Miguel Ángel Granados Chapa
Cada tres años se produce una incongruencia procesal en la tramitación del paquete fiscal procedente del Ejecutivo. La Presidencia está obligada a presentar sus criterios generales de política económica y los proyectos de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos el 8 de septiembre, lo que sólo se cumplió en la forma, pues el secretario Agustín Carstens acudió a San Lázaro avanzada la tarde, ya concluida la sesión plenaria correspondiente. Sólo llevó consigo un ejemplar de esa documentación, por lo que en rigor sólo hasta el día siguiente los diputados pudieron enterarse de su contenido. Eso no importa porque no hay comisiones que estudien las propuestas del Ejecutivo. En eso consiste la contradicción: al iniciarse la legislatura, sus miembros disponen de todo septiembre para integrar tales grupos de trabajo, de donde surgirán los dictámenes correspondientes. Eso permite y obliga a una etapa previa al debate formal, que es la discusión política entre las fracciones parlamentarias y dentro de ellas. Ése es el estado actual de la cuestión.
Al mismo tiempo, se desarrolla un debate paralelo, en los medios de comunicación y en los órganos de representación del sector privado de los negocios. En este tramo y en este campo la discusión padece el defecto de la información insuficiente o parcial, que sin embargo propicia opiniones que los legisladores deberán tener presentes cuando inicien el estudio formal de los proyectos presidenciales.
Esta vez, las materias propias de la política fiscal se han mezclado con decisiones presidenciales que centralmente o de refilón conciernen también al Poder Legislativo. Se trata, específicamente, del relevo de tres miembros del gabinete del Ejecutivo. Si bien sólo uno de ellos atañe formalmente al Senado -la designación del procurador general de la República-, el nombramiento del secretario de Agricultura y del director de Pemex ha matizado o contaminado, según se le quiera ver, la fase inicial del debate sobre política económica, porque las posiciones de los grupos parlamentarios en esos casos se mezclan con la discusión económica y hasta pueden dar lugar a canjes entre fracciones.
La cuestión central de la política hacendaria consiste en definir el origen y el destino del dinero público, es decir de quién se obtienen tales recursos y en qué se gastan. El elemento innovador de la propuesta presidencial pretende resolver sensata y justicieramente esa cuestión: la Contribución para el Combate de la Pobreza (CCP), iniciada con una tasa moderada de 2 por ciento, será pagada universalmente, es decir por todo consumidor o usuario de toda clase de bienes y servicios, y servirá para duplicar el gasto social destinado a paliar los efectos de la creciente pauperización. Se trata de una fórmula inobjetable: todos pagan en beneficio de los más necesitados. Hasta parecería que ese mecanismo condensa la proporcionalidad perfecta, pues pagarán más los que más consumen. Pero apenas se ahonda el examen del impuesto proyectado se perciben sus efectos perniciosos: los que consumen menos, los más pobres, resultan adversamente afectados por la nueva contribución porque el mayor gasto de los que apenas pueden gastar se concentra en comida y medicamentos, hasta ahora exentos (o con tasa cero) del impuesto al consumo que es el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Los principales consumos de los pobres, las únicas compras que pueden realizar, ocurren en un campo hasta ahora al margen de la imposición fiscal, y serán ahora gravados, es decir encarecidos.
