Gloria Leticia Díaz
MEXICO, D.F., 10 de agosto (apro).- En el segundo día de su visita a México, los relatores especiales sobre la libertad de expresión de Naciones Unidas (ONU) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Frank La Rue y Catarina Botero, respectivamente, se reunieron con una treintena de representantes de organizaciones civiles y del gremio periodístico.
La Rue y Botero también escucharon los testimonios de periodistas que han sido víctimas de agresiones.
Ayer, los relatores se reunieron con el secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora. Mañana, los enviados de la ONU y OEA participarán, también en Gobernación, en una reunión entre representantes de organismos civiles y funcionarios de la dependencia, informó Darío Ramírez, coordinador para México y Centroamérica de Artículo 19.
De acuerdo con Ramírez, durante la reunión de hoy los temas abordados se refirieron a la pluralidad y diversidad de medios y agrupaciones, así como la difusión de testimonios de agresiones a periodistas.
En la primera parte del encuentro, Botero presentó el informe de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la CIDH. Después hablaron dirigentes de organizaciones civiles sobre la situación de la libertad de expresión en México.
Más tarde se abordarían asuntos como la legislación de radio y televisión, las licitaciones del espectro radioeléctrico y el acceso limitado para las radios comunitarias.
El último punto a tratar sería la presentación de casos de violaciones a la libertad de expresión, destacando entre los testimonios la persecución judicial contra la revista Contralínea, en específico contra la reportera Ana Lilia Pérez, así como la clausura de radios comunitarias en zonas indígenas, en ocasiones acompañada de represión policiaco-militar.
Entre los representantes de organizaciones civiles y gremiales se llegó al consenso de que no hay un verdadero compromiso del Estado mexicano para garantizar la labor periodística ni para otorgar medidas de protección eficaces, además de que prevalecen mecanismos jurídicos para presionar a reporteros.
Además, se denunció que representantes del Estado utilizan la publicidad de manera discrecional como un mecanismo de control y censura previa. Se tocaron los casos de Proceso, Contralínea y algunas radios comunitarias.
Al encuentro con los relatores asistieron representantes de las organizaciones civiles Artículo 19; Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi); Reporteros Sin Fronteras (RFS); Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc); Centro de Periodismo y Ética Pública (Cepet), y Periodistas de A pie, entre otras.
Proceso
11/08/2010
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