domingo, 1 de agosto de 2010

El secuestro

¿Y EL GOBIERNO FEDERAL?

El grado de violencia que golpeó al país en las últimas semanas puede medirse por el número de muertos, de secuestrados, de casos sin resolver... Pero también hay cambios cualitativos: el lunes 26 el crimen organizado dio otro importante paso al imponer sus contenidos a medios de comunicación nacionales, mediante el secuestro de periodistas

Domingo, 01 de Agosto de 2010


MÉXICO, DF.- El secuestro de periodistas de Televisa y Milenio Televisión para exigir la difusión de narcovideos no sólo es una secuela del "deterioro del periodismo en México por la violencia contra el gremio y la impunidad que la envuelve"; es el primer caso del que se tiene conocimiento en que el crimen organizado influye en las líneas editoriales de medios de comunicación nacionales, afirma Darío Ramírez, coordinador en México y Centroamérica de Artículo 19, organización dedicada a la defensa de la libertad de expresión con sede en Londres, Inglaterra.

El 26 de julio, tras cubrir una protesta de reos en Gómez Palacio, Durango, fueron plagiados por un grupo de pistoleros el camarógrafo Alejandro Hernández y el enviado del programa de Televisa Punto de partida, Héctor Gordoa, así como el camarógrafo del grupo Multimedios –al que pertenece Milenio– Jaime Canales y el reportero del diario regional El Vespertino, Óscar Solís.

El "rescate" exigido para liberar a los periodistas fue la transmisión de tres narcovideos. Multimedios cumplió la orden el día 27, como reveló el diario Milenio en su edición del día siguiente: "A la 1:40 horas los videos fueron transmitidos en el Telediario de La Laguna en un enlace especial originado desde Milenio Televisión, en el DF. Tuvo una duración de 15 minutos y fueron emitidos sin ninguna edición".

Para Ramírez, "eso es un claro indicio de la influencia del crimen organizado en líneas editoriales que hasta ahora sólo tenía precedentes en medios a nivel local, que desde hace tiempo han recibido llamadas en las que les dicen qué publicar y qué no. Por lo que vemos en el caso de Gómez Palacio, lo que no era nuevo en los estados ya alcanzó a los medios nacionales".

La noche del 29 de julio, el Canal 2 de Televisa presentó durante 60 minutos una pantalla fija con el nombre de la emisión Punto de partida sobre fondo negro. Antes, la conductora del programa, Denise Maerker tronó: "No estamos dispuestos a salir esta noche a fingir que no está pasando nada. Sí está pasando".

Aunque Maerker exigió a los "órganos del Estado" que proveyeran seguridad para ejercer el oficio periodístico, la explicación para no transmitir su programa no fue más allá que la referencia al secuestro de cuatro reporteros, asunto que fue omitido en los noticieros de la empresa de Emilio Azcárraga Jean.

Esa misma tarde El Diario de Juárez y Reforma habían dado a conocer en sus portales de internet la liberación de Héctor Gordoa, el enviado de Televisa a La Laguna.

Por la noche, en el noticiero de Milenio, el conductor Ciro Gómez Leyva lanzó un reclamo sin destinatario: "¿Por qué quedarnos en medio de esta situación? ¿Qué es esto de que si transmitimos una imagen liberan a nuestro compañero rehén? ¿Qué es esto de que, si no lo hacemos, lo matan? ¿Qué esto de que si lo hicimos, no lo sueltan? ¿Qué es esto de que si lo volvemos a hacer, quién sabe qué carajos ocurrirá? (…) Un medio de comunicación no está diseñado ni equipado para negociar una toma de rehenes".

‘LLEGANDO TARDE’

Para Ramírez, de Artículo 19, "una vez más los periodistas están llegando tarde a buscar las solución de problemas. El deterioro viene dándose desde hace muchos años y no se tomaron cartas en el asunto, lo que ocasionó que llegáramos a este nivel de violencia y a este nivel de zozobra dentro del medio periodístico".

El activista sostiene que el hecho revela también "lo lejana que está la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) del gremio periodístico, y que en sus protocolos de trabajo no se considera la opinión de las víctimas ni de sus familias".

La crítica de Ramírez se basa en la divulgación del comunicado de prensa CGCP/206/10, el 27 de julio, donde la CNDH revela que cuatro periodistas, cuyos nombres omite pero especifica los medios a los que pertenecen, fueron "levantados" entre el medio día y las 11 de la noche del 26 de julio.

El documento incluye un recuento de agresiones a periodistas: 64 homicidios desde 2000 y 11 desaparecidos de 2006 a 2010; 294 expedientes de queja integrados durante el gobierno de Vicente Fox, y 286 en lo que va del sexenio de Felipe Calderón.

El viernes 29, en entrevista con la periodista Carmen Aristegui, el ombudsman Raúl Plascencia respondió a las críticas de Ciro Gómez Leyva contra la CNDH desde el martes 27, por no haber tomado en cuenta la opinión de los medios en los que trabajan los periodistas secuestrados, es decir, que se guardara silencio en vez de emitir su boletín de prensa.

"Nadie nos comunicó esa situación (…) Si, en todo caso, hubiéramos tenido información de esas características la hubiéramos valorado y hubiéramos tomado la mejor decisión", justificó Plascencia, tras señalar que la decisión de comunicar el secuestro se tomó después de que el secretario de gobierno de Durango, Oliverio Reza, lo informó en rueda de prensa.

GOBIERNO AUSENTE

Darío Ramírez caracteriza el último año de Vicente Fox como "el desgobierno total", en que el ejercicio periodístico se vio trastocado por la violencia del crimen organizado, "aunque –recuerda– los agentes del Estado, llámense gobernadores, presidentes municipales o miembros de las fuerzas armadas, siguen siendo los principales perpetradores de las agresiones a periodistas".

En el análisis Entre la violencia y la indiferencia. Informe contra la libertad de expresión en México, que elaboraron Artículo 19 y el Centro de Nacional de Comunicación Social (Cencos), se documentan 244 casos de agresiones contra periodistas ocurridos en 2009, de los cuales el 65% son atribuidos a "agentes del Estado".

En el informe se toman en cuenta varias categorías de violencia: la agresión física (a la que corresponden 44.67% de los casos mencionados), amenaza (19.26%), intimidación o presión (19.26%), detención arbitraria (9.43%), asesinato (4.51%), calumnia, injuria o difamación (2.95%) y desaparición (0.82%).

El documento, presentado en febrero pasado, reporta 11 asesinatos en 2009 y nueve desapariciones desde 2000. El 70% de los primeros "están ligados directamente con el ejercicio de la libertad de expresión y su desempeño periodístico". Lo grave es que en esa misma proporción las víctimas habían recibido amenazas que no denunciaron "por desconfianza en las autoridades, por la consabida colusión entre policías y criminales", apunta el coordinador de Artículo 19.

El informe de las dos organizaciones no gubernamentales señala a Durango como la entidad "donde se produjo mayor violencia en contra de periodistas", ya que en 2009 registró 11 agresiones, entre éstas los homicidios de Carlos Ortega Samper, José Bladimir Antuna García y Eliseo Barrón Hernández. (APRO)

Por Gloria Leticia Díaz