Es comprensible que ésa sea la propuesta más polémica. Se han manifestado vivas expresiones en contra y apenas perceptibles en sentido contrario. Tan poco entusiasmante es el proyecto de CCP que los diputados panistas, obligados a apoyar la iniciativa, en tanto que forman el partido que gobierna, han recibido un prontuario para defenderlo. Llegado el momento contarán con el apoyo de los diputados de Elba Esther Gordillo, los de Nueva Alianza, merced al acuerdo entre su jefa y el jefe de los panistas, que no es Josefina Vázquez Mota ni César Nava sino el propio Felipe Calderón. Y por lo menos en este momento tendrán coincidencia con el segmento conservador de la fracción priista, cuya coexistencia con grupos y corrientes de talante diverso ha demorado la toma de posición del grupo parlamentario, que debe resolver primero sus diferencias doctrinarias y, sobre todo, las divergencias políticas que surgen de sus orígenes y correspondientes obediencias. Puede anticiparse, no obstante, que a la postre el PRI apoyará esa contribución si el ejercicio de los recursos resultantes no recae exclusivamente en el gobierno federal sino que se canaliza a través de programas a cargo de los gobiernos estatales, más de la mitad de los cuales son priistas. A falta de abultadas participaciones derivadas de los altos ingresos petroleros, ahora los gobiernos del PRI se aprestan a succionar la ubre de esa nueva fuente de dinero, vestida además de la albura que da una buena causa. Combatir la pobreza no es acción gubernamental que ocurra en el aire, sino que requiere mecanismos administrativos y produce resultados susceptibles de emplearse con fines electorales.
Si se aprueba por esos motivos y para esos fines la Contribución para el Combate a la Pobreza, dejará de ponerse el acento en el ahorro a que está obligado el gobierno federal. Al presentar el paquete económico el presidente Calderón anunció, como parte de una política de austeridad, la supresión de tres secretarías y el traslado de sus funciones a otras dependencias. Su decisión propia no es suficiente, ya que implica reformas legales que se ventilarán en el Congreso. Y aunque esbozó algunas otras medidas para disminuir el gasto corriente, Calderón no entró en detalles. Y sin embargo, el proyecto de presupuesto no refleja ese ahorro, sino al contrario: demanda que se apruebe un gasto mayor en 139 mil millones al que se ha ejercido y se ejercerá este año. Y es que los gobiernos panistas, el de Fox y el actual, se han caracterizado por gastalones, por manirrotos. Han hecho crecer de modo descomunal el gasto corriente.
Un ejemplo de esa política, que tiene toda la apariencia de un gasto proselitista, es decir del reclutamiento de personal para beneficio del partido que gobierna, es la multiplicación de cargos de nivel medio superior muy bien remunerados. En los cinco años recientes, a partir de 2004, el gobierno federal ha creado 79 subsecretarías, aunque se ha cuidado de denominarlas así, llanamente. Pero son puestos análogos a los de ese segundo nivel en el gabinete, cuyos ocupantes cobran como subsecretarios y disponen de un aparato burocrático de ese nivel. El que le sigue en jerarquía, compuesto por las direcciones, se ha hinchado también: en ese lapso, se han creado más de 300 direcciones generales, así que su número pasó de 644 a 968. Pero es todavía más veloz el crecimiento de dependencias nuevas en este nivel de la administración: las direcciones generales adjuntas son ahora mil 247, cuando que hace cinco años eran 782; y el número de direcciones de área casi se duplicó, al pasar de 2 mil 938 a 5 mil 69.
Nada de eso cambiará. O cambiará en términos poco perceptibles. Y tampoco será modificado el esquema impositivo en general, cuyas excepciones permiten a los grandes contribuyentes prácticamente dejar de serlo, porque no contribuyen o lo hacen muy escasamente. Tales resultados los veremos en los próximos meses, cuando se acuerde la política fiscal con el voto concertado de las bancadas del PRI y el PAN.
Muy próximamente, en cambio, veremos si esa concertación ofrece frutos en los otros procesos en curso. El martes la Comisión de Justicia de la Cámara de senadores, presidida por el panista Alejandro González Alcocer, recibirá al procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, designado por el presidente de la República, cuyo nombramiento requiere confirmación senatorial. Objetada por importantes grupos civiles, a causa del más que deplorable desempeño de Chávez Chávez en la procuraduría de Chihuahua de 1996 a 1998, si esta designación sale avante, como es previsible, será el primer triunfo panista desde el 5 de julio, la desastrosa jornada en que sólo pudo salvar la gubernatura de Sonora, confirmada el viernes por la justicia electoral federal.
Reforma13/09/2009
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