viernes, 4 de septiembre de 2009

Exonera la PGR a la indígena Jacinta Francisco, presa desde agosto de 2006

Tonnio Tessada, representante en México de AI; Estela Hernández y Guillermo Prisciliano, hija y esposo de Jacinta

Estaba acusada de “privación ilegal de la libertad” en contra de seis agentes federales

>Es considerada por AI “presa de conciencia”
>En tres meses podría recuperar su libertad


Gustavo Castillo García, Emir Olivares, Mariana Chávez y Alejandro Cruz

A poco más de tres años de encarcelamiento y un mes después de haber sido considerada “prisionera de conciencia” por Amnistía Internacional, la Procuraduría General de la República (PGR) informó que “presentará conclusiones no acusatorias” en el caso de la indígena Jacinta Francisco Marcial, acusada injustamente de ser presunta responsable del delito de “privación ilegal de la libertad” en contra de seis agente federales, por lo que inicialmente fue sentenciada a 21 años de prisión.
Luego de muchas críticas de organizaciones no gubernamentales y de organismos defensores de derechos humanos a la actuación del Ministerio Público Federal y del juzgado cuarto de distrito en materia penal con sede en Querétaro, un tribunal unitario ordenó la reposición del juicio y, por ello, la PGR dio a conocer ayer jueves que no mantendrá sus acusaciones contra Jacinta Francisco Marcial, quien fue encarcelada desde el mes de agosto de 2006.
Por medio de un escueto comunicado de prensa, la dependencia que dirige Eduardo Medina Mora informó que, “inherente al proceso penal 48/2006, del índice del juzgado cuarto de distrito en el estado de Querétaro, instruido en contra de Jacinta Francisco Marcial y otros, por los delitos de secuestro y contra servidores públicos”, el Ministerio Público de la Federación realizó una objetiva valoración de las pruebas que integran la causa penal, principalmente las relacionadas con motivo de la reposición del procedimiento ordenada en el Toca Penal 27/2009, se advierte que “en el caso concreto se actualiza la existencia legal de la figura denominada duda razonable, concerniente única y exclusivamente a la responsabilidad penal de la procesada Jacinta Francisco Marcial”.
Por lo que una vez desahogados los careos procesales, en los que coadyuvará la PGR para su agilización y posterior al cierre de la instrucción que decrete el juez, se presentarán conclusiones no acusatorias.
Esta historia dio comienzo el 26 de marzo de 2006, cuando un grupo de policías federales y personal de la PGR sin uniforme realizaron un operativo contra la piratería en el tianguis del poblado Santiago Mexquititlán, municipio de Amealco, Querétaro; cometieron abusos y destrozos, lo que provocó molestia de la gente afectada; ante esos hechos, el agente del Ministerio Público que dirigió el operativo y el jefe policiaco de la Agencia Federal de Investigación (AFI), Gerardo Cruz Bedolla y Omar Evaristo Vega Leyva, respectivamente, dijeron que pagarían los daños, pero no cumplieron.
Cuatro meses después, en Santiago Mexquititlán se buscaba cumplimentar tres órdenes de aprehensión en contra de Teresa González, Alberta Alcántara y Jacinta Francisco Marcial, acusadas de privación ilegal de la libertad de seis agentes federales.
Actualmente, Jacinta Francisco tiene 46 años de edad y se encuentra recluida en el Centro de Readaptación Social Femenil, ubicado en San José el Alto, Querétaro.
Al conocer la decisión de la PGR, Guillermo Francisco Prisciliano, esposo de Jacinta, indicó que es necesario que las autoridades sean cuidadosas en la aplicación de la ley para que no vuelvan a cometer el mismo tipo de injusticia.
Por su parte, el coordinador del Centro de Derechos Humanos Fray Jacobo Daciano, Bernardo Romero Vázquez, dijo que se trata de un triunfo social, aunque aclaró que una vez que la dependencia oficial confirme su decisión, pasarán al menos tres meses para que Jacinta recupere su libertad.
A su vez, los centros de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) y Jacobo Daciano destacaron que la decisión de la Procuraduría General de la República “es un acto de justicia que eventualmente restituirá en su libertad a una mujer cuyo único delito ha sido su condición de género, su identidad étnica y su circunstancia social de marginación”.
Santiago Aguirre, abogado del Centro Prodh –organización que lleva la defensa legal de la mujer–, aseveró que la excarcelación de Jacinta no conlleva al acceso de justicia que la gravedad del caso merece, pues también se debe incluir la reparación integral del daño, pues estuvo tres años presa sin haber cometido delito alguno, y la no repetición de hechos similares.
A su vez, Emilio Álvarez Icaza, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), señaló que la hipótesis de que la mujer indígena habría participado en el plagio de los agentes policiacos era “inverosímil”, lo que pone en evidencia que el caso estuvo muy mal integrado, jurídicamente hablando.