen noción o sensibilidad para identificar y resolver las necesidades sociales, porque sólo les preocupa su poder y sus ganancias, sin ningún amor a México. Son personajes siniestros que en un artículo pasado califiqué como cuerpos sin alma. Por el lado de la política, ahí están los casos de corrupción descarada de los gobiernos recientes del PAN, encabezados por Vicente Fox y Felipe Calderón, y algunos de otros partidos.
En el caso actual, se ha buscado satanizar a un solo sector de la sociedad, el de la clase trabajadora. A muchos se les olvida que precisamente los sindicatos han sido, con todo y sus fallas, el factor de equilibrio, estabilidad y paz social durante muchas décadas. Soslayan que los trabajadores tienen todo el derecho a actuar de acuerdo con la Constitución, la Ley Federal del Trabajo y el Convenio 87 de la OIT, y que los dueños de los sindicatos son los trabajadores, como en las empresas son los accionistas.
México desea que este caso tan comentado sea el comienzo de un cambio verdadero para eliminar o combatir la impunidad y hacer respetar el estado de derecho, y no un caso selectivo. Es el momento político para establecer esa estrategia con visión de Estado, en que se evite desatar la persecución y los peores instintos de los mexicanos que reaccionan así por la frustración y la impotencia, ante lo que se percibe como la falta de un país con un mejor futuro.