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Octubre 4 del 2013
Reforzar la protección de los migrantes
A partir de este mes los jueces y magistrados de México cuentan con
criterios específicos, obligatorios, a los que deberán ceñirse cuando resuelvan
juicios en los que estén involucrados migrantes en base a sus derechos humanos.
Así lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mediante el
Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Casos que Afecten a
Migrantes.
El documento es pionero en
Latinoamérica. En él se establece que abordar la migración desde el enfoque de
los derechos humanos incluye al menos 25 reglas, entre las que destacan las
siguientes: la No Discriminación, e Igualdad que detenta un carácter
fundamental para la salvaguarda de los derechos humanos. Este aspecto está
fuertemente relacionado con la perspectiva de género que se refiere a los
comportamientos actividades y atributos que la sociedad considera apropiados
para hombres y mujeres. El Protocolo acentúa la defensa de mujeres migrantes
porque se ha incrementado el número de las que salen de sus lugares de origen
buscando la reunificación familiar, o mejores condiciones de vida, así que las
mujeres representan el 49 por ciento del total de las personas migrantes, en su
mayoría jóvenes expuestas a mayor vulnerabilidad y a todo tipo de abusos, entre
los que destacan los ataques físicos, sexuales o la trata de personas.
El Protocolo también recalca el
principio “Pro persona”, que destaca que se debe favorecer en todo tiempo a las
personas, aplicando la norma que mejor cumpla con ese propósito, lo cual
implica que todas las autoridades (federales, estatales y municipales) están
obligadas a dar amplia protección a cualquier individuo migrante en territorio
nacional.
En cuanto a los principios de
Universalidad, Interdependencia y Progresividad, el primero está relacionado
con la no discriminación de todos los derechos humanos; la interdependencia se
refiere a que los derechos están relacionados unos con otros de manera que el
reconocimiento de uno implica el respeto de todos.
En cuanto a la “No devolución”, se
refiere a la prohibición de devolver a un humano solicitante de asilo o
refugiada al territorio donde su vida corra peligro de persecución.
Respecto al Interés Superior del niño,
niña o adolescente migrante, está basado en la necesidad de apreciar el
adecuado desarrollo de ellos, garantizando su derecho a un apropiado nivel de
vida y de educación. Sobre la Unidad Familiar, se decreta que la separación de
los y las niñas y adolescentes de su núcleo familiar es muy delicada, por lo
que debe buscarse, devolverlos a su entorno familiar.
Los ministros de la SCJN enfatizan que
la migración es un fenómeno inherente de la especie humana, por lo que se
mantendrá o incluso se incrementará en el futuro; por ello se precisa subrayar
que los migrantes son titulares de Derechos Humanos, lo que obliga al Estado a
respetarlos y garantizarlos.
El Protocolo sostiene que su prioridad
es sensibilizar e instruir a los servidores públicos acerca de la normatividad
nacional e internacional en materia de protección a los migrantes,
proporcionando las reglas de actuación a fin de que cuente con un procedimiento
claro para evitar que se desconozca cuál es la normativa que deben aplicar,
particularmente la internacional, que a veces da mayor protección.
Se reconoce también la utilidad que El
Protocolo puede tener para las organizaciones de la sociedad civil, periodistas
y otras personas defensoras de los derechos humanos, así como para las
instancias académicas interesadas en el acceso a la justicia de la población
migrante, indica el documento.
En el diálogo con la SCJN participaron
organizaciones académicas y de la sociedad civil, internacionales y nacionales.
Localmente estuvo también, como interlocutora, la organización Frontera con
Justicia.
Sin duda, este es un paso adelante,
fundamental para la salvaguarda de los derechos humanos de los migrantes. El
reto es sacudir la indolencia, la flojera y la corrupción de jueces y ministros
que prefieren trabajar con las leyes del Medioevo, en lugar de capacitarse y
arribar a la jurisprudencia del siglo 21.
Posdata
Se cumplió un año del asesinato de
Eduardo Moreira. Entonces Lucero Davis, su viuda, demandó la renuncia de Rubén
Moreira. La demanda sigue en pie. La ilegitimidad e ilegalidad no se olvidan.
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