Iván Restrepo
Es una de las regiones más bellas del planeta. Por eso Divisadero-Barrancas del Cobre atrae desde hace años a visitantes y el interés de los inversionistas. Pero ese imponente paisaje es fruto de una serie de ecosistemas de enorme fragilidad cuyo elemento básico es el agua. Marlene Erhenberg lleva años alertando, denunciando, los planes para impulsar proyectos “ecoturísticos” que son en realidad negocios para unos cuantos, ajenos a los rarámuris, el pueblo indígena que desde siempre habita esa parte de Chihuahua. Explotados por los madereros y por quienes buscan apoderarse de sus tierras, ahora los rarámuris que viven en la comunidad de Bacajípare denuncian el intento por apoderarse del agua que allí existe y que es clave para abastecerse y sembrar sus cultivos tradicionales.
Miroslava Breach, corresponsal de La Jornada en Chihuahua, informó del megaproyecto español que impulsa el gobierno del estado a fin de crear un “pueblo mágico” en Barrancas del Cobre, con hoteles de cinco estrellas, además de helipuerto y teleférico. Cuenta, además, con el respaldo de los caciques locales. Como siempre se alega cuando se anuncian obras de este tipo, dicen que habrá derrama económica para los lugareños y desarrollo. La experiencia muestra que terminan despojados de sus mejores tierras y trabajando como jardineros y empleados menores en los hoteles y demás negocios. Y como atractivo “visual” para los visitantes, deseosos de captar con sus cámaras a los naturales del lugar.
También en Nuevo León hay protestas. Esta vez de quienes se oponen a la construcción del llamado Arco Vial Sureste, obra que afectaría el Cerro de la Silla, zona ambiental estratégica. En la construcción de esa polémica obra se mezclan los intereses de personajes vinculados con el gobierno estatal y los de tipo político.
Y mientras los dueños de los hoteles ubicados en el parque nacional Tulum dicen que la autoridad federal no podrá cerrarles sus negocios, a pesar de que violan diversas normas ambientales, esa misma autoridad clausuró las obras que con el patrocinio del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y el gobierno local se realizaban en la franja turística de Huatulco, Oaxaca.
En esta población y en las cercanas Puerto Escondido y Puerto Ángel también clausuró varios negocios instalados en la zona marítima federal terrestre por afectar recursos costeros y no contar con los permisos correspondientes. En cambio, nuevamente se aplazó, por seis meses, el cierre del basurero del municipio de Tultitlán. Aquí hemos mencionado el peligro que ese sitio representa para la salud pública y el ambiente. Ahora se dice que la crisis aumentó el costo de construir el confinamiento requerido.
Dinero sobra, pero en otra parte del país: Baja California, entidad en vías de convertirse en estación de servicio del vecino país, y donde se anunció la construcción de un megaproyecto turístico para visitantes de altos ingresos.
Situado en Punta Banda, zona de belleza única, a 20 kilómetros de Ensenada, contará con todas las instalaciones que exige la modernidad: campo de golf, villas, departamentos, centro comercial con cines y restaurantes. El dinero para el exclusivo centro turístico proviene de influyentes empresarios de Estados Unidos que garantizan creación de empleos y más divisas para México. Pero los académicos (en Ensenada existe uno de los centros de investigación más importantes en temas marinos: el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior, CICESE), organizaciones ciudadanas y grupos defensores de los recursos naturales sostienen que afectará fauna, flora y sitios arqueológicos de la zona. Además, el paisaje sufriría una transformación radical.
La autoridad federal debe opinar en un mes sobre los estudios de impacto ambiental presentados por los inversionistas. Será favorable si nos atenemos a lo que dice uno, Brian Tucker: “todo saldrá muy bien porque estamos muy cerca del gobernador y de Felipe Calderón” (ver reporte de Olga Alicia Aragón publicado en este diario el 18 de diciembre pasado). Con esos padrinos, no lo dudamos.
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