■ Enviarán iniciativa al Congreso de la Unión; se aplicaría a secuestradores que asesinen■ Rebate el gobernador Humberto Moreira a quienes lo cuestionan: “Estamos en guerra; vamos a enfrentar a nuestros enemigos”
■ PRI, Verde y un partido local, a favor; AN y PRD, en contra
Leopoldo Ramos (Corresponsal)
Saltillo, Coah., 2 de diciembre. La legislatura local acordó enviar al Congreso de la Unión una iniciativa de reformas a la Constitución federal para restaurar en México la pena de muerte y aplicarla en Coahuila a los secuestradores que asesinen a sus víctimas.
El acuerdo se tomó la noche del martes, tras una prolongada sesión del pleno del Congreso estatal, en la cual la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) se apoderó durante media hora de la tribuna, en un intento por impedir la votación.
El planteamiento, formulado por el gobernador priísta Humberto Moreira Valdés, fue rechazado por los grupos parlamentarios del PAN y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), pero el voto de los 20 legisladores locales del Partido Revolucionario Institucional, apoyados por un diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y otro del partido estatal Unidad Democrática de Coahuila (UDC), fue suficiente para aprobar el dictamen.
La iniciativa pretende que el Congreso de la Unión modifique el párrafo segundo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual señala: “Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.” La redacción propuesta es la siguiente: “Nadie podrá ser privado de la vida, la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos...”
Además, si la propuesta se aprueba se adicionaría un párrafo al artículo 22 constitucional, a efecto de restablecer como garantía de seguridad jurídica el derecho a la vida, y decretar la pena de muerte a los secuestradores que maten a sus víctimas.
Así, el segundo párrafo diría lo siguiente: “Queda prohibida la aplicación de la pena de muerte, y sólo podrá imponerse tratándose del homicidio que se cometa con motivo de un secuestro, en los términos de la legislación penal aplicable”.
Actualmente el artículo 22 constitucional señala en su primer párrafo que en México “quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado”.
Por la mañana, los legisladores locales discutieron por tres horas si la iniciativa debía incluirse en el orden del día de la sesión plenaria. “No es posible que apenas el viernes el gobernador, quien evidentemente es su jefe, haya presentado la iniciativa y en cuestión de días ya se encuentre listo el dictamen. Si así fueran de eficientes para sacar adelante las iniciativas que presentamos los diputados, otra cosa sería esta legislatura”, afirmó el diputado panista Luis Alberto Mendoza Balderas.
La mayoría priísta votó en favor de que el dictamen se incluyera en la sesión, y por la noche, tras otras cuatro horas de discusión, PRI, PVEM y UDC resolvieron en favor de la propuesta.
Mendoza Balderas aseguró que su bancada no ha definido una postura respecto a la pena de muerte, y explicó: “Nuestro argumento en contra tiene que ver con que este dictamen está mal de origen, porque no siguió el curso legislativo correspondiente”.
Anoche, en entrevista, Moreira Valdés consideró que la instauración de la pena capital es necesaria en México porque los plagiarios “no son blancas palomitas”, sino “desadaptados sociales” y “personas sin escrúpulos” que violan, golpean y mutilan a sus víctimas.
“Estamos en guerra. Vamos entonces a enfrentar a nuestros enemigos”, añadió, pero dijo que las autoridades no pueden combatir a los secuestradores “a pellizcos”, ni tampoco se les puede dejar “en las cárceles para que sigan operando”.
Moreira rebatió a quienes han criticado su iniciativa: “¿Qué pensarían los que están en contra, los que han criticado esta propuesta, si a un familiar suyo lo secuestraran, lo violaran, lo maltrataran, lo sobajaran y lo mataran? ¿Qué pensarían de los secuestradores? ¿Qué pedirían en contra de ellos? ¿Que los metamos a la cárcel para que sigan operando, para que desde ahí sigan haciendo daño a la sociedad, para que piensen escaparse, o que los matemos?”, anotó.
Dijo que con esta propuesta “los coahuilenses no sólo buscamos que se restaure la pena de muerte”, sino “que se nos dé a los estados la oportunidad de asumir ese tipo de decisiones”, pues “así como los estados sostenemos a la Federación con nuestros recursos, buscamos también que nos den facultades de ese tipo”.
También descartó que se trate de “un asunto de venganza”, sino más bien de que “nadie ponga en riesgo al Estado”.
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