Urgen reconsiderar la propuesta de desaparecer Policías municipales
Claudia Guerrero
Ciudad de México (20 agosto 2010).- El presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal del Senado, Ramón Galindo, aseguró ayer que funcionarios de por lo menos 100 municipios del País han sido amenazados o agredidos por el crimen organizado.
"Son muchísimos, no solamente presidentes municipales en funciones sino ex Presidentes Municipales, jefes de Policía, regidores. Hay una gran cantidad de personas de nivel municipal lastimados, muertos, secuestrados, algunos todavía desaparecidos por parte del crimen organizado.
"Alrededor de 100 ayuntamientos han sido afectados de forma directa, ya sea a través de su Alcalde, sus regidores o de los jefes de Policía respectivos", denunció.
El legislador federal panista afirmó que los riesgos para las autoridades municipales no sólo se registran en el norte del País.
Explicó que no todos los casos son conocidos por la opinión pública, como ocurrió con el asesinato del Alcalde de Santiago, Nuevo León, Edelmiro Cavazos.
De acuerdo con el panista, la secrecía o discreción que se guarda en ciertas circunstancias es producto del temor de los funcionarios, por el riesgo que representa para sus familias y colaboradores.
"No es privativo de una zona del País, esto es algo que se repite en todos los estados, en todos los ayuntamientos. De algunos no nos enteramos de que fueron secuestrados, aunque otros son muy escandalosos los hechos, como esto de Nuevo León", expresó.
Por otro lado, el panista lamentó que se plantee la desaparición de las Policías municipales, ya que eso debilitará aún más las estructuras locales que dan protección a ciudadanos y autoridades.
"Por eso me sorprende tanto que todavía se esté pensando en debilitarlos más, estamos totalmente en contra de esto y en todo caso, me parece que cualquier propuesta que se presente debiera ser en forma potestativa.
"Pero no podemos obligar a que Monterrey entre en un esquema igual que cualquier municipio de 200 o 300 habitantes en el estado de Veracruz o de Oaxaca", señaló.
Apenas el miércoles, los Presidentes Municipales del País, representados por el Alcalde de Ciudad Juárez, José Reyes Ferriz; y los munícipes Erubiel Ávila, de la Federación Nacional de Municipios de México, y Jaime Valls, de la Asociación de Municipios de México, rechazaron la intención de desaparecer las Policías locales.
En un pronunciamiento pidieron al Presidente Felipe Calderón que acepte dialogar con ellos, para que conozca sus puntos de vista y las alternativas que proponen.
"El nuevo modelo policial que deberá surgir de estos acuerdos debe tener como rasgo central la no desaparición de las policías municipales y diseñar un modelo policial subsidiario que reconozca y fortalezca a los municipios que tienen importantes avances en materia policial", establece el documento.
Cancelan condena en el caso Wallace
Un tribunal federal determinó ayer cancelar las condenas de 28 a 47 años de cárcel impuestas a los plagiarios y asesinos de Hugo Alberto Wallace, y ordenó a un juez federal volver a emitir una nueva sentencia donde la pena mínima por el delito de secuestro sea de 50 años.
El Segundo Tribunal Unitario Penal del Distrito Federal resolvió en la apelación 27/2010 que lo cuatro plagiarios deben ser sentenciados por secuestro, con base en el Código Penal del DF y no en el federal, como lo hizo el Juzgado Décimo Sexto de Distrito del Reclusorio Norte, a petición de la PGR.
El magistrado Ricardo Paredes, titular del tribunal, resolvió lo anterior con base en una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, que establece que los delitos que no están incluidos en el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, deben ser sancionados con base en los códigos penales locales, como sucede con el ilícito de secuestro.
El artículo 165 del Código Penal del DF establece que el plagio donde la víctima pierde la vida debe sancionarse con 50 y hasta 70 años de cárcel, penalidades que en teoría podrían aplicarse a los acusados, además del posible castigo por el delito de delincuencia organizada.
Cuando en diciembre el juez federal Augusto Octavio Mejía emitió las condenas a los implicados en este caso, la señora Isabel Miranda de Wallace cuestionó la sentencia por estimar que era baja.
A nivel federal, el secuestro donde muere la víctima es castigado con una pena que va de un día y hasta 70 años de cárcel; es decir, que el punto de partida para establecer la condena es muy menor, comparado con los 50 años como mínimo castigo que fija el Código del DF.
En primera instancia, las sentencias a los hermanos Alberto y Antonio Castillo Cruz fue de 39 años con 9 meses de prisión y una multa de 4 mil 31 días de salario por delincuencia organizada y privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro.
Para Juana Hilda González fueron 28 años de prisión y 2 mil 295 días multa por delincuencia organizada, secuestro, posesión de arma de fuego y de cartuchos de uso exclusivo del Ejército.
Y para el ex comandante de la Policía de Morelos, César Freyre Morales, la condena fue de 47 años, 3 meses de prisión y pagar una multa de 9 mil 212 días, por delincuencia organizada, secuestro y posesión de arma.
La sentencia de primera instancia fue emitida el 24 de diciembre pasado, mientras que la jurisprudencia de la Suprema Corte fue votada por los ministros el 24 de marzo, tres meses más tarde.
