Legisladores estadounidenses consideran "casi imposible" cambiar la Constitución para detener el tráfico ilegal de armas de fuego a México
WASHINGTON, DC.- La exigencia de Felipe Calderón de que Estados Unidos asuma la parte de responsabilidad que le toca en la lucha contra el narcotráfico enfrenta serios problemas en el Capitolio, donde algunos legisladores consideran "casi imposible" cambiar la Constitución para detener el tráfico ilegal de armas de fuego a México.
"En estos momentos, y en un futuro cercano, yo no veo ninguna posibilidad de que hagamos un cambio constitucional sobre la venta de armas, simplemente porque nos lo pide el gobierno mexicano", dice a Proceso el demócrata neoyorquino Eliot Engel, presidente del Subcomité de Asuntos del Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes. "Es lamentable, pero es la realidad", sostiene.
Calderón culpa a la laxitud en la venta de armas de fuego y municiones en Estados Unidos de ser el motor de la narcoviolencia que priva en gran parte del territorio mexicano. De hecho, la secretaria de Estado Hillary Clinton reconoció en su reciente visita a México que el 90% de las armas de fuego que usan los cárteles del narcotráfico mexicano son de manufactura estadounidense.
En Washington, tanto el presidente Barack Obama como el Congreso federal admiten el problema, pero aunque públicamente se dicen dispuestos a contener el flujo ilegal de armas, políticamente están sometidos a los intereses que alimentan la cultura armamentista estadounidense.
Engel, uno de los pocos líderes del Congreso estadounidense que aboga por "hacer todo lo que se pueda" para detener el tráfico ilegal de armas de fuego a México, resume: "Hay muchos millones de dólares detrás de la defensa constitucional para poseer y portar armas en este país, y está demostrado en nuestra historia reciente que quien se atreve a promover un cambio constitucional en este sentido está destinado al fracaso y a la pérdida de su puesto como funcionario público. Aunque el presidente Obama quiera ayudar a México en este sentido, no se va a atrever a hacerlo, ni nosotros (los demócratas) en el Congreso y mucho menos los republicanos".
El debate sobre la venta de armas y municiones en Estados Unidos está centrado en la llamada Segunda Enmienda de la Constitución que protege y garantiza el derecho de las personas de poseer y portar armas de fuego. Esta enmienda, que divide a la sociedad estadounidense cada vez que se registra alguna masacre o casos de asesinatos violentos en cualquier punto del país, permite a la industria de las armas y municiones obtener ganancias anuales de miles de millones de dólares. Una parte de este dinero financia el cabildeo legislativo para "asegurar" la eliminación de cualquier legislación federal que amenace a esta industria, que sólo entre el 1 de julio y el 30 de septiembre del año pasado incrementó la venta de pistolas y revólveres en Estados Unidos en 23.6%, respecto al trimestre anterior, mientras que la compra de municiones subió 8.4% y la de rifles 4.1%.
Esto significó ingresos por 834.2 millones de dólares, de acuerdo con el más reciente reporte del Departamento del Tesoro sobre los pagos tributarios de las empresas manufactureras y vendedores de armas de fuego y municiones de Estados Unidos.
Pero en este negocio no sólo ganan los fabricantes y los distribuidores particulares de armas: el propio gobierno estadounidense tiene aquí una buena fuente de ingresos fiscales, al punto que en el tercer trimestre del año pasado captó 321.9 millones de dólares en impuestos.
Estas cifras corresponden únicamente a la venta de armas y municiones a civiles en Estados Unidos, "no incluye a militares, policías o demás agencias de la aplicación de la ley", aclara el Departamento del Tesoro.
La Segunda Enmienda permite a todo ciudadano estadounidense –sin antecedentes penales– comprar cualquier tipo de arma y municiones.
Las armas automáticas o semiautomáticas, que para el caso de México son de uso exclusivo del Ejército, en varias partes de Estados Unidos pueden ser adquiridas por cualquier persona mayor de 18 años. (APRO)
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