Demócrata Norte de México

■ “Se evidencian excesos en el uso de la fuerza pública que vulneran derechos individuales”
Hay que rediseñar la estrategia de seguridad; la actual fracasó: CNDH
■ De 2006 a la fecha, 48 millones de personas fueron víctimas de un delito; siete plagios al día

Víctor Ballinas (Enviado)

Culiacán, Sin., 15 de diciembre. El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes Fernández, destacó hoy aquí que de enero de 2001 a noviembre de 2008 ocurrieron en el país 20 mil secuestros, 2 mil 500 por año, siete al día, aunque sólo fueron denunciados 5 mil 140; el resto forma parte de la cifra negra de delitos no denunciados.

Al presentar aquí el segundo Informe Especial sobre Seguridad Pública, el ombudsman nacional subrayó que en ese mismo periodo se registraron 10 mil 500 ejecuciones atribuidas al crimen organizado, y “solamente de enero de este año a lo que va del mes ocurrieron 5 mil 585”.

Los estados que encabezan la lista de más asesinatos son: Chihuahua, con mil 878; Sinaloa, 853; Baja California, 535. De esas ejecuciones, precisó, 86 por ciento son de civiles, 12 por ciento de servidores públicos y 2 por ciento de menores de edad.

El titular de la CNDH resaltó que en el periodo de enero de 2006 a noviembre de 2008 –gran parte de la administración del presidente Felipe Calderón–, 48 millones de personas fueron víctimas del delito, 16 millones por año y 43 mil 835 al día. “Es el periodo en el cual se presenta el mayor incremento de violencia, de casi 90 por ciento”, indicó.

El número de delitos cometidos, detalló el titular de la CNDH, se obtiene de las cifras oficiales más la lista negra de delitos no denunciados, que es de 90 por ciento en los tres años recientes; sólo uno de cada 10 delitos se denuncian, de los cuales sólo casi dos son consignados. Esto es lo que representa un margen de impunidad de 98.76 por ciento.

Ante este panorama, el ombudsman nacional aseveró: “es un hecho innegable que la seguridad pública en México se enfrenta a uno de los momentos más sensibles y delicados de la historia, no sólo por el número de delitos que diariamente se cometen a lo largo y ancho del país, así como por la violencia presente, sino también por la adopción de nuevas estrategias que han resultado ineficaces para combatir la inseguridad, como la inclusión de las fuerzas armadas en tareas de seguridad, sobre la base de considerar el problema, al menos de hecho, como un asunto de seguridad interior o nacional”.

En este segundo informe, que este día fue entregado al presidente Felipe Calderón; al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y a los secretarios de Defensa Nacional, de Seguridad Pública y al titular de la PGR, el presidente de la CNDH demanda: “la realidad nos coloca en la condición de replantear las estrategias en materia de seguridad pública.

“El modelo aplicado hasta hoy presenta un severo desgaste, que va desde la tendencia de los cuerpos policiacos a cumplir deficientemente su labor, hasta excederse en sus atribuciones e incluso coaligarse con la delincuencia.”

Soberanes Fernández cuestionó el hecho de que el concepto de “ seguridad pública” se ha ido modificando o flexibilizando, a grado tal de equipararlo al de “seguridad interna o interior”, situación que se traduce en elevar un problema, que de origen entra en la competencia de las fuerzas de seguridad del orden civil, a un ámbito que por mando constitucional es de competencia de las fuerzas armadas, lo que ha permitido que el Estado mexicano libre una “guerra” con base en una estrategia de contención en contra de la delincuencia organizada.

En esa lucha, resaltó el ombudsman, “bajo el parámetro del ejercicio de la mayor fuerza pública, también se evidencian excesos, que desembocan en un alto grado de vulneración a las libertades individuales de los mexicanos, generando, además de víctimas del delito, víctimas del abuso del poder. Se evidencian excesos como la práctica de la tortura, detenciones arbitrarias, allanamientos, privaciones arbitrarias de la vida y, en general, violaciones a los derechos humanos individuales y, eventualmente, un quebrantamiento del estado de derecho a través del abuso de poder”.

Soberanes Fernández precisó: “los graves abusos a los derechos humanos cometidos por las fuerzas castrenses han quedado evidenciados en las 19 recomendaciones que la CNDH ha turnado a las fuerzas armadas; el mayor número en la historia del país se registró entre 2007 y 2008”.

Puntualizó que bajo este escenario “es muy importante que el Estado delimite la magnitud que el problema de la delincuencia ha provocado, y si ha adquirido tal dimensión para poner en riesgo la seguridad nacional o interior del país; de ser así, tendría que definirse el rumbo hacia el que se dirigirán los esfuerzos de los agentes de la ley, incluidos miembros de las fuerzas armadas en funciones de policías, así como la responsabilidad a la que estarían sujetos en caso de una violación a los derechos humanos al asumir una función propia de la autoridad civil estando al margen del fuero de guerra”.

En este contexto, sostuvo, el fracaso de las medidas y acciones adoptadas por los servidores públicos encargados de garantizar la seguridad pública “coloca al mismo gobierno en el problema de la inseguridad pública como un flagelo que no se logra contener. Y es en este escenario en el que la CNDH expresa su preocupación por el tipo de acciones que el Estado está realizando a través del impulso de múltiples planes y programas de gobierno que no están vinculados y coordinados entre todos los actores responsables de resolver el problema, y de reformas legales regresivas y altos presupuestos e inversiones en mecanismos de seguridad como una apuesta para enfrentar a la delincuencia”.

El ombudsman nacional demandó al Estado “acciones más allá del mero discurso o muestras de buena voluntad”, y propuso: rediseñar la estrategia nacional en materia de seguridad pública; una política de seguridad seria y profunda que prevenga el delito y no que sólo reaccione por la vía de la justicia penal; garantizar el acceso a la justicia; eliminar las prácticas que generan subregistros delictivos, como las actas circunstanciadas o actas especiales de hechos, y crear una instancia imparcial y autónoma del Ministerio Público que investigue los delitos donde están involucrados policías y elementos de seguridad pública.

También, impulsar una red nacional de atención a víctimas del delito y crear un fondo de compensación para éstas; generar una percepción de que se respeta la ley, y sancionar a quien la viola.