Con información de Abel Barajas
Reforma
20/08/2010
Claudia Guerrero
Ciudad de México (20 agosto 2010).- El presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal del Senado, Ramón Galindo, aseguró ayer que funcionarios de por lo menos 100 municipios del País han sido amenazados o agredidos por el crimen organizado.
"Son muchísimos, no solamente presidentes municipales en funciones sino ex Presidentes Municipales, jefes de Policía, regidores. Hay una gran cantidad de personas de nivel municipal lastimados, muertos, secuestrados, algunos todavía desaparecidos por parte del crimen organizado.
"Alrededor de 100 ayuntamientos han sido afectados de forma directa, ya sea a través de su Alcalde, sus regidores o de los jefes de Policía respectivos", denunció.
El legislador federal panista afirmó que los riesgos para las autoridades municipales no sólo se registran en el norte del País.
Explicó que no todos los casos son conocidos por la opinión pública, como ocurrió con el asesinato del Alcalde de Santiago, Nuevo León, Edelmiro Cavazos.
De acuerdo con el panista, la secrecía o discreción que se guarda en ciertas circunstancias es producto del temor de los funcionarios, por el riesgo que representa para sus familias y colaboradores.
"No es privativo de una zona del País, esto es algo que se repite en todos los estados, en todos los ayuntamientos. De algunos no nos enteramos de que fueron secuestrados, aunque otros son muy escandalosos los hechos, como esto de Nuevo León", expresó.
Por otro lado, el panista lamentó que se plantee la desaparición de las Policías municipales, ya que eso debilitará aún más las estructuras locales que dan protección a ciudadanos y autoridades.
"Por eso me sorprende tanto que todavía se esté pensando en debilitarlos más, estamos totalmente en contra de esto y en todo caso, me parece que cualquier propuesta que se presente debiera ser en forma potestativa.
"Pero no podemos obligar a que Monterrey entre en un esquema igual que cualquier municipio de 200 o 300 habitantes en el estado de Veracruz o de Oaxaca", señaló.
Apenas el miércoles, los Presidentes Municipales del País, representados por el Alcalde de Ciudad Juárez, José Reyes Ferriz; y los munícipes Erubiel Ávila, de la Federación Nacional de Municipios de México, y Jaime Valls, de la Asociación de Municipios de México, rechazaron la intención de desaparecer las Policías locales.
En un pronunciamiento pidieron al Presidente Felipe Calderón que acepte dialogar con ellos, para que conozca sus puntos de vista y las alternativas que proponen.
"El nuevo modelo policial que deberá surgir de estos acuerdos debe tener como rasgo central la no desaparición de las policías municipales y diseñar un modelo policial subsidiario que reconozca y fortalezca a los municipios que tienen importantes avances en materia policial", establece el documento.
Cancelan condena en el caso Wallace
Un tribunal federal determinó ayer cancelar las condenas de 28 a 47 años de cárcel impuestas a los plagiarios y asesinos de Hugo Alberto Wallace, y ordenó a un juez federal volver a emitir una nueva sentencia donde la pena mínima por el delito de secuestro sea de 50 años.
El Segundo Tribunal Unitario Penal del Distrito Federal resolvió en la apelación 27/2010 que lo cuatro plagiarios deben ser sentenciados por secuestro, con base en el Código Penal del DF y no en el federal, como lo hizo el Juzgado Décimo Sexto de Distrito del Reclusorio Norte, a petición de la PGR.
El magistrado Ricardo Paredes, titular del tribunal, resolvió lo anterior con base en una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, que establece que los delitos que no están incluidos en el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, deben ser sancionados con base en los códigos penales locales, como sucede con el ilícito de secuestro.
El artículo 165 del Código Penal del DF establece que el plagio donde la víctima pierde la vida debe sancionarse con 50 y hasta 70 años de cárcel, penalidades que en teoría podrían aplicarse a los acusados, además del posible castigo por el delito de delincuencia organizada.
Cuando en diciembre el juez federal Augusto Octavio Mejía emitió las condenas a los implicados en este caso, la señora Isabel Miranda de Wallace cuestionó la sentencia por estimar que era baja.
A nivel federal, el secuestro donde muere la víctima es castigado con una pena que va de un día y hasta 70 años de cárcel; es decir, que el punto de partida para establecer la condena es muy menor, comparado con los 50 años como mínimo castigo que fija el Código del DF.
En primera instancia, las sentencias a los hermanos Alberto y Antonio Castillo Cruz fue de 39 años con 9 meses de prisión y una multa de 4 mil 31 días de salario por delincuencia organizada y privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro.
Para Juana Hilda González fueron 28 años de prisión y 2 mil 295 días multa por delincuencia organizada, secuestro, posesión de arma de fuego y de cartuchos de uso exclusivo del Ejército.
Y para el ex comandante de la Policía de Morelos, César Freyre Morales, la condena fue de 47 años, 3 meses de prisión y pagar una multa de 9 mil 212 días, por delincuencia organizada, secuestro y posesión de arma.
La sentencia de primera instancia fue emitida el 24 de diciembre pasado, mientras que la jurisprudencia de la Suprema Corte fue votada por los ministros el 24 de marzo, tres meses más tarde.
Con información de Abel Barajas
Reforma
20/08/2010